Las contradicciones del programa agrario

Juan Jované, activista social, economista, miembro del MIREN

David Harvey, el distinguido catedrático de Antropología y Geográfica de la City University of New York, nos ha recordado en su última obra que la palabra contradicción puede tener dos significados. El primero de ellos es el del sentido aristotélico, el cual se refiere a la presencia de dos aseveraciones que se excluyen mutuamente, el segundo se refiere a la presencia de fuerzas o factores contradictorios que hacen parte de un todo. Este distinguido teórico social llama, además, la atención sobre el hecho de que ambas formas de entender el concepto contradicción, siendo aparentemente opuestas, pueden llegar a resultar compatibles. Este parece ser el caso del programa agrario del gobierno entrante, en el cual aparecen claras contradicciones lógicas en sus planteamientos, las cuales resultan ser expresión de las agudas contradicciones que se mueven en el seno de la sociedad panameña.

Es así, por ejemplo, que en el Plan de Gobierno 2014-2019 de la Alianza “El Pueblo Primero”, se puede leer en el objetivo 3.2 la siguiente afirmación: “respaldaremos a nuestros productores agropecuarios para garantizar nuestra seguridad alimentaria, aumentar la producción nacional y bajar el costo de vida” (p. 20). De acuerdo a la misma, se entendería que existe la plena disposición de utilizar las políticas públicas para apoyar al productor nacional, con el fin de desarrollar el mercado interno de alimentos. Un poco más adelante, sin embargo, el discurso vuelve a tomar el tono aperturista contenido en el “Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014”, que constituyó la base de las políticas económicas del gobierno de Ricardo Martinelli. Es así que, de acuerdo con el programa de “El Pueblo Primero”, los esfuerzos destinados al acceso al capital, las semillas, la capacitación y las redes de distribución en el sector agropecuario están destinados a “cosechar las ventajas del TPC con los Estados Unidos” (p. 21).

La pregunta es si estos dos objetivos son compatibles en la práctica. La respuesta resulta obviamente negativa. Si se tiene en cuenta que los productores norteamericanos tienen en promedio una productividad que supera en catorce veces a la de los productores nacionales, resulta claro que para poder competir con estos en el ámbito de los alimentos, se necesitarían formas de políticas públicas guiadas a proteger, ya sea directa o indirectamente, a los productores locales, dándoles un trato preferencial. Esto chocaría inmediatamente con la estrategia exportadora de los Estados Unidos, la cual ha llevado a que este país coloque los 42% de sus exportaciones agroalimentarias en los países con los que ha firmado tratados de libre comercio. En efecto, no queda duda de que los esfuerzos nacionales rápidamente serían declarados como mecanismo de dumping y violatorias del llamado “trato nacional”, que hace parte del TPC (artículo 3.2).

Lo anterior significa que quien quiera efectivamente promover la seguridad y la soberanía alimentaria en Panamá debería tener el suficiente sentido nacional y la voluntad política para plantear la superación del TPC, ya sea renegociándolo, denunciándolo o simplemente desconociéndolo. ¿Tendría el nuevo gobierno esta condición? La respuesta aquí también parece ser negativa.

Esta última afirmación guarda relación con la forma en que el programa del nuevo gobierno entiende la operación de los precios internacionales vinculados con el sector agropecuario. Así, nuevamente para dar un ejemplo, aquí se entiende que los precios internacionales de los insumos son los de un equilibrio eficiente, al proponer que se trata de asegurar que los mismos sean “competitivos conforme el mercado mundial”. El problema aquí está en el que el mercado mundial de insumos está lejos de ser competitivo. En el caso de las semillas, para seguir el ejemplo, recordemos que solo diez empresas controlan la mitad de las ventas a nivel mundial. Tampoco es competitivo el mercado de los granos básicos, en donde estimaciones recientes dan cuenta de que las cuatro empresas más grandes controlan entre el 75% y el 90% del total del comercio mundial.

Más aún, el subsidio norteamericano a sus productores, el cual alcanzó cerca de $16.4 miles de millones anuales entre 1998 y 2007, significó que los productores mexicanos sufrieran entre 1997 y 2005 un margen de dumping de entre 5% y 34%, dependiendo del producto. Concretamente en el caso del arroz fue de 16%, de 19% en el maíz y de 10.0% en los productos avícolas.

A final de cuentas la única forma en que el nuevo gobierno podría ser exitoso frente a los crecientes problemas vinculados con el sector agropecuario sería separándose significativamente del pensamiento fundamentalista neoliberal. Las probabilidades de que esto ocurra no parecen altas.

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Plan Varela–De Saint Malo: ni seguridad ni soberanía alimentaria

por Juan Jované

Un elemento indispensable de una campaña electoral efectivamente democrática es la discusión de las ofertas programáticas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Es en este contexto que se someten a un análisis riguroso los planteamientos del plan presentado por el Sr. Juan Carlos Varela en relación con los problemas de la seguridad y soberanía alimentaria.

El eje 3 del programa del Partido Panameñista propone controlar la especulación y los excesivos márgenes de ganancia, estableciendo que esto se haría en cumplimiento del artículo 284 de nuestra Constitución, el cual establece como función del Estado “regular por medio de organismos especiales los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad”. El problema del Plan Varela es que el mismo tiene un contenido que no se compromete a la creación de un ente regulador de precios. Es así que en su página 23, luego de una larga frase en la que, sin decir cómo, se promete combinar libre competencia y concurrencia con la regulación, apenas propone “otorgarle más poderes de fiscalización a Acodeco”, obviando el necesario poder de regulación. Más aún, el Plan Varela en su planteamiento general de elevar el nivel de competencia no incluye la manera más rápida de lograr esto, es decir, la conformación de almacenes reguladores del Estado de carácter permanente, los cuales se ubiquen cerca de los centros privados de expendio con el fin de ofrecer los bienes de la canasta básica a precios oficiales.

A esto se debe agregar que el programa analizado tampoco se compromete a una política efectiva de cero hambre, única forma de lograr establecer la alimentación como un derecho humano para todos y todas; a lo más que llega es a una promesa general y difusa de velar por la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos vulnerables, sin que se proponga ninguna medida específica al respecto.

Por otra parte, llama la atención que el proyecto de gobierno del Partido Panameñista no incluya en ninguna parte el concepto de soberanía alimentaria, dado que su utilización constituye el compromiso de mantener una política agropecuaria nacional independiente.

El manejo del tema de la producción resulta deficitario y carente de sentido nacional. Repitiendo los errores del Plan Vallarino, el Plan Varela insiste en la visión aperturista-exportadora. Es de esta manera que en la página 20 se insiste en crear las condiciones institucionales para asegurar “la comercialización y promoción de exportación de los productos agropecuarios”, mientras que más adelante establece como lineamiento seguir negociando tratados de libre comercio.

La necesidad de renegociar o simplemente denunciar el TPC está, entonces, totalmente descartada al insistir en las supuestas ventajas de ese tratado (p.21).

Más aún, el Plan Varela, completamente alejado de los conocimientos más avanzados sobre el tema, no llega a comprender que las ventajas comparativas o competitivas no están dadas, sino que las mismas se construyen con políticas adecuadas capaces de establecer rumbos distintos a los que dan las simples “señales de mercado”.

Este hecho, que ha sido observado por economistas tan importantes como Stiglitz, es ignorado en el programa bajo estudio, cuando en el mismo solo se propone que “identificaremos y respaldaremos los sectores en los que somos competitivos, fomentando la producción y las exportaciones”. Se trata, entonces, de una integración pasiva al mercado mundial.

También resulta claro que el programa del Partido Panameñista no logra comprender que una buena parte de las distorsiones o fallas de mercado a nivel del sector agropecuario se encuentran en la propia estructura de la cadena agroalimentaria internacional.

Es así que, por ejemplo, al analizar el problema de los insumos solo logra ver el problema del impacto de los aranceles locales, sin tener en cuenta que existe una alta concentración entre los oferentes internacionales y locales de dichos insumos. En la página 20 se propone que la acción de política estaría guiada hacia “asegurar que los precios sean competitivos conforme el mercado internacional”. El problema está en que se trata de precios distorsionados y manipulados por las transnacionales que, como Monsanto, dominan toda la cadena.

Nos encontramos a final de cuentas con un programa para el sector agropecuario que no logra romper con la visión neoliberal que ha venido dominando la política económica del país. El mismo, a nuestro juicio, no hará más que profundizar los ya agudos problemas de nuestro sector agropecuario. Esperamos que este artículo sea un llamado de alerta a los productores nacionales y dé lugar a un fructífero intercambio de opiniones.

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Plan Navarro-Solis: ni seguridad ni soberanía alimentaria

Uno de los hechos más notables de nuestra realidad económica es el proceso de creciente deterioro del sector agropecuario, el cual amenaza con hacer colapsar la producción alimentaria del país. No solo es cierto que la participación de este sector en el Producto Interno Bruto real se redujo de 8.0% en el 2004 a tan solo el 2.5% en el 2012, sino que en este último año la producción de alimentos por persona fue inferior en 29.8% a la observada en el 1969.

También es un hecho notorio la manera en la que la inflación ha venido recayendo fundamentalmente sobre los bienes alimenticios. Es así, por ejemplo, que entre el 2004 y el 2012 el precio al por menor de los alimentos se elevó en cerca de 61.5%, golpeando significativamente el nivel de vida de la población. Gran parte de este problema proviene de la especulación de los intermediarios, hecho que se evidencia al tener en cuenta que durante el mismo período el índice de precio de alimentos al por mayor solo creció en 36.4%, dando lugar a un notable incremento del margen especulativo de ganancias. La existencia de esta doble problemática se vincula a la política neoliberal aplicada por los distintos gobiernos, la cual tomó una de sus formas más radicales en las administraciones del PRD.

 Dos hechos dejan ver esto con claridad. En primer lugar, lo que se conoció como el Plan Chapman, puesto en práctica en la administración de Pérez Balladares, se guió a rechazar el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, planteando que “el principal elemento de una economía de mercado es que el precio de los productos y servicios se conforman en un ambiente con bajos aranceles, donde existe libertad de competencia entre productores e importadores, sin restricciones de entrada al mercado”. Así mismo, fue ésta administración la encargada de desmantelar todo la estructura institucional de regulación de precios que, siguiendo los preceptos constitucionales, buscaba la protección de los consumidores. El resultado fue desastroso: los productores quedaron a merced de la competencia externa y los oligopolios mayoristas; los consumidores quedaron duramente impactados por la especulación de los oligopolios minoristas.

El Plan Navarro – Solís no solo evita reconocer los errores de la política agropecuaria de los gobiernos de Pérez Balladares y de Martín Torrijos, sino que insiste en la orientación neoliberal de los mismos, la cual ahora se trata de enmascarar con el recurso de frases demagógicas. Los ejemplos abundan. En primer lugar, el mismo rechaza la posibilidad de que se realice una efectiva regulación de precios, incluyendo la posibilidad de congelar los precios de los bienes básicos. En efecto, si bien bajo el título “protección al consumidor” se dice que el objetivo del programa es “vigilar y controlar los abusos de algunos comerciantes...”, lo cierto es que el mismo se niega a establecer la posibilidad de que el organismo regulador establezca precios topes, con lo que en realidad no se logra construir una institucionalidad adecuada al efectivo combate a la especulación, repitiéndose el viejo e inútil cliché de la época de Perez Balladares en el sentido que se fiscalizaría la colusión. ¿Por qué no lo hicieron en el gobierno de Martin Torrijos? Ni siquiera el compromiso de establecer los 250 mercados resulta una propuesta en firme, ya que el Plan Navarro – Solis no asegura la construcción de los mismos. Este solo habla de “construir e incentivar”, refiriéndose esto último al capital privado. ¿Se trata de volver a incentivar al capital especulativo?

Tampoco los productores pueden esperar mucho. En este caso, aún cuando se intenta mistificar el asunto con frases engañosas, el Plan Navarro – Solis no llega a comprometerse a utilizar efectivamente el poder de compra del Estado para apoyar al productor nacional. Para que esto fuera verdad y no demagogia política el plan debería proponer renegociar o denunciar el Tratado de Promoción del Comercio(TPC), negociado por el gobierno de Martin Torrijos.

Esto explica que el plan bajo análisis se refiera a comprar prioritariamente y no obligatoriamente las cosechas nacionales. Por lo demás se mantiene la vieja cantaleta del Plan Chapman referida a las reconversiones, la competitividad y otros elementos de los programas neoliberales, agravada ahora por la idea de usar semillas genéticamente modificadas y el rechazo de la agroecología, lo cual claramente se ve refleajado en la aceptación y defensa que hace el Plan Navarro-Solis del TPC, el cual tiene en una de sus bases la aceptación del uso, producción y consumo de Transgénicos en el país.

En definitiva lo que se presenta como “El Plan de Todos”, sigue siendo el plan del capital transnacional, de los especuladores y de los políticos que expresan los intereses de los sectores económicamente dominantes. Solo superando a los partidos tradicionales se pueden superar los problemas de la canasta básica.

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Juan Carlos Navarro, muy cerca del TPC con E.U. y lejos, pero muy lejos del Torrijismo

A continuación transcribimos parte de la ponencia del Profesor Juan Jované en el Foro sobre Desarrollo Sustentable, organizado por Fundacion Friedrich Ebert  y el Movimiento Ascanio Villalaz Pro Rescate de la Dignidad Torrijista. La ponencia del profesor sobre Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria, uno de los ejes centrales de la propuesta política del profesor Jované, dejó muy claro que la propuesta sobre el agro del candidato presidencial del PRD, se ubica en el terrible ideario neoliberal del TPC con los Estados Unidos, es decir, más de lo mismo en materia de política agropecuaria.

La importancia del sector agropecuario en nuestro país va más allá de las cifras macroeconómicas, de acuerdo a las cuales este sector representa apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto no solo se evidencia si se tiene en cuenta que en el mismo se ubica el 17.0% de la población ocupada en el país, también se visibiliza en la importancia de la actividad agropecuaria en la mayoría de la provincias. Si tomamos como referencia el conjunto del territorio nacional excluyendo las provincias de Panamá y Colón, encontramos que en el mismo la actividad agropecuaria representa de manera directa cerca del 15.0 % del PIB.

A esto se debe añadir que para este conjunto territorial el sector agropecuario constituye una actividad central, la cual dinamiza al resto de los sectores económicos. Por lo que respecta al empleo se puede observar que en la provincia de Veraguas el 42.0% del empleo se ubica en el sector agropecuario, mientras que en Coclé este indicador llega a 34.4%, seguido por Los Santos con 29.8%. Por su parte, Herrera y Chiriquí tienen el 26.7% y el 21.9% de su población laboral ocupada en el sector agropecuario, respectivamente. En el caso de Bocas del Toro el indicador analizado llega a 37.6%, alcanzado su máxima altura en Darién donde muestra un nivel de 55.6%. Lo anterior permite una clara conclusión: la actual política gubernamental que lleva hacia la desaparición del sector agropecuario tiene repercusiones catastróficas, tanto para el interior del país, cuya economía se vería prácticamente destruida, como para el área metropolitana, que tendría que soportar una fuerte migración provocada por la destrucción de las fuentes de trabajo. Se necesitan, entonces, políticas alternativas, las cuales deben ser planteadas por los candidatos presidenciales en forma franca y científica.

En el reciente Foro Presidencial Agropecuario el aspirante presidencial del PRD propuso, entre otras cosas, la posibilidad de promover la producción agropecuaria nacional para el mercado local a la vez que se mantenía el pleno apego y cumplimiento del Tratado de Promoción Comercial. Se trata de un planteamiento que se aleja de la realidad. Así por ejemplo, es cierto que la compra de bienes agropecuarios dirigida exclusivamente hacia los productores nacionales es una importante forma de promover nuestro sector agropecuario. Sin embargo para aplicarla en toda sus posibilidades tendremos que salirnos necesariamente de los cauces del TPC. Esto fue una de las cosas que omitió aclarar el Sr. Navarro en el Foro Agropecuario, ya que el Capítulo Nueve de dicho tratado, gracias al artículo 9.2, le otorga trato nacional a la contraparte. Para ser justos en el debate debemos aclarar que si bien las notas en las que se definen las entidades participantes sirven para excluir los alimentos adquiridos por el ministerio de Educación, no lo hacen, por ejemplo, para el caso del Ministerio de Salud ni el ministerio de Desarrollo Social. Además, el candidato del PRD omitió señalar que el tratado negociado promovido y firmado por su partido genera una gran incertidumbre al sector agropecuario al establecer en su artículo 3.3 que: “a solicitud de Cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros”.

Se trata, sin duda, de una presión permanente que para nada ayuda a la planeación a mediano y largo plazo. No es menos cierto que el aspirante del PRD al solio presidencial también prescindió hablar de la regulación de precios por parte del Estado, con lo que dejó por fuera una importante palanca, que incluye al precio de sostén, para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Más allá de lo que hemos planteado en otros artículos, lo interesante a observa en este caso es como el candidato de ese partido se aleja de las propuestas de quien fue su creador. Para esto basta recordar lo planteado por el General Omar Torrijos Herrera el 11 de octubre de 1973 al referirse al problema del costo de la canasta básica: “… tuvimos que diseñar una política de producción nacional para poder producir las cosas básicas que nuestro país consume, a fin de poder regular lo que tenemos. Nadie puede regular lo que no existe”. A fin de cuentas estamos en una situación en la que de una u otra manera todos los partidos tradicionales se encuentran, de una u otra forma, vinculados con la política neoliberal que ha venido aplicándose en el país. Como hemos venido insistiendo solo se puede salvar al sector agropecuario rompiendo radicalmente con este enfoque.

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