por Juan Jované
El Programa Estratégico 2015-2019, elaborado por una empresa extranjera, propuesto por el ministro de Economía y Finanzas y aprobado por el Consejo de Gabinete, el cual contiene el Plan de Inversiones Indicativo, solo le asigna al sector agropecuario una inversión pública equivalente a B/. 879.4 millones para el quinquenio, cifra que solo representa el 72.4% de lo propuesto por el ministro de desarrollo agropecuario como mínimo indispensable. ¿Dónde quedaron, entonces, las promesas del presidente sobre el sector agropecuario? ¿Cómo es posible que dentro del mismo gobierno los ministros ni siquiera estén de acuerdo en las cifras del programa recientemente elaborado? Es claro, por cierto, que en estas circunstancias alguno de los dos ministros sobra en el gabinete, siempre y cuando se trate de gobernar con responsabilidad. Esto es claro teniendo en cuenta que el propio ministro de Desarrollo Agropecuario reconoce que para el 2015 el presupuesto asignado es inferior en 20% al necesario.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario no logra explicar cómo se puede lograr una inversión privada de B/. 1,300 millones en el próximo quinquenio, teniendo en cuenta la presencia del Tratado de Promoción del Comercio con EE. UU, país que muestra una productividad por trabajador catorce veces más elevada que Panamá.
La idea del ministro de Desarrollo Agropecuario de reconvertir a los empresarios de la Zona Libre de Colón en productores agropecuarios resulta, para usar un término no ofensivo, poco probable y carente de factibilidad. Lo lógico sería, sin dudas, potenciar la capacidad de quienes han mostrado el esfuerzo y la voluntad de mantenerse produciendo en el sector, pese a las difíciles condiciones en que prevalecen en el mismo.
La tendencia, a despreciar a los pequeños y medianos productores que se orientan al mercado interno, así como la plena aceptación del aperturismo indiscriminado, que inevitablemente los llevará a desaparecer, se percibe claramente en el contenido del Programa Estratégico. Este, en su página 49, afirma que “los obstáculos para una transformación de la producción agropecuaria se concentra en el sector de subsistencia y en aquél orientado al mercado doméstico que todavía se encuentra al amparo de medidas de protección comercial”. Las empresas transnacionales podrán recibir hasta 30% de deducción del impuesto sobre la renta, los productores nacionales nada.
Se muestra así una política que, pese a su formulación publicitaria, niega rotundamente el objetivo de seguridad con soberanía alimentaria.
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