La semana pasada un nutrido grupo de funcionarios públicos realizaron un intenso esfuerzo para tratar de convencer a la población de las bondades de la política oficial de precios. Fue en medio de esta arremetida publicitaria que un ministro del actual gobierno, con una elocuencia digna de mejor causa, declaró al país liberado de la preocupación por la canasta básica. “En solo un mes - dijo el funcionario en una entrevista - la canasta básica dejó de ser la principal preocupación que aqueja al país”. ¿Qué de cierto hay en esto?
A fin de valorar el real impacto del primer mes de aplicación de de las medidas de regulación de precios, las cuales, como es conocido, se refieren a tan solo veintidós artículos de la canasta básica alimenticia, resulta útil recordar el contexto inflacionario que ha venido sufriendo el país. Es así que entre el 2004 y el 2012 los precios de los alimentos al por menor se elevaron en 61.5%, mientras que los precios agropecuarios al mayoreo solo lo hicieron en 35.4%, mostrando el alto impacto que sobre el fenómeno inflacionario tiene la permanente presencia de la especulación. El proceso inflacionario siguió durante el 2013, cuando los precios de los alimentos al consumidor se elevó en aproximadamente 5.9%. Luego hasta junio del presente año la tendencia había cedido un tanto, observándose una tasa anual de crecimiento de los precios de los alimentos y bebidas de alrededor de 3.2%.
En estas circunstancias era de esperarse que la política de precios en defensa del consumidor lograra no solo frenar la tendencia inflacionaria, sino revertirla, con el fin de ofrecer al consumidor una recuperación significativa de su capacidad adquisitiva. Para esto la política debería golpear contundentemente la especulación. Eso desgraciadamente no se dio.
Si se observa la tasa de crecimiento acumulada anual de los precios de los alimentos y bebidas al consumidor en julio de este año, se concluye que la misma fue de 1.3%, lo que significa que a este nivel de agregación la política oficial ha sido incapaz hasta de detener el proceso inflacionario. Si, haciendo un esfuerzo por confiar en las cifras oficiales, nos concentramos en los bienes alimenticios, encontramos que, comparando julio de este año con el mismo mes del año anterior, todo el impacto de las medidas de contención de los precios, apenas los hicieron retroceder en 0.9%, cifra que resulta ridícula frente a la inflación sufrida recientemente por el consumidor nacional.
Los datos del MEF, pese a la estridencia con que también han sido presentados, tampoco ayudan mucho a mostrar el éxito de la actual política de regulación. Es así que si se compara el costo de la Canasta Básica Alimenticia del MEF para julio de este año con su valor para enero de 2013, la reducción apenas alcanza a 0.19%. Esto significa que la política realmente no ha logrado romper con años de especulación, sobre todo si se tiene en cuenta que en ese mismo período el índice de precios internacionales de alimentos de la FAO cayó en 4.2%.
Como algunos precios no regulados siguen elevándose, mientras que los regulados se mantendrán al mismo nivel, resulta obvio que la pequeña reducción del ritmo inflacionario irá desapareciendo en el tiempo. Llama, por ejemplo, la atención, que a julio los cereales mantienen un ritmo inflacionario anual de 15.0% y que el de los quesos sea de 11.6%. A esto habría que sumar lo que algunos llaman la inflación oculta, la cual se da efectivamente cuando los bienes regulados, como es la percepción de muchos consumidores, simplemente no están disponibles, gracias a una política mal diseñada y peor implementada. Esta realidad puede desarrollarse más ya que el gobierno optó por una alianza con los grandes comerciantes de bienes básicos, en lugar de promover una alianza entre los productores del campo y los consumidores urbanos. Las amenazas que penden sobre la producción de arroz son un ejemplo de esto.
La vuelta a tasas más altas de inflación se dará con mucha radicalidad una vez pase el llamado período de emergencia y se liberen los precios. Si prosperan los intereses de quienes intentan liquidar la tenue regulación en enero del próximo año, asistiremos a un verdadero choque de incrementos de precios. En definitiva, nos encontramos frente a una política insuficiente, producto de intereses políticos más que de una real preocupación por el bien común, la cual estaba destinada a la decepción. Hoy asistimos, entonces, a la crónica de un fracaso anunciado.
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