A continuación exponemos nuestra opinión sobre una de las propuestas Navarro-Solis, en la vía de profundizar el debate serio y científico sobre las políticas públicas que proponen:
Entre las ofertas de gobierno de Juan Carlos Navarro Quelquejeu y Gerardo Felipe Solis Diaz, candidatos a presidente y vicepresidente por el PRD, se encuentra la de “modificar las leyes para que todo menor que robe o mate pueda ser juzgado como adulto… ”. Se trata de un planteamiento que tiene su origen en las ideas del economista Gary Stanley Becker de la Universidad de Chicago, quien junto a Milton Friedman es considerado uno de los padres fundadores de la actual visión neoliberal.
En efecto, en un artículo publicado bajo el título “Crime and Punishment: An Economic Approach” (1968), sostuvo la idea de que los delincuentes realizan sus decisiones con una racionalidad semejante a la de los empresarios, haciendo un análisis estricto de costo beneficios antes de llevar adelante sus actividades criminales. Es esta visión la que ha llevado a Becker a sostener que: “el gasto público en la lucha contra el crimen puede reducirse, mientras se mantiene matemáticamente fija la probabilidad del castigo, compensando una reducción del gasto en atrapar a los criminales con un incremento suficiente en la castigo de aquellos que son condenados”. Se trata, evidentemente, de una superposición de la microeconomía neoclásica a la esfera de la criminología.
En el plano práctico, vale la pena partir señalando, que la experiencia, así como la visión de los especialistas en la ciencia de la criminología señala que la idea de reducir los delitos por medio de la elevación de penas simplemente carece de realidad. Es así, por ejemplo, que en 1999 el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge concluía que “los estudios revisados no proveen la base para inferir que incrementar la severidad de las sentencias es generalmente capaz de elevar los efectos de disuasión”. Por su parte, el connotado penalista Santiago Mir Puig de la Universidad Autónoma de Barcelona ha afirmado que “no estamos yendo por el camino correcto para enfrentar el crimen y, por lo tanto, no estamos ganándole la guerra a la delincuencia. Aumentar las penas a los delincuentes no sirve para nada”.
El problema de la idea de Becker, recogida por el programa neoliberal de Navarro y Solis, es que la parte del supuesto de un comportamiento que en este momento se encuentra claramente cuestionado incluso en el campo de la economía. Es así, por ejemplo, que ya hace mucho tiempo que Oscar Lange en su Economía Política (I) advirtió que el comportamiento definido por Becker si bien pudiera describir el comportamiento de los empresarios, no es capaz de definir adecuadamente la forma de actuar de otros agentes sociales, incluyendo a los consumidores. Por otra parte Daniel Kahneman y Amos Tversky, desde una visión sicológica experimental, han demostrado que existen diversas formas en que los agentes se separan de manera sistemática y significativa del supuesto comportamiento racional de Becker. Más recientemente en un enfoque que se puede vincular a las ideas institucionalista, Geroge AKerlof y Rachel Kranton han desarrollo la perspectiva de la llamada Economía de la Identidad, en la que muestran con hechos de la práctica que el sentido de pertenencia (identidad) a un grupo, por ejemplo una pandilla, puede llevar a una forma de acción de los agentes sociales que dista mucho de la racionalidad beckeriana ¿Sera que los candidatos del PRD ignoran toda esta literatura o que simplemente decidieron desconocerla por razones electorales?.
Lo peor el caso es que el programa del PRD ni siquiera entiende correctamente la teoría de Becker. Es así, nuevamente para ejemplificar, que este autor, basado en su visión de costo beneficios, señala que una variable importante sería la relación de los ingresos obtenidos en los trabajos legales y los realizados por medio del delito. Es decir que cualquier variación de la relación contra la remuneración de los trabajos legales sería, necesariamente un factor que impulsaría los delitos.
En estas circunstancias, en función de su propia lógica, el programa bajo análisis debió hacer una referencia a la caída sistemática de la participación de las remuneraciones de los asalariados en el Producto Interno Bruto como un problema de seguridad. Con esto también se tendría que hacer una crítica a la política de reforma de Código de Trabajo impulsada durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, la cual efectivamente golpeo duramente la capacidad de negociación de los trabajadores.
Nos encontramos, entonces, frente a una propuesta electorera, no solo mal concebida y carente de base científica. Quizás en lo único que Becker tiene razón es en que el objetivo básico de los políticos tradicionales es lograr su elección y no el bien común.
por Juan Jované
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