Las contradicciones del programa agrario

Juan Jované, activista social, economista, miembro del MIREN

David Harvey, el distinguido catedrático de Antropología y Geográfica de la City University of New York, nos ha recordado en su última obra que la palabra contradicción puede tener dos significados. El primero de ellos es el del sentido aristotélico, el cual se refiere a la presencia de dos aseveraciones que se excluyen mutuamente, el segundo se refiere a la presencia de fuerzas o factores contradictorios que hacen parte de un todo. Este distinguido teórico social llama, además, la atención sobre el hecho de que ambas formas de entender el concepto contradicción, siendo aparentemente opuestas, pueden llegar a resultar compatibles. Este parece ser el caso del programa agrario del gobierno entrante, en el cual aparecen claras contradicciones lógicas en sus planteamientos, las cuales resultan ser expresión de las agudas contradicciones que se mueven en el seno de la sociedad panameña.

Es así, por ejemplo, que en el Plan de Gobierno 2014-2019 de la Alianza “El Pueblo Primero”, se puede leer en el objetivo 3.2 la siguiente afirmación: “respaldaremos a nuestros productores agropecuarios para garantizar nuestra seguridad alimentaria, aumentar la producción nacional y bajar el costo de vida” (p. 20). De acuerdo a la misma, se entendería que existe la plena disposición de utilizar las políticas públicas para apoyar al productor nacional, con el fin de desarrollar el mercado interno de alimentos. Un poco más adelante, sin embargo, el discurso vuelve a tomar el tono aperturista contenido en el “Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014”, que constituyó la base de las políticas económicas del gobierno de Ricardo Martinelli. Es así que, de acuerdo con el programa de “El Pueblo Primero”, los esfuerzos destinados al acceso al capital, las semillas, la capacitación y las redes de distribución en el sector agropecuario están destinados a “cosechar las ventajas del TPC con los Estados Unidos” (p. 21).

La pregunta es si estos dos objetivos son compatibles en la práctica. La respuesta resulta obviamente negativa. Si se tiene en cuenta que los productores norteamericanos tienen en promedio una productividad que supera en catorce veces a la de los productores nacionales, resulta claro que para poder competir con estos en el ámbito de los alimentos, se necesitarían formas de políticas públicas guiadas a proteger, ya sea directa o indirectamente, a los productores locales, dándoles un trato preferencial. Esto chocaría inmediatamente con la estrategia exportadora de los Estados Unidos, la cual ha llevado a que este país coloque los 42% de sus exportaciones agroalimentarias en los países con los que ha firmado tratados de libre comercio. En efecto, no queda duda de que los esfuerzos nacionales rápidamente serían declarados como mecanismo de dumping y violatorias del llamado “trato nacional”, que hace parte del TPC (artículo 3.2).

Lo anterior significa que quien quiera efectivamente promover la seguridad y la soberanía alimentaria en Panamá debería tener el suficiente sentido nacional y la voluntad política para plantear la superación del TPC, ya sea renegociándolo, denunciándolo o simplemente desconociéndolo. ¿Tendría el nuevo gobierno esta condición? La respuesta aquí también parece ser negativa.

Esta última afirmación guarda relación con la forma en que el programa del nuevo gobierno entiende la operación de los precios internacionales vinculados con el sector agropecuario. Así, nuevamente para dar un ejemplo, aquí se entiende que los precios internacionales de los insumos son los de un equilibrio eficiente, al proponer que se trata de asegurar que los mismos sean “competitivos conforme el mercado mundial”. El problema aquí está en el que el mercado mundial de insumos está lejos de ser competitivo. En el caso de las semillas, para seguir el ejemplo, recordemos que solo diez empresas controlan la mitad de las ventas a nivel mundial. Tampoco es competitivo el mercado de los granos básicos, en donde estimaciones recientes dan cuenta de que las cuatro empresas más grandes controlan entre el 75% y el 90% del total del comercio mundial.

Más aún, el subsidio norteamericano a sus productores, el cual alcanzó cerca de $16.4 miles de millones anuales entre 1998 y 2007, significó que los productores mexicanos sufrieran entre 1997 y 2005 un margen de dumping de entre 5% y 34%, dependiendo del producto. Concretamente en el caso del arroz fue de 16%, de 19% en el maíz y de 10.0% en los productos avícolas.

A final de cuentas la única forma en que el nuevo gobierno podría ser exitoso frente a los crecientes problemas vinculados con el sector agropecuario sería separándose significativamente del pensamiento fundamentalista neoliberal. Las probabilidades de que esto ocurra no parecen altas.