Barro Blanco: Renta, electricidad y pueblos originarios

por Juan Jované

La reciente reunión entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en que se han venido entregando los recursos naturales del país.

En relación a la posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo. En efecto, la delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de “project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión gubernamental?

Desde luego que parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso, antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica” del capital, aún cuando este visiblemente ha atentado contra los derechos humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la normativas ambientales del país. Esta repuesta, sin embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto permitirá evidenciar que la radical decisión del ejecutivo constituye una forma de defender dichos intereses creados.

Para comenzar, se debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en contra de sus propias promesas de campaña, un país plenamente disponible para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no se agota en este aspecto.

Existe otra razón, también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo de determinados recursos naturales. Esta entrega implica que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora utilizando el leguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente especulativo.

Se evidencia, entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así como los que corresponden al resto de la sociedad.

En este contexto la solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la política neoliberal. Ñagare Barro Blanco.

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Educación, estandarización, creatividad y libertad

Juan Jované, activista social, economista,miembro del MIREN

En su más reciente libro, publicado bajo el título de “Creating a Learning Society” (Columbia, 2014), el polifacético premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, junto a Bruce Greewald, llaman la atención sobre la importancia que tienen los procesos de aprendizaje para el desarrollo económico y social. En este contexto los autores dejan claro la importancia del sistema educativo en diversos aspectos, entre los que se pueden destacar el desarrollo de un entorno cognoscitivo centrado en la idea de que los cambios son posibles e importantes, así como el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, los cuales deberán aprender a aprender.

En Panamá, desgraciadamente, tanto las concepciones del equipo del gobierno saliente, las ideas que parecen guiar a la nueva administración gubernamental, así como la visión de todos los partidos tradicionales, se mantienen ancladas en los conceptos utilitarios y fundamentalistas del enfoque neoliberal. En este plano que prioriza la generación de competencia guiadas a llenar las necesidades de los sectores económicamente dominantes y de acreditaciones formales, carentes de contenido científico real, seguramente aparecerán, tarde o temprano, los llamados exámenes estandarizados, los que supuestamente promueven la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Estos exámenes estandarizados al estilo de las reformas neoliberales resultan ser, sin embargo, instrumentos distorsionados que limitan los verdaderos procesos de aprendizaje para el desarrollo. Es así, en primer lugar, que la experiencia muestra que el tipo de exámenes estandarizados, basados en la escogencia de la mejor respuesta de una batería múltiple, no es capaz de acreditar la presencia de una educación sólida y captar el espectro completo del conocimiento de los estudiantes. Esta es una forma de exámenes que limita la posibilidad que tienen los estudiantes de expresarse y ejercer su creatividad. Más aún, los exámenes estandarizados generan en la práctica una enorme presión sicológica sobre los educadores, los estudiantes y los padres de familia, dando lugar a un pobre ambiente de aprendizaje, cuyo elemento central es el miedo y no, la búsqueda y el descubrimiento. James Evans, autor de un interesante trabajo titulado “Problems With Standardized Testing”, asegura que “la ansiedad se convirtió en un hecho tan serio que en el 2002 los exámenes estatales de California incluían instrucciones a los maestros sobre qué hacer si los estudiantes vomitaban durante la prueba”.

En segundo lugar, tal como ha señalado el National Center of Evaluation, Standards, and Student Testing, los exámenes estandarizados llevan a la práctica de la llamada “enseñanza para el examen”, es decir hacia un esfuerzo que más que asegurar el conocimiento científico y el desarrollo de las capacidades de aprendizaje, apunta al desarrollo de las habilidades de pasar exámenes. Esto conduce a prácticas efectivamente aberrantes como lo ha subrayado Pauline Lipman en un artículo titulado “No Child Left Behind: globalization, privatization and the politics of inequality”, llamando la atención sobre la experiencia de Texas donde las escuelas más pobres gastan prácticamente todo su presupuesto de biblioteca en comprar libros diseñados exclusivamente a preparar a los estudiantes para los exámenes estandarizados. Solo las escuelas con altos presupuestos logran romper con esta barrera. Aquí la creatividad no juega ningún papel, mientras que las materias que no se consideran fundamentales, como son las relacionadas con las artes, ni siquiera hacen parte de los exámenes.

En tercer lugar, se trata de exámenes que por no estar contextualizados a las condiciones socioeconómicas y culturales de los diversos grupos de estudiantes, generan resultados altamente sesgados. Estos tienden a mostrar de manera errónea una supuesta superioridad de la educación privada con respecto a la pública. En este caso se trata de un instrumento guiado hacia la mercantilización y privatización de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Este es un hecho importante teniendo en cuenta que el programa del gobierno entrante se propone entre sus políticas el objetivo de subsidiar a un nivel todavía más alto a la educación privada. No solo en este último sentido se trata de negocios. De hecho los exámenes estandarizados han dado lugar a toda una industria altamente rentable para quienes participan en la misma en diversas actividades, tales como el diseño de los exámenes y su calificación, así como en la de la interpretación de los resultados. Esto, desde luego, limita todavía más los recursos efectivamente disponibles para una efectiva educación de alta calidad.

Nuevamente queda clara la importancia que para los sectores democráticos de la sociedad tiene la defensa de un sistema de educación público, nacional, universal, gratuito y de calidad, que responda al interés del desarrollo humano sostenible. Las diferencias con la política del nuevo gobierno son, entonces, prácticamente inevitables.

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Educación, desarrollo y voto útil

De acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2010 de la Cepal, los panameños y panameñas, solo para tener una probabilidad inferior al promedio de estar en condiciones de pobreza, necesitan completar 12 años de educación de calidad. Se trata de un umbral crítico, el cual no logra cruzar una buena parte de la población.

Es así, según las estadísticas de este mismo organismo internacional, que el promedio de años de estudios de la población económicamente activa (PEA) de nuestro país en 2012 alcanzó a tan solo 10.6. Esta situación afecta de manera especial a la PEA rural, la que para ese mismo año alcanzó un promedio de escolarización de apenas el 7.3 años. Si, por otra parte, nos enfocamos en las personas de 20 a 24 años que habían completado en 2012 la educación secundaria, encontramos una situación dramática: solo el 59.2% de los mismos habrían logrado dicho nivel educativo.

Nuevamente la situación es especialmente difícil en las aéreas rurales, donde el 36.2% de la población de este rango de edad había completado la educación secundaria. Visto a futuro la situación también parece poco alentadora. De acuerdo con las estadísticas de la Cepal, la tasa de matrícula neta en secundaria fue para el año 2012 de 76.4%, lo que significa que cerca del 23.6% de los jóvenes en edad de estar atendiendo la educación secundaria están fuera del sistema. Se trata de una situación que afecta especialmente a los sectores más pobres, habida cuenta que este indicador se eleva hasta 32.2% para el caso de aquellos jóvenes que provienen de los hogares que constituyen el 20.0% más pobre de la población.

La situación aparece más dramática si se tiene en cuenta que René Quevedo, en un artículo titulado “Empleo Juvenil y Reinserción Laboral”, sostiene que “83% de los jóvenes panameños en los barrios sienten que sus perspectivas laborales no han mejorado” y que “Panamá es el país latinoamericano con la mayor proporción de adolecentes que ve la educación como una pérdida de tiempo”. Frente a esta difícil situación, producto de la inequidad del actual modelo concentrante, excluyente y corrupto, queda claro que el esfuerzo por una educación suficiente, científica, democrática y guiada hacia la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, constituye una prioridad fundamental para nuestro desarrollo humano sostenible.

Es desde esta perspectiva que los planteamientos del llamado Movimiento Nueva República, el cual pretende erigirse como el árbitro último del país, resulta realmente sorprendente. Sus propuestas a nivel de educación se encuentran en el punto trece de su manifiesto, el cual, en primer lugar, llama la atención por el hecho de que el mismo solo llega a proponer la mejora de la educación primaria. Se trata, entonces, de una propuesta claramente insuficiente, en la medida que desatiende los problemas de cobertura y calidad de la educación premedia y media, los cuales, como se ha señalado, son claves para el logro de la justicia social y el desarrollo sostenible del país.

Es evidente que, sobre todo si se tienen en cuenta las disparidades de las oportunidades de educación, las cuales llevan a una efectiva fragmentación de la misma, con una educación para las élites y otra, si es que se da alguna, para los sectores marginados, que en nuestro país se hace imperante fortalecer un sistema que apunte hacia una educación pública, universal, gratuita y de calidad para todos los panameños y panameñas.

Esta necesidad contrasta, sin embargo, con la propuesta de los nuevos republicanos, los que en lugar de plantearse, por ejemplo, el objetivo de universalizar la educación secundaria completa, opta por proponer un esquema destinado a subsidiar a los negocios de la educación privada. Más allá de esto, la propuesta de los nuevos republicanos propone la educación bilingüe, pero desconoce el derecho de los pueblos originarios a mantener su propia lengua y su propia cultura. Desde luego que el Movimiento Nueva República omite un aspecto importante que guarda relación con el desarrollo del sentido de nacionalidad. En efecto, como era de esperarse, la propuesta programática de este movimiento, ni siquiera hace referencia a la lucha por restaurar como parte del pénsum la materia Relaciones de Panamá con los Estados Unidos.

Todo esto nos lleva a insistir nuevamente que el llamado voto útil no es más que una nueva maniobra de los sectores dominantes para reelegir al viejo modelo excluyente, concentrante y corrupto que hoy nos domina. El verdadero camino es el del voto consciente y honesto que busca la equidad social.

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Desposesión, cultura e identidad nacional

por Juan Jované

El actual modelo de crecimiento de Panamá está signado por un profundo contenido de exclusión social. Hecho este que se expresa de diversas maneras, entre las que encontramos la negación del trabajo decente para un número significativo de panameños y panameñas. Pese a la proclamación del pleno empleo por parte de los sectores dominantes, en la realidad se observa que el 4.1% de la población económicamente activa se encuentra desocupada, mientras que el 59.2% está constituida por informales urbanos y subocupados del sector primario.

Este modelo concentrante y excluyente también se ha venido caracterizando por la presencia de un profundo proceso de desposesión y rapiña, el cual se manifiesta por el creciente uso de los poderes del Estado para generar el despojo de la población. Se trata de un proceso de pillaje de tierras, despojo de recursos naturales, de manipulación especulativa de los precios y presión sobre el salario real, así como de utilización de la deuda pública, los sobreprecios y la contratación directa con el fin de enriquecer a los grupos que controlan los aparatos del Estado.

Especial atención debe hacerse de la tendencia, pocas veces tomada en cuenta, hacia la desposesión cultural, la cual opera a través de un doble impulso desnacionalizador. El primero de estos, destinado a introducir formas ideológicas y pautas de acción adecuadas al alto grado de subordinación social y dependencia externa que provoca el actual modelo social, se manifiesta en la tendencia a borrar la memoria histórica de las luchas nacionales, sociales y democráticas, hecho que, por ejemplo, se manifiesta en la eliminación de los planes de estudio de la materia “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos”. En este contexto la educación se convierte en un mecanismo que busca generar una fuerza laboral barata, dotada de las capacidades básicas y, sobre todo, dócil frente a los dictados de los sectores dominantes, carente de todo sentido de práctica de la libertad y de búsqueda de la liberación nacional.

Es esta visión, la que hoy domina en el Ministerio de Educación, y en esta se entiende que las llamadas “habilidades blandas” que precisa nuestra fuerza de trabajo son simplemente aquellas que la adecúan para actuar con eficiencia en la inserción subordinada que el país mantiene en el actual proceso de globalización sin solidaridad. Es en este sentido que el proyecto gubernamental de reforma a la educación entiende los conceptos de pertinencia y competencia. También se trata, vale la pena agregar, de la visión que de manera radical se expresan en los programas de gobierno de los llamados partidos tradicionales de oposición.

Se trata de un proceso, conviene aclarar, que no está limitado al ámbito de la educación formal. El mismo también se despliega, por ejemplo, en el terreno del cada vez menor interés que muestran los organismos del Estado por promover la generación y difusión de la literatura nacional. Así mismo esta tendencia se manifiesta en la utilización de los medios de comunicación como mecanismo de promoción de pautas culturales ajenas a nuestra tradición, muchas veces cargadas de un alto contenido de violencia.

El segundo impulso se manifiesta en el creciente trato de mercancía que cada vez más se le da a nuestras manifestaciones culturales. En efecto, uno de los problemas que genera la aplicación del rasero de la rentabilidad como supuesto criterio de racionalidad, es el intento de encajonar la producción y la difusión de las expresiones de nuestra cultura dentro de la llamada “industria cultural”. El problema de este enfoque reside en que su aplicación implica la mercantilización de la cultura, lo que conduce a la eliminación, modificación o deformación inescrupulosa de algunos de sus rasgos, con el único fin de adecuarlos a la demanda de mercado y, por tanto, a la rentabilidad del capital. El criterio aquí no pasa por preguntarse si un determinado rasgo de nuestra cultura expresa adecuadamente nuestra identidad nacional. El criterio básico aquí es asegurarse de que el mismo resulte rentable para la explotación comercial.

Es importante, entonces, entender que la lucha contra la desposesión debe incluir aquella que se relaciona con la defensa de nuestra cultura e identidad nacional. Para que esta última sea exitosa, no deberá entenderse como un objetivo aislado, sino como parte del proceso general guiado a resolver la exclusión social y el despojo económico de la población. En la medida que la lucha por la cultura y la identidad nacional acompañe a los procesos de liberación social, la misma se convertirá en una real fuerza material capaz de promover la refundación nacional.

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