por Juan Jované
La reciente reunión entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en que se han venido entregando los recursos naturales del país.
En relación a la posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo. En efecto, la delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de “project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión gubernamental?
Desde luego que parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso, antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica” del capital, aún cuando este visiblemente ha atentado contra los derechos humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la normativas ambientales del país. Esta repuesta, sin embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto permitirá evidenciar que la radical decisión del ejecutivo constituye una forma de defender dichos intereses creados.
Para comenzar, se debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en contra de sus propias promesas de campaña, un país plenamente disponible para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no se agota en este aspecto.
Existe otra razón, también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo de determinados recursos naturales. Esta entrega implica que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora utilizando el leguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente especulativo.
Se evidencia, entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así como los que corresponden al resto de la sociedad.
En este contexto la solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la política neoliberal. Ñagare Barro Blanco.
