¿Panamá o la Isla de Tortuga?

por Juan Jované, coordinador general del MIREN

Los recientes hechos que han venido evidenciando la extendida y profunda corrupción que ha estado corroyendo el manejo de los fondos públicos imponen, por la gravedad de la situación, realizar una indagación sobre su origen y naturaleza. Solo de esta manera será posible llevar adelante la lucha contra el flagelo económico, social, político y ético que la misma significa.

Desde una visión tradicional el concepto de corrupción se refiere a las actividades dolosas de los funcionarios públicos. Es en este sentido que Aristóteles en “La Política” define la corrupción como las acciones “de los gobernantes que se reparten entre sí la fortuna pública contra toda justicia”. Es claro, además, que en un mundo dominado por las relaciones mercantiles, esta definición debería ampliarse para incluir a los agentes que desde el sector público actúan para participar y promover el saqueo de la riqueza y los fondos públicos. La investigación oportuna y la certeza de la pena han de recaer tanto sobre los funcionarios públicos, como sobre los agentes privados que hayan cometido actos de corrupción. Ello, sin embargo, no es suficiente.

La lucha contra la corrupción necesita de un profundo análisis institucional. Este debe partir de la idea de que las instituciones están constituidas por reglas de juego, sostenidas en mecanismos de forzoso cumplimiento, las cuales generan estructuras de incentivos. Es decir que, tal como lo entendía John Commons, impulsan y promueven determinadas formas de comportamiento social. Esto significa que en la medida que existan instituciones que faciliten y promuevan la corrupción, tarde o temprano, la misma resurgirá, por más que se castigue a los corruptos de hoy. Para expresarlo con palabras más sencillas: es seguro que en la Isla de Tortuga de los piratas también existían instituciones, todas estas destinadas a promover la piratería.

El enfoque presentado nos permite destacar las falencias de la actual administración en términos de la necesaria lucha contra la corrupción. Se trata de un hecho claro, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en las normas presupuestarias que acompañan al presupuesto del 2015, diseñadas por el actual gobierno y aprobadas por la cohabitación Partido Panameñista – PRD que domina la Asamblea, se mantiene la regla que permite que las compras del PAN no tengan la obligación de cumplir con la Ley 22 de 2006, la cual regula las contrataciones públicas. Así mismo, esta última Ley sigue conteniendo todas las facilidades que hacen posible las contrataciones por excepción, incluyendo las compras directas, que han sido ampliamente utilizadas por la anterior y actual administración, así como los llamados proyectos llave en mano.

Profundizando el análisis aparece una importante pregunta: ¿cuál es el origen de determinadas formas institucionales? La respuesta está en la Economía Política. Es claro que una sociedad donde el lucro individual se convierte en el objetivo primordial, en la que todo, hasta la conciencia, se convierte en mercancía. es un campo fértil para el surgimiento de instituciones guiadas a la corrupción. Esto es sobre todo cierto en el caso de las economías neoliberales en las que la llamada “acumulación por desposesión”, es decir la rapiña y la eliminación de derechos sociales, se ha convertido en un asunto cotidiano. Se equivocan quienes pretenden “combatir la corrupción” manteniendo la sociedad que adora al dios dinero.
Se debe agregar que la impunidad juega un papel importante. En efecto, como lo argumentó Thorstein Veblen en su momento, los hábitos, es decir las formas, de comportamiento repetitivo que se consolidan, terminan constituyéndose en instituciones, que, en el caso que analizamos, se expresan en una cultura de corrupción. Esta, en nuestro país, esta insertada en el propio aparato del Estado, incluyendo al sistema electoral. Este último permite que los poderes económicos establecidos financien campañas y adquieran puestos de mando en el aparato estatal, posición que luego utilizan para asegurarse su creciente acumulación de capital, ya sea por la vía del peculado o por la adecuación de las leyes, reglamentos y prioridades presupuestarias a sus intereses.

De lo anterior se desprende que la lucha contra la corrupción, además de dirigirse hacia el logro de la certeza de la pena, debe tener claro que la misma nunca será exitosa mientras se mantengan las condiciones institucionales que surgen del modelo de rapiña y despojo, impuesto por los sectores económicos dominantes y sus aparatos políticos. El combate contra la corrupción hace, entonces, parte de la tarea de construir un Panamá democrático, plural, socialmente justo, respetuosa de la naturaleza y con una amplia participación de la población en la cosa pública. La disyuntiva es clara: ¿Panamá o la Isla de Tortuga?