Lo que mal comienza...el decreto Varela de "control" de precios

Juan Jované, activista, economista, miembro del MIREN

Para quienes propusimos un verdadero proceso de regulación de precios que, junto a un incremento general de salarios y el definitivo desmantelamiento del poder especulador de los oligopolios enquistados en la cadena de abastecimiento de los bienes alimenticios básicos, el Decreto Ejecutivo 165 de 1 de julio de 2014 no puede menos que ser interpretado como una maniobra mediática. Su objetivo sería intentar salvar la cara del nuevo mandatario en relación con sus promesas de campaña, a la vez que aleja la real posibilidad de introducir una forma institucional capaz de proteger efectivamente a la población frente a los poderes oligopólicos.

El primer problema del Decreto bajo análisis está en su temporalidad. Mientras que en el plan de gobierno de la Alianza el Pueblo Primero se proponían “controles de precios de emergencia”, en la realidad se optó, con la finalidad de hacer más potable la medida para los sectores económicamente dominantes, por un control temporal, el cual en el mejor de los casos estaría vigente por seis meses y existe, además, la posibilidad de una revisión al alza a partir del segundo mes de vigencia de dicho decreto. Teniendo en cuenta que la especulación se basa en una estructura de mercado concentrada, que como sabe cualquiera que haya estudiado el curso de Economía 100a, se sostiene en buena parte en la presencia de economías de escala y la diferenciación de los productos, se entiende fácilmente que el cambio estructural precisaría un periodo más largo que el propuesto, así como una acción decidida del Gobierno de participar en el proceso de distribución de los productos.

En segundo lugar, el Decreto Ejecutivo deja conscientemente por fuera veintiocho importantes productos de la canasta básica, entre los que se encuentran, entre otros, el aceite vegetal, el azúcar y el café. En estos productos, de acuerdo al artículo 8, los comerciantes especuladores solo tendrán que notificar a la Acodeco con cinco días de anticipación su decisión de elevar los precios. ¡Crónica de una especulación anunciada!

En tercer lugar, para los veintidós artículos objeto de fijación de precios,
existen nueve productos en los que la especulación sigue siendo muy posible, gracias a lo que los economistas llaman discriminación de precios, la que opera asignando precios diferentes a un mismo bien acorde a distintos parámetros, lo cual sirve para maximizar espuriamente los beneficios de las empresas. En efecto, el artículo 2 del Decreto 165 solo obliga a las empresas que vendan estos productos a que solo una marca de los mismos, que bien puede ser la de peor calidad y más aborrecida por los consumidores, sea ofertada al precio máximo fijado, las otras marcas podrán ser vendidas a precios que tendrán, según el caso, entre el 10% y el 15% de margen de comercialización “calculado sobre el precio de costo para el minorista” (sic). En este contexto los mayoristas, por ejemplo los importadores, que también pueden ser abastecedores minoristas, mantienen en la práctica su capacidad especulativa. ¡Crónica de la sobrefacturación anunciada!
En cuarto lugar, pese a que en el discurso inaugural el nuevo mandatario se comprometió frente a los productores agropecuarios a que se “les dará todo el respaldo que requieren, estabilidad de precios y de mercado para aumentar nuestra producción de alimentos y garantizar nuestra seguridad alimentaria”, lo cierto es que el Decreto 165 dista mucho de avalar esta promesa. Esto es claro si se observa que para los trece productos en los que los precios máximos simplemente se fijan, tales como el arroz y otros, no existe ninguna indicación de cuál debe ser el precio al productor. En estas condiciones se trata de una situación en la que el poder de monopsonio, es decir de dominio del mercado que tienen los intermediarios sobre la cadena, le permitirá a los especuladores trasladar cualquier efecto de baja de precios hacia los productores. ¡Crónica de la desaparición anunciada del productor agropecuario!

En quinto lugar, llama la atención cómo el Decreto 165 enmascara el interés de hacer la supuesta regulación de la forma más liviana posible. Así, por ejemplo, la única forma en que el pollo tiene precio regulado es en su presentación: pollo entero con patas y cabeza. No menos llamativa es la situación en la que se elimina de la Comisión de Ajuste a cualquier representación de los consumidores y los trabajadores del país. A final de cuentas estamos frente a una institución perversa, que lejos de apoyar sus objetivos declarados, los niega. La lucha por reducir el alto costo de la canasta básica seguirá siendo un objetivo.

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Las contradicciones del programa agrario

Juan Jované, activista social, economista, miembro del MIREN

David Harvey, el distinguido catedrático de Antropología y Geográfica de la City University of New York, nos ha recordado en su última obra que la palabra contradicción puede tener dos significados. El primero de ellos es el del sentido aristotélico, el cual se refiere a la presencia de dos aseveraciones que se excluyen mutuamente, el segundo se refiere a la presencia de fuerzas o factores contradictorios que hacen parte de un todo. Este distinguido teórico social llama, además, la atención sobre el hecho de que ambas formas de entender el concepto contradicción, siendo aparentemente opuestas, pueden llegar a resultar compatibles. Este parece ser el caso del programa agrario del gobierno entrante, en el cual aparecen claras contradicciones lógicas en sus planteamientos, las cuales resultan ser expresión de las agudas contradicciones que se mueven en el seno de la sociedad panameña.

Es así, por ejemplo, que en el Plan de Gobierno 2014-2019 de la Alianza “El Pueblo Primero”, se puede leer en el objetivo 3.2 la siguiente afirmación: “respaldaremos a nuestros productores agropecuarios para garantizar nuestra seguridad alimentaria, aumentar la producción nacional y bajar el costo de vida” (p. 20). De acuerdo a la misma, se entendería que existe la plena disposición de utilizar las políticas públicas para apoyar al productor nacional, con el fin de desarrollar el mercado interno de alimentos. Un poco más adelante, sin embargo, el discurso vuelve a tomar el tono aperturista contenido en el “Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014”, que constituyó la base de las políticas económicas del gobierno de Ricardo Martinelli. Es así que, de acuerdo con el programa de “El Pueblo Primero”, los esfuerzos destinados al acceso al capital, las semillas, la capacitación y las redes de distribución en el sector agropecuario están destinados a “cosechar las ventajas del TPC con los Estados Unidos” (p. 21).

La pregunta es si estos dos objetivos son compatibles en la práctica. La respuesta resulta obviamente negativa. Si se tiene en cuenta que los productores norteamericanos tienen en promedio una productividad que supera en catorce veces a la de los productores nacionales, resulta claro que para poder competir con estos en el ámbito de los alimentos, se necesitarían formas de políticas públicas guiadas a proteger, ya sea directa o indirectamente, a los productores locales, dándoles un trato preferencial. Esto chocaría inmediatamente con la estrategia exportadora de los Estados Unidos, la cual ha llevado a que este país coloque los 42% de sus exportaciones agroalimentarias en los países con los que ha firmado tratados de libre comercio. En efecto, no queda duda de que los esfuerzos nacionales rápidamente serían declarados como mecanismo de dumping y violatorias del llamado “trato nacional”, que hace parte del TPC (artículo 3.2).

Lo anterior significa que quien quiera efectivamente promover la seguridad y la soberanía alimentaria en Panamá debería tener el suficiente sentido nacional y la voluntad política para plantear la superación del TPC, ya sea renegociándolo, denunciándolo o simplemente desconociéndolo. ¿Tendría el nuevo gobierno esta condición? La respuesta aquí también parece ser negativa.

Esta última afirmación guarda relación con la forma en que el programa del nuevo gobierno entiende la operación de los precios internacionales vinculados con el sector agropecuario. Así, nuevamente para dar un ejemplo, aquí se entiende que los precios internacionales de los insumos son los de un equilibrio eficiente, al proponer que se trata de asegurar que los mismos sean “competitivos conforme el mercado mundial”. El problema aquí está en el que el mercado mundial de insumos está lejos de ser competitivo. En el caso de las semillas, para seguir el ejemplo, recordemos que solo diez empresas controlan la mitad de las ventas a nivel mundial. Tampoco es competitivo el mercado de los granos básicos, en donde estimaciones recientes dan cuenta de que las cuatro empresas más grandes controlan entre el 75% y el 90% del total del comercio mundial.

Más aún, el subsidio norteamericano a sus productores, el cual alcanzó cerca de $16.4 miles de millones anuales entre 1998 y 2007, significó que los productores mexicanos sufrieran entre 1997 y 2005 un margen de dumping de entre 5% y 34%, dependiendo del producto. Concretamente en el caso del arroz fue de 16%, de 19% en el maíz y de 10.0% en los productos avícolas.

A final de cuentas la única forma en que el nuevo gobierno podría ser exitoso frente a los crecientes problemas vinculados con el sector agropecuario sería separándose significativamente del pensamiento fundamentalista neoliberal. Las probabilidades de que esto ocurra no parecen altas.

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Plan Varela–De Saint Malo: ni seguridad ni soberanía alimentaria

por Juan Jované

Un elemento indispensable de una campaña electoral efectivamente democrática es la discusión de las ofertas programáticas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Es en este contexto que se someten a un análisis riguroso los planteamientos del plan presentado por el Sr. Juan Carlos Varela en relación con los problemas de la seguridad y soberanía alimentaria.

El eje 3 del programa del Partido Panameñista propone controlar la especulación y los excesivos márgenes de ganancia, estableciendo que esto se haría en cumplimiento del artículo 284 de nuestra Constitución, el cual establece como función del Estado “regular por medio de organismos especiales los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad”. El problema del Plan Varela es que el mismo tiene un contenido que no se compromete a la creación de un ente regulador de precios. Es así que en su página 23, luego de una larga frase en la que, sin decir cómo, se promete combinar libre competencia y concurrencia con la regulación, apenas propone “otorgarle más poderes de fiscalización a Acodeco”, obviando el necesario poder de regulación. Más aún, el Plan Varela en su planteamiento general de elevar el nivel de competencia no incluye la manera más rápida de lograr esto, es decir, la conformación de almacenes reguladores del Estado de carácter permanente, los cuales se ubiquen cerca de los centros privados de expendio con el fin de ofrecer los bienes de la canasta básica a precios oficiales.

A esto se debe agregar que el programa analizado tampoco se compromete a una política efectiva de cero hambre, única forma de lograr establecer la alimentación como un derecho humano para todos y todas; a lo más que llega es a una promesa general y difusa de velar por la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos vulnerables, sin que se proponga ninguna medida específica al respecto.

Por otra parte, llama la atención que el proyecto de gobierno del Partido Panameñista no incluya en ninguna parte el concepto de soberanía alimentaria, dado que su utilización constituye el compromiso de mantener una política agropecuaria nacional independiente.

El manejo del tema de la producción resulta deficitario y carente de sentido nacional. Repitiendo los errores del Plan Vallarino, el Plan Varela insiste en la visión aperturista-exportadora. Es de esta manera que en la página 20 se insiste en crear las condiciones institucionales para asegurar “la comercialización y promoción de exportación de los productos agropecuarios”, mientras que más adelante establece como lineamiento seguir negociando tratados de libre comercio.

La necesidad de renegociar o simplemente denunciar el TPC está, entonces, totalmente descartada al insistir en las supuestas ventajas de ese tratado (p.21).

Más aún, el Plan Varela, completamente alejado de los conocimientos más avanzados sobre el tema, no llega a comprender que las ventajas comparativas o competitivas no están dadas, sino que las mismas se construyen con políticas adecuadas capaces de establecer rumbos distintos a los que dan las simples “señales de mercado”.

Este hecho, que ha sido observado por economistas tan importantes como Stiglitz, es ignorado en el programa bajo estudio, cuando en el mismo solo se propone que “identificaremos y respaldaremos los sectores en los que somos competitivos, fomentando la producción y las exportaciones”. Se trata, entonces, de una integración pasiva al mercado mundial.

También resulta claro que el programa del Partido Panameñista no logra comprender que una buena parte de las distorsiones o fallas de mercado a nivel del sector agropecuario se encuentran en la propia estructura de la cadena agroalimentaria internacional.

Es así que, por ejemplo, al analizar el problema de los insumos solo logra ver el problema del impacto de los aranceles locales, sin tener en cuenta que existe una alta concentración entre los oferentes internacionales y locales de dichos insumos. En la página 20 se propone que la acción de política estaría guiada hacia “asegurar que los precios sean competitivos conforme el mercado internacional”. El problema está en que se trata de precios distorsionados y manipulados por las transnacionales que, como Monsanto, dominan toda la cadena.

Nos encontramos a final de cuentas con un programa para el sector agropecuario que no logra romper con la visión neoliberal que ha venido dominando la política económica del país. El mismo, a nuestro juicio, no hará más que profundizar los ya agudos problemas de nuestro sector agropecuario. Esperamos que este artículo sea un llamado de alerta a los productores nacionales y dé lugar a un fructífero intercambio de opiniones.

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Juan Carlos Navarro, muy cerca del TPC con E.U. y lejos, pero muy lejos del Torrijismo

A continuación transcribimos parte de la ponencia del Profesor Juan Jované en el Foro sobre Desarrollo Sustentable, organizado por Fundacion Friedrich Ebert  y el Movimiento Ascanio Villalaz Pro Rescate de la Dignidad Torrijista. La ponencia del profesor sobre Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria, uno de los ejes centrales de la propuesta política del profesor Jované, dejó muy claro que la propuesta sobre el agro del candidato presidencial del PRD, se ubica en el terrible ideario neoliberal del TPC con los Estados Unidos, es decir, más de lo mismo en materia de política agropecuaria.

La importancia del sector agropecuario en nuestro país va más allá de las cifras macroeconómicas, de acuerdo a las cuales este sector representa apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto no solo se evidencia si se tiene en cuenta que en el mismo se ubica el 17.0% de la población ocupada en el país, también se visibiliza en la importancia de la actividad agropecuaria en la mayoría de la provincias. Si tomamos como referencia el conjunto del territorio nacional excluyendo las provincias de Panamá y Colón, encontramos que en el mismo la actividad agropecuaria representa de manera directa cerca del 15.0 % del PIB.

A esto se debe añadir que para este conjunto territorial el sector agropecuario constituye una actividad central, la cual dinamiza al resto de los sectores económicos. Por lo que respecta al empleo se puede observar que en la provincia de Veraguas el 42.0% del empleo se ubica en el sector agropecuario, mientras que en Coclé este indicador llega a 34.4%, seguido por Los Santos con 29.8%. Por su parte, Herrera y Chiriquí tienen el 26.7% y el 21.9% de su población laboral ocupada en el sector agropecuario, respectivamente. En el caso de Bocas del Toro el indicador analizado llega a 37.6%, alcanzado su máxima altura en Darién donde muestra un nivel de 55.6%. Lo anterior permite una clara conclusión: la actual política gubernamental que lleva hacia la desaparición del sector agropecuario tiene repercusiones catastróficas, tanto para el interior del país, cuya economía se vería prácticamente destruida, como para el área metropolitana, que tendría que soportar una fuerte migración provocada por la destrucción de las fuentes de trabajo. Se necesitan, entonces, políticas alternativas, las cuales deben ser planteadas por los candidatos presidenciales en forma franca y científica.

En el reciente Foro Presidencial Agropecuario el aspirante presidencial del PRD propuso, entre otras cosas, la posibilidad de promover la producción agropecuaria nacional para el mercado local a la vez que se mantenía el pleno apego y cumplimiento del Tratado de Promoción Comercial. Se trata de un planteamiento que se aleja de la realidad. Así por ejemplo, es cierto que la compra de bienes agropecuarios dirigida exclusivamente hacia los productores nacionales es una importante forma de promover nuestro sector agropecuario. Sin embargo para aplicarla en toda sus posibilidades tendremos que salirnos necesariamente de los cauces del TPC. Esto fue una de las cosas que omitió aclarar el Sr. Navarro en el Foro Agropecuario, ya que el Capítulo Nueve de dicho tratado, gracias al artículo 9.2, le otorga trato nacional a la contraparte. Para ser justos en el debate debemos aclarar que si bien las notas en las que se definen las entidades participantes sirven para excluir los alimentos adquiridos por el ministerio de Educación, no lo hacen, por ejemplo, para el caso del Ministerio de Salud ni el ministerio de Desarrollo Social. Además, el candidato del PRD omitió señalar que el tratado negociado promovido y firmado por su partido genera una gran incertidumbre al sector agropecuario al establecer en su artículo 3.3 que: “a solicitud de Cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros”.

Se trata, sin duda, de una presión permanente que para nada ayuda a la planeación a mediano y largo plazo. No es menos cierto que el aspirante del PRD al solio presidencial también prescindió hablar de la regulación de precios por parte del Estado, con lo que dejó por fuera una importante palanca, que incluye al precio de sostén, para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Más allá de lo que hemos planteado en otros artículos, lo interesante a observa en este caso es como el candidato de ese partido se aleja de las propuestas de quien fue su creador. Para esto basta recordar lo planteado por el General Omar Torrijos Herrera el 11 de octubre de 1973 al referirse al problema del costo de la canasta básica: “… tuvimos que diseñar una política de producción nacional para poder producir las cosas básicas que nuestro país consume, a fin de poder regular lo que tenemos. Nadie puede regular lo que no existe”. A fin de cuentas estamos en una situación en la que de una u otra manera todos los partidos tradicionales se encuentran, de una u otra forma, vinculados con la política neoliberal que ha venido aplicándose en el país. Como hemos venido insistiendo solo se puede salvar al sector agropecuario rompiendo radicalmente con este enfoque.

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Desperdicio de alimentos, seguridad alimentaria y ambiente

Por: Juan Jované/ Defensor Social, Docente en Economía

Las cifras de la comida desperdiciada en el mundo no solo son espeluznantes, sino que el fenómeno que expresan es a tal punto inhumano que llevó a que el papa Francisco nos recordara que “la comida que tiramos es como si la hubiésemos robado de la mesa de quien es pobre, de quien tiene hambre”. De acuerdo con cifras recientes de Naciones Unidas, mientras que 870 millones de personas alrededor del mundo sufren de desnutrición, aproximadamente la tercera parte de los alimentos producidos a nivel global, que alcanzan a 1.3 mil millones de toneladas métricas, nunca son consumidos, simplemente se convierten en desechos. En el caso de los cereales, que constituyen un elemento central para la alimentación de los seres humanos, las estimaciones de la FAO llaman la atención sobre el hecho de que los consumidores de los países ricos desperdician una cantidad de comida equivalente a toda la producción neta de alimentos del África subsahariana. Así mismo se calcula que los alimentos desechados en los Estados Unidos alcanzan cerca de $48.3 miles de millones.

Se trata, se debe añadir, de un fenómeno que no solo tiene una amplia repercusión negativa sobre la equidad y el derecho a la alimentación, sino que también perjudica significativamente al medioambiente. De las estadísticas disponibles se puede concluir, por ejemplo, que por lo menos la mitad de las aguas utilizadas para producir los alimentos desechados en Norteamérica simplemente se desperdician. Así mismo se sabe que en el Reino Unido, aproximadamente el 32% de los alimentos comprados no se consumen, por lo que van a parar a los vertederos. En ese país se calcula que el 61% de los desechos provenientes de los alimentos se podrían haber evitado si hubieran efectivamente llegado a la mesa. En el caso de Estados Unidos, por su parte, se calcula que el desecho de materias orgánicas es el segundo componente de mayor abundancia en sus vertederos, siendo, además, la principal fuente de emisión de gas metano. Las causas inmediatas de estas pérdidas son variadas. En el caso de los países más pobres se destacan las vinculadas con la falta de infraestructura, la carencia de medios de almacenamiento adecuados y las inadecuadas cadenas de suministro. En los países exportadores sobresale entre otras causas el descarte promovido por las transnacionales, el cual está basado principalmente en consideraciones puramente estéticas. En los países más desarrollados, por otra parte, se llama la atención sobre el consumismo que genera el descarte de alimentos en los establecimientos de ventas, así como en los hogares. La causa íntima, que explica el conjunto de las formas de desperdicio aquí comentadas, debe buscarse en la propia lógica del sistema. No se equivocó el papa Francisco cuando, en el mismo discurso en que comentó críticamente la cultura del desecho y del descarte, también afirmó que “en el mundo no manda el hombre, el que manda es el dinero”. En efecto, estamos en un mundo en el que domina el sentido de lucro, en el que no se produce para asegurar necesidades, sino para asegurar ganancias y acumulación de capital. Se trata de una lógica perversa a la que le resulta racional, de acuerdo a las reglas de mercado, una situación en la que para maximizar las ganancias de pocos, muchos deben de padecer de hambre, a la vez que se desecha una buena parte de los alimentos producidos. En términos del derecho a la alimentación se trata, entonces, de pasar de una cultura del valor de cambio y del lucro a otra más solidaria centrada en el valor de uso, cuyo objetivo central sea la satisfacción de las necesidades fundamentales de todos y todas. La idea de la seguridad y la soberanía alimentaria juegan aquí un papel fundamental. Es así, para dar un ejemplo, que estudios recientes han llegado a la conclusión de que un uno por ciento de crecimiento en el PIB agrícola vinculado con la alimentación reduce cinco veces más la pobreza que el mismo crecimiento en cualquier otro sector, beneficiando así de manera especial a los sectores más vulnerables de la población. Se trata, desafortunadamente, de una forma de ver las cosas que ha estado ausente en las acciones públicas de todos los gobiernos dirigidos por los sectores económicamente dominantes del país. Peor aún, estos han venido aplicando una política económica que ha significado un creciente deterioro en el frente de la seguridad y soberanía alimentaria. Este es otro campo en que se impone un cambio profundo en las prioridades y la política económica y social.

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