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La semana después del "control de precio"



                         Juan Jované, activista social, economista, miembro del MIREN


A tan solo una semana de la aplicación de la política de “control de precios de emergencia” del actual gobierno es posible establecer que la misma, dado su diseño y forma de aplicación, dista mucho de ser una efectiva respuesta a los problemas de la población generados por las actividades especulativas.

Si se observa la medida desde el punto cuantitativo se puede concluir que la misma resulta claramente insuficiente. En efecto, tomando como referencia el índice de precios al consumidor del INEC, se puede establecer que los productos alimenticios supuestamente regulados, abarcan apenas al 9.8 por ciento del gasto mensual en consumo de una típica familia panameña. Más aún, teniendo en cuenta que de acuerdo al INEC las unidades familiares dirigen cerca del 32.1% de sus gastos de consumo al grupo de los alimentos y bebidas, queda clara la incapacidad del la medida gubernamental para reducir significativamente tanto el costo de vida en general, como el de la canasta básica alimenticia en particular. Esto último queda evidenciado si se tiene en cuenta que el actual gobierno, utilizando la ficción de los precios observados, dejó fuera del control precios a productos tan importantes como los siguientes: aceite vegetal, leche fresca, azúcar, plátanos y sal. Además la escasa preocupación del gobierno por la calidad de los productos se refleja en el hecho que para el 41.0% de los productos regulados los comerciantes están autorizados a ofrecer solo la marca de peor calidad.

Vista en su temporalidad la medida resulta inconsistente, ya que la misma entiende que emergencia no expresa urgencia, si no que significa aplicación limitada a un plazo tan corto como lo son seis meses, tiempo que resulta insuficiente para remover la verdadera causa del problema: las barreras económicas y financieras que generan las condiciones de especulación. En este aspecto el gobierno está claramente incumpliendo la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la cual obliga a presentar un plan para eliminar estas barreras. De acuerdo a esta Ley: “junto a la regulación el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para eliminar las imperfecciones de mercado”.

En el plano del diseño y la aplicación la medida resulta incoherente. Esto se evidencia en la ausencia de una efectiva obligación legal de los expendedores de vender los productos incluidos en la política de “control de precios de emergencia”, hecho que fue confirmado recientemente por la más alta autoridad de Acodeco. Así mismo, resulta incoherente que el Decreto 165 no haya asegurado un precio de venta adecuado para los productores agropecuarios, dejándolos a merced de los comerciantes especuladores.

En definitiva nos encontramos frente a una política insuficiente, inconsistente e incoherente, pensada más mediáticamente que en términos de justicia y equidad social. Probablemente también diseñada a fin de desviar la atención sobre la inminente elevación del precio de la electricidad.

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