Plan Estratégico: falta de transparencia y promesas electorales

por Juan Jované

Solo después de un mes de su aprobación formal podemos contar con una versión del Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 2019. La manera de su adopción y publicación da lugar a serias dudas sobre la transparencia con que se manejó su confección y divulgación.

En relación a su confección, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 9 de octubre de 2014, la misma fue entregada a la firma extranjera “Estudios Proyectos y Planificación S. A.”, hecho que resulta inaudito, dado que el mínimo ejercicio de la soberanía nacional pasa por asegurarnos que la política económica y social del país sea elaborada por los propios panameños. Nisiquiera los términos de referencia de este contrato no se originaron en base a requisitos estrictamente nacionales. Es así que en la nota de prensa antes mencionada se establece que “EPYSA, después de la evaluación técnica, obtuvo el mayor puntaje, según criterios establecidos por el BID”, es decir por el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí surge una pregunta: ¿quién determina en Panamá los criterios para desarrollar nuestra política social, económica y financiera? ¿Será que parte de la política de la actual administración del MEF es convertirnos en una especie de neocolonia?

El proceso de aprobación y publicación del Plan Estratégico 2014 – 2019, que la Ley obliga hacer en los seis primeros meses de gobierno, tampoco aparece exento de anomalías y faltas de transparencia, la sucesión de hechos vinculados al mismo así lo demuestran. Tal como es conocido, en el contenido de la Gaceta Oficial No 27687-A publicada el miércoles 24 de diciembre de 2014 se encuentra, entre otras cosas, la Resolución de Gabinete 183 de 23 de diciembre de 2014, en la cual se resuelve “aprobar el Plan Estratégico”, afirmando, además, que el mismo “se integra y forma parte de la presente Resolución”. Pese a esto, en dicha Gaceta no se publicó dicho plan, con lo cual el ejecutivo quedaba en moratoria con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la cual señala taxativamente que “el Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de presentar al Consejo de Gabinete el plan estratégico de gobierno, el cual será adoptado y publicado por el Órgano Ejecutivo, para fines de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad”. Esto significó que entre el 23 de diciembre de 2014 y el 27 de enero de 2015, el ejecutivo, al no publicar con la debida celeridad el Plan Estratégico 2014 – 2019, se colocó abiertamente fuera de la Ley, habida cuenta de lo que establece el artículo 18 de la Constitución en términos de la omisión del deber de funcionario público.

El asunto, sin embargo, no queda solo en esto, sigue desarrollándose en la clara maniobra que se utilizó para intentar salvar la situación. En efecto, en la Gaceta Oficial No 27708-A de 27 de enero de 2015 se da a conocer el Decreto Ejecutivo No 689, supuestamente elaborado el 26 de diciembre de 2014, es decir un mes antes, al que se adjunta por primera vez el Plan Estratégico. ¿Qué puede explicar esta extraña situación? ¿Sería que el plan estratégico no estaba efectivamente completado en la fecha de su aprobación (23 de diciembre de 2014)? ¿No se trata de una táctica gubernamental que atrasó la presentación de un plan, en el que se traicionaban algunas promesas de campaña, esperando un momento en que, como el actual, la población se encontraba distraída en otros asuntos?

Esta última posibilidad podría ejemplificarse con el caso de la minería. En efecto, mientras que en el Plan de Gobierno 2014 – 2015 presentado por el presidente durante la campaña política se aseguraba, en términos muy firmes, que “declararemos una moratoria de nuevas concesiones mineras en Panamá y revisaremos las concesiones vigentes”, en el Programa Estratégico de Gobierno 2014 – 2019 se argumenta que “el sector minero ofrece un interesante potencial de desarrollo, es un polo de atracción de la inversión extranjera, contribuye a aumentar las exportaciones de bienes y los ingresos fiscales…” . La última afirmación, dicha sea de paso, no solo se aleja de la promesa de campaña, si no que coincide con los señalamientos e intereses de los organismos y capitales financieros internacionales, los cuales parecen ser los que realmente animan a la actual política gubernamental.

Estos breves elementos no agotan, desde luego, la crítica al Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 2019, el cual simplemente aparece como la continuidad del plan del gobierno anterior. Tendremos, por tanto, que dedicar alguno de los próximos artículos a este tema.

LEER MÁS

Carta Abierta a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Panamá 28 de enero de 2015

Señores Magistrados:

La Corte Suprema de Justica si bien aceptó investigar a Martinelli por el caso del PAN, también decidió excluir a quienes somos ciudadanos comunes como parte de la causa. La razón que se utilizó fue que el Profesor Jované no es víctima.

Se trata de una razón que en mi formación de ciudadano, docente y economista me parece carente de sentido. Es por esto que, pensando en la necesidad de defender y consolidar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a actuar libremente en defensa del bien común he decidido redactar la presente carta, haciéndola, además, pública, con el fin de que sirva al debate de los temas aquí expuestos.

Dado, entonces, que la lesión patrimonial que se está investigando se refiere a fondos públicos, me llevan a realizar las siguientes reflexiones:

1. Según las estadísticas oficiales los panameños pagamos, en el 2013 para tomar un ejemplo, 7.5 miles de millones de balboas en impuestos. Es evidente, que en la medida que esos fondos sean objeto de peculados o cualquier tipo de rapiña nos hace a todos y todas víctimas de dichos delitos. Creo que Uds. compartirán conmigo la idea de que los ciudadanos no pagamos impuestos para que estos sean objeto de robo.

2. Es conocido el hecho de que el principal activo de los panameños es el Canal de Panamá y que, de acuerdo a la información disponible, los aportes del mismo al fisco superan los mil millones de balboas anuales. Es lógico, entonces, concluir que cualquier forma de rapiña contra los fondos públicos, esto es cualquier forma de uso corrupto de los mismos, está perjudicando a todos los panameños que, a final de cuentas, son los verdaderos dueños de la obra interoceánica. ¿No les parece a Uds. que esta es la antítesis del objetivo de lograr el uso más social posible de la reversión, lo cual nos hace victimas a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas?

3. Un problema grave de nuestra economía es que la deuda pública ha mostrado un crecimiento vertiginoso, que la llevó a pasar de 10,972.3 millones al finalizar el 2009 hasta 18,260 millones de balboas al finalizar el 2014, esto sin contar la deuda referida a los contratos llave en mano, la deuda de ETESA, la de ENA, la del Aeropuerto de Tocumen y la que guarda relación con la ampliación del Canal de Panamá. En este contexto cualquier mala utilización de los fondos públicos en un país cuyo déficit lo obliga a endeudarse genera una doble victimización de todos los panameños: no solo habríamos perdido el dinero producto de la malversación de los fondos públicos, sino que adicionalmente tendríamos que pagar esa deuda. ¿No somos todos y todas víctimas de esta situación, incluyendo a las futuras generaciones que heredarán la deuda pública?

4. Bien conocido es, por otra parte, el hecho de que los delitos contra el patrimonio público encarecen los servicios y las obras públicas. De eso se trata el sobre costo. En ese sentido no son pocos los economistas que consideran la corrupción como una especie de impuesto perverso, el cual evita que gocemos, en forma de servicios y obras públicas de una buena parte de los gastos públicos. ¿Cómo nos podemos calificar quienes sufrimos de esta situación si es que se nos está vedado reconocernos como víctimas?

5. Un hecho conocido en la economía es que la corrupción, en la medida que eleva el costo de hacer transacciones en un determinado mercado encarece lo que, en un lenguaje excesivamente diplomático, llamamos costos de transacción e incertidumbre, lo que termina afectando, más temprano que tarde, los niveles de inversión, crecimiento y empleo. Por muchos años he tenido la suerte de dar clases de Principios de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, intentado transmitir esta idea básica a mis estudiantes, tratando de hacer claro que la corrupción afecta gravemente a todos los ciudadanos del país, haciéndolos víctimas de una situación indeseable. Se trata a mi juicio de uno de los puntos donde más claramente se sintetiza el conocimiento del derecho y de la economía.

6. Además, existen costos que difícilmente se pueden cuantificar pero que son reales. Entre estos estaría preguntarse cuánto vale para cada ciudadano honesto el desprestigio que se puede sentir en relación a la imagen que la corrupción generalizada proyecta hacia el exterior. Si el bienestar, como argumentan los economistas, está vinculado con la satisfacción que se puede experimentar frente a determinados bienes, servicios o hechos circundantes, entonces estamos frente a un costo real. Es peligroso no reconocer este tipo de costo dado que los mismos no tienen una manifestación en el mercado, ya que esto llevaría a desconocer otros que son tan importantes como el aquí mencionado, tal y como son los servicios ambientales.

7. Tengo una profunda preocupación por lo que la decisión que han tomado pueda tener en el futuro en torno a los conflictos ecológicos, donde se reconocen intereses tan difusos como son los relacionados con el servicio ecológico de existencia, el que se refiere al derecho que tiene todo ciudadano o ciudadana a tener la satisfacción de que un activo ecológico siga existiendo, aún cuando no les toque gozarlo directamente. No me queda duda que los honorables magistrados conocen a cabalidad el importante papel que jugó este elemento en el caso del Exxon Valdez.

A final de cuentas sigo sin entender por qué no puedo sentirme victimizado, junto al resto de los ciudadanos del país por los actos de corrupción que como ciudadano responsable me sentí obligado a querellar. Por eso acudo a Uds. - descartando la hipótesis de que se trató de una simple decisión política – para que me ilustren sobre las causas concretas que sustentan la decisión que tuvieron a bien tomar, la cual me parece que afecta los verdaderos derechos éticos de todos los ciudadanos, confinándolos a un rol pasivo en la lucha contra la corrupción.

Agradeciéndoles su atención, quedo de Ud.

Atentamente,

Juan Jované
Ced: 3-46-269 



La decisión de excluirnos del proceso por "no ser victimas", es contrario también a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, en su Art 13:

LEER MÁS

¿Panamá o la Isla de Tortuga?

por Juan Jované, coordinador general del MIREN

Los recientes hechos que han venido evidenciando la extendida y profunda corrupción que ha estado corroyendo el manejo de los fondos públicos imponen, por la gravedad de la situación, realizar una indagación sobre su origen y naturaleza. Solo de esta manera será posible llevar adelante la lucha contra el flagelo económico, social, político y ético que la misma significa.

Desde una visión tradicional el concepto de corrupción se refiere a las actividades dolosas de los funcionarios públicos. Es en este sentido que Aristóteles en “La Política” define la corrupción como las acciones “de los gobernantes que se reparten entre sí la fortuna pública contra toda justicia”. Es claro, además, que en un mundo dominado por las relaciones mercantiles, esta definición debería ampliarse para incluir a los agentes que desde el sector público actúan para participar y promover el saqueo de la riqueza y los fondos públicos. La investigación oportuna y la certeza de la pena han de recaer tanto sobre los funcionarios públicos, como sobre los agentes privados que hayan cometido actos de corrupción. Ello, sin embargo, no es suficiente.

La lucha contra la corrupción necesita de un profundo análisis institucional. Este debe partir de la idea de que las instituciones están constituidas por reglas de juego, sostenidas en mecanismos de forzoso cumplimiento, las cuales generan estructuras de incentivos. Es decir que, tal como lo entendía John Commons, impulsan y promueven determinadas formas de comportamiento social. Esto significa que en la medida que existan instituciones que faciliten y promuevan la corrupción, tarde o temprano, la misma resurgirá, por más que se castigue a los corruptos de hoy. Para expresarlo con palabras más sencillas: es seguro que en la Isla de Tortuga de los piratas también existían instituciones, todas estas destinadas a promover la piratería.

El enfoque presentado nos permite destacar las falencias de la actual administración en términos de la necesaria lucha contra la corrupción. Se trata de un hecho claro, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en las normas presupuestarias que acompañan al presupuesto del 2015, diseñadas por el actual gobierno y aprobadas por la cohabitación Partido Panameñista – PRD que domina la Asamblea, se mantiene la regla que permite que las compras del PAN no tengan la obligación de cumplir con la Ley 22 de 2006, la cual regula las contrataciones públicas. Así mismo, esta última Ley sigue conteniendo todas las facilidades que hacen posible las contrataciones por excepción, incluyendo las compras directas, que han sido ampliamente utilizadas por la anterior y actual administración, así como los llamados proyectos llave en mano.

Profundizando el análisis aparece una importante pregunta: ¿cuál es el origen de determinadas formas institucionales? La respuesta está en la Economía Política. Es claro que una sociedad donde el lucro individual se convierte en el objetivo primordial, en la que todo, hasta la conciencia, se convierte en mercancía. es un campo fértil para el surgimiento de instituciones guiadas a la corrupción. Esto es sobre todo cierto en el caso de las economías neoliberales en las que la llamada “acumulación por desposesión”, es decir la rapiña y la eliminación de derechos sociales, se ha convertido en un asunto cotidiano. Se equivocan quienes pretenden “combatir la corrupción” manteniendo la sociedad que adora al dios dinero.
Se debe agregar que la impunidad juega un papel importante. En efecto, como lo argumentó Thorstein Veblen en su momento, los hábitos, es decir las formas, de comportamiento repetitivo que se consolidan, terminan constituyéndose en instituciones, que, en el caso que analizamos, se expresan en una cultura de corrupción. Esta, en nuestro país, esta insertada en el propio aparato del Estado, incluyendo al sistema electoral. Este último permite que los poderes económicos establecidos financien campañas y adquieran puestos de mando en el aparato estatal, posición que luego utilizan para asegurarse su creciente acumulación de capital, ya sea por la vía del peculado o por la adecuación de las leyes, reglamentos y prioridades presupuestarias a sus intereses.

De lo anterior se desprende que la lucha contra la corrupción, además de dirigirse hacia el logro de la certeza de la pena, debe tener claro que la misma nunca será exitosa mientras se mantengan las condiciones institucionales que surgen del modelo de rapiña y despojo, impuesto por los sectores económicos dominantes y sus aparatos políticos. El combate contra la corrupción hace, entonces, parte de la tarea de construir un Panamá democrático, plural, socialmente justo, respetuosa de la naturaleza y con una amplia participación de la población en la cosa pública. La disyuntiva es clara: ¿Panamá o la Isla de Tortuga?

LEER MÁS

El PAN, la Corrupción, la Contraloría y las Candidaturas

por Juan Jované

El actual gobierno ha mantenido el Programa de Ayuda Nacional, estructura que sigue una simple lógica política, en el presupuesto para el año 2015, en el que se le asignan 77.0 millones de balboas. Estos según las normas presupuestarias presentadas por la administración de turno están exentos de la aplicación de la Ley que rige las contrataciones públicas. En efecto de acuerdo al artículo 315 de la Ley de Presupuesto propuesta para el 2015: “Los contratos que celebre el Programa de Ayuda Nacional – PAN estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, hasta el 31 de diciembre de 2015”.

Además, el Decreto Ejecutivo No 690 de Julio de 2010, que no ha sido modificado por el actual gobierno le quita la capacidad fiscalizadora sobre el PAN a la Contraloría General de la República. El Artículo 6 de este decreto señala que: “El Programa de Ayuda Nacional, PAN, contará con una Oficina Especial de Fiscalización, encargada de verificar que los procesos de compra y contrataciones se realicen conforme a las disposiciones legales aplicable”, es decir sin que se aplique la Ley 22 de 2006.

Durante la reciente campaña política propusimos la mayor transparencia posible. Esta fue nuestra visión y meta como candidato independiente, comprometido con los intereses nacionales. Por eso nos llama la atención, aun cuando no nos sorprende, que ninguno de los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de Contralor General de la República se haya comprometido a luchar para que las estructuras corruptas del PAN desaparezcan y que los fondos que se manejan desde la Presidencia de la República sean debidamente sometidos a la auditoria previa de la Contraloría General de la República

LEER MÁS