Juan Jované, activista social, economista, miembro del MIREN
Si se observa la medida desde el punto cuantitativo se puede concluir
que la misma resulta claramente insuficiente. En efecto, tomando como
referencia el índice de precios al consumidor del INEC, se puede
establecer que los productos alimenticios supuestamente regulados,
abarcan apenas al 9.8 por ciento del gasto mensual en consumo de una
típica familia panameña. Más aún, teniendo en cuenta que de acuerdo al
INEC las unidades familiares dirigen cerca del 32.1% de sus gastos de
consumo al grupo de los alimentos y bebidas, queda clara la incapacidad
del la medida gubernamental para reducir significativamente tanto el
costo de vida en general, como el de la canasta básica alimenticia en
particular. Esto último queda evidenciado si se tiene en cuenta que el
actual gobierno, utilizando la ficción de los precios observados, dejó
fuera del control precios a productos tan importantes como los
siguientes: aceite vegetal, leche fresca, azúcar, plátanos y sal. Además
la escasa preocupación del gobierno por la calidad de los productos se
refleja en el hecho que para el 41.0% de los productos regulados los
comerciantes están autorizados a ofrecer solo la marca de peor calidad.
Vista en su temporalidad la medida resulta inconsistente, ya que la misma entiende que emergencia no expresa urgencia, si no que significa aplicación limitada a un plazo tan corto como lo son seis meses, tiempo que resulta insuficiente para remover la verdadera causa del problema: las barreras económicas y financieras que generan las condiciones de especulación. En este aspecto el gobierno está claramente incumpliendo la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la cual obliga a presentar un plan para eliminar estas barreras. De acuerdo a esta Ley: “junto a la regulación el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones de mercado”.
En el plano del diseño y la aplicación la medida resulta incoherente. Esto se evidencia en la ausencia de una efectiva obligación legal de los expendedores de vender los productos incluidos en la política de “control de precios de emergencia”, hecho que fue confirmado recientemente por la más alta autoridad de Acodeco. Así mismo, resulta incoherente que el Decreto 165 no haya asegurado un precio de venta adecuado para los productores agropecuarios, dejándolos a merced de los comerciantes especuladores.
En definitiva nos encontramos frente a una política insuficiente, inconsistente e incoherente, pensada más mediáticamente que en términos de justicia y equidad social. Probablemente también diseñada a fin de desviar la atención sobre la inminente elevación del precio de la electricidad.
Vista en su temporalidad la medida resulta inconsistente, ya que la misma entiende que emergencia no expresa urgencia, si no que significa aplicación limitada a un plazo tan corto como lo son seis meses, tiempo que resulta insuficiente para remover la verdadera causa del problema: las barreras económicas y financieras que generan las condiciones de especulación. En este aspecto el gobierno está claramente incumpliendo la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la cual obliga a presentar un plan para eliminar estas barreras. De acuerdo a esta Ley: “junto a la regulación el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones de mercado”.
En el plano del diseño y la aplicación la medida resulta incoherente. Esto se evidencia en la ausencia de una efectiva obligación legal de los expendedores de vender los productos incluidos en la política de “control de precios de emergencia”, hecho que fue confirmado recientemente por la más alta autoridad de Acodeco. Así mismo, resulta incoherente que el Decreto 165 no haya asegurado un precio de venta adecuado para los productores agropecuarios, dejándolos a merced de los comerciantes especuladores.
En definitiva nos encontramos frente a una política insuficiente, inconsistente e incoherente, pensada más mediáticamente que en términos de justicia y equidad social. Probablemente también diseñada a fin de desviar la atención sobre la inminente elevación del precio de la electricidad.
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