La difícil situación económica

En momentos en que se debate sobre los retos hacia futuro de nuestra economía, resulta indispensable tener muy claro cuál es la actual situación de la misma. Para eso contamos con estadísticas que muestran los resultados del primer trimestre de este año. En relación a las exportaciones la comparación entre el primer trimestre del 2019 con las del mismo período del 2018 muestra una situación poco halagüeña.
Para comenzar, llama la atención que los ingresos por peajes del Canal de Panamá crecieron en apenas el 1.0%, mientras que el manejo de carga en los puertos creció en 3.2%, cifra que dista mucho de la que mostraría un sector dinámico impulsor de la economía.

Por su parte, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón prácticamente se desplomaron, al mostrar una tasa de decrecimiento de 17.3%, en condiciones en las que, además, las exportaciones locales de mercancías se redujo en 7.6%.

A todo esto se debe agregar que, aún con la celebración de la JMJ, los gastos de los visitantes del exterior en el país se expandió en tan solo el 0.64%, así como el hecho de que los depósitos bancarios provenientes del exterior se incrementaron apenas en 2.7%, a la vez que los préstamos al exterior se contrajeron en 1.0%. Se trata de una difícil situación para una economía que pretende comportarse como un modelo con crecimiento guiado por las exportaciones.

El problema está, además, en el hecho de que los fenómenos observados pueden mostrar una mayor permanencia que la de una simple coyuntura.

En este sentido se trata de tener en cuenta las tendencias observadas en el comercio exterior a nivel global, el cual habría perdido dinamismo, incluyendo su relación con el PIB. Más aún, la guerra comercial, tecnológica y financiera provocada por Trump no solo amenaza el crecimiento de la economía globalizada, sino con desarticular todo el entramado de las cadenas de valor. No son buenas noticias para una economía que busca desarrollarse en términos de la logística.

En las actividades guiadas hacia el mercado interno las noticias tampoco son halagüeñas. Es así que en una comparación entre el primer trimestre de esta año con respecto al mismo período del año anterior, encontramos que el costo de las nuevas construcciones, adiciones y reparaciones, indicador que apunta hacia el futuro, cayó en 25.0%, mientras que la producción de cemento gris y cemento premezclado se redujeron en 17.1% y 23.2%, respectivamente.

Todo esto muestra una situación decadente en el sector de la construcción, que ha sido un importante motor de crecimiento de la economía.

Por su parte, la producción material guiada hacia el mercado interno sigue mostrando problemas, teniendo en cuenta la continuidad del proceso de desindustrialización, que ha llevado a que este sector que en 1996 representó el 11.9% del PIB, solo explicara el 5.8% de este indicador en el 2018. A esto se debe agregar la posición colapsada que muestra el sector agropecuario.

Entonces, el análisis crítico sobre el actual modelo económico es crucial. No se puede evitar suponiendo que solo enfrentamos problemas estrictamente coyunturales.

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Barro Blanco: Renta, electricidad y pueblos originarios

por Juan Jované

La reciente reunión entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en que se han venido entregando los recursos naturales del país.

En relación a la posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo. En efecto, la delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de “project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión gubernamental?

Desde luego que parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso, antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica” del capital, aún cuando este visiblemente ha atentado contra los derechos humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la normativas ambientales del país. Esta repuesta, sin embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto permitirá evidenciar que la radical decisión del ejecutivo constituye una forma de defender dichos intereses creados.

Para comenzar, se debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en contra de sus propias promesas de campaña, un país plenamente disponible para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no se agota en este aspecto.

Existe otra razón, también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo de determinados recursos naturales. Esta entrega implica que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora utilizando el leguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente especulativo.

Se evidencia, entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así como los que corresponden al resto de la sociedad.

En este contexto la solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la política neoliberal. Ñagare Barro Blanco.

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La economía se habría desacelerado hasta una tasa cercana al 5.0%.

Hoy apareció en Balance Fiscal del Primer Trimestre. Su simple lectura permite los siguientes comentarios:

1. Los ingresos totales del llamado Sector Público No Financiero se incrementaron en apenas 1.7% con respecto mismo período al año anterior, lo cual de por sí es un indicador de una desaceleración de la economía. Esto se hace más claro si se tiene en cuenta que entre el primer trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015 los ingresos totales del Gobierno Central se redujeron en 4.8%, hecho que está relacionado con una caída de 4.3% de los ingresos tributarios y dentro de estos de 8.1% de los ingresos por impuestos indirectos, en los que el ITBMS juega un papel importante, el que, como es conocido, depende de manera importante del nivel de funcionamiento de la economía.

2. La relación entre ingresos totales y gastos totales déficit fiscal del Sector Público No Financiero de B/564.7. La situación, sin embargo, parece muy crítica en el caso del gobierno central donde el total del gasto supera al total de ingresos en 65.2%.

3. El problema del impacto del gobierno y su forma de administrar la economía queda claro en el hecho de que los gastos de capital del primer trimestre de este año en comparación al mismo período del año anterior muestran una caída de 40.4% en el caso del gobierno central y de 40.7% si se toma en conjunto el Sector Público No Financiero.

4. Si se asume una inflación de apenas el 3.0% anual se puede concluir que la economía se habría desacelerado hasta una tasa cercana al 5.0%.

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Transformación profunda o barbarie

por Juan Jované

El Holoceno, como lo ha reiterado Johan Rockströn recientemente, constituye para la humanidad la época geológica que puede ser calificada de su Jardín del Edén, ya que solo en la misma se pueden encontrar las condiciones planetarias capaces de sostener la vida en la forma en que la conocemos. De hecho la raíz griega del concepto contiene dos palabras holos que expresa todos y kainos que significa reciente, lo que nos recuerda que los hombres y mujeres somos parte de un sistémico complejo, que es a la vez reciente. Es solo en el contexto del Holoceno en que la humanidad logra aparecer y florecer.

Si bien el medio biofísico del Holoceno permitió a la aparición del llamado Homo Sapiens, también, por ese mismo hecho, dio lugar a la posibilidad de que esta especie transformara las condiciones ambientales hasta el punto de producir las condiciones de su propia ruina. Tal como lo ha ilustrado Jared Diamond en su notable libro Collapse, han sido muchos los casos en la que las sociedades complejas se han derrumbado debido al uso insostenible del contorno natural. Entre estas se encuentran, para dar un par de ejemplos, la sociedad Maya, así como la que habitó la Isla de Pascua. Estos fenómenos, sin embargo, solo constituyeron episodios aislados, que por su magnitud no constituían hechos globales.

El problema es que la humanidad está ahora frente al peligro de crear las condiciones capaces de hacer colapsar globalmente las condiciones de Holoceno. De hecho muchos autores han empezado a hablar de la Antropoceno, es decir de una nueva etapa en la que la fuerza principal de los cambio en el medio ambiente se encuentra en la actividad humana.

Es en este contexto que, junto a los cálculos de la Huella Ecológica, el enfoque de las Fronteras Ecológicas, desarrollado por un grupo de científicos vinculados a la Stockholm Resilence Center, constituye un valioso instrumento para evaluar la gravedad del asunto y llamar la atención la sobre urgencia de la acción. Es así que en la segunda versión de su evaluación sobre el estado del planeta, publicado el 16 de enero de 2015 en la revista Science, este equipo de científicos concluye que de las nueve fronteras biofísicas estudiadas cuatro ya han sido transgredidas. De estas dos, la integridad de la biosfera y la interferencia con los ciclos del nitrógeno y el fosfato, están en la llamada zona de riesgo, mientras que las otras dos, el cambio climático y el cambio en el uso de los suelos, simplemente se encuentran en lo que sería la zona de peligro.

La necesidad de una acción inmediata es evidente. Algunos como es el caso de Rockstöm, han asegurado que, de no darse ningún cambio en la tendencia observada, la ventana disponible para la estabilización climática cerraría en el 2023. El problema está, entonces, en precisar bajo qué condiciones sociales es posible lograr una acción efectiva que evite el creciente deterioro ambiental.
Para los llamados libertarios – liberales, mejor conocidos como neoliberales, el problema básicamente no existe. De acuerdo a su gurú favorito, Federick A. Hayek, la humanidad habría topado, prácticamente de manera casual, con el actual sistema que estaría en capacidad de lograr la mayor cantidad de vida humana posible. El mismo, pese a esta visión justificativa, esta a las puertas de generar una nueva extinción masiva de especies, incluyendo la nuestra

El problema del actual sistema está en su objetivo último: la acumulación de riqueza abstracta de manera permanente y sin límites en manos de unos pocos, lo que lo lleva a generar un choque creciente con el carácter finito del ambiente. Más aún, estamos frente a un modelo de economía que no resuelve los problemas ambientales, sino que simplemente los desplaza, ya sea trasladándolos geográficamente, con lo que termina globalizándolos, o introduciendo nuevas formas tecnológicas que a final de cuenta generan otros importantes problemas en el ambiente.

Se trata, además, de un modelo de economía que genera creciente costos ambientales, los cuales lejos de ser asumidos por los sectores económicamente dominantes, son trasladados y cargados sobre el conjunto de la sociedad y, principalmente sobre los sectores más vulnerables. Esto explica por qué hoy se habla de intercambio ambiental desigual.

Es necesario, entonces, tomar conciencia sobre la necesidad de superar el actual sistema, el cual carece de todo sentido de equidad. Se trata, además, de realizar el necesario esfuerzo por construir una sociedad basada en la solidaridad intrageneracional e intergeneracional, la cual practique el pleno respeto de la vida y, por tanto, de la naturaleza.

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Las Matemáticas del Gobierno de Varela

El ministro de la presidencia Alvaro Alemán, tratando de demostrar que todo está bien en el país, declaró ayer que el PIB de Panamá creció en 6.3% durante el año 2014, destacando que esto es seis veces más que el promedio de América Latina. Se trata de una visión un tanto extraña si se tiene en cuenta que:

1. La cifra correcta del crecimiento no fue de 6.3%, según el INEC la misma alcanzo a 6.2%. La diferencia parece pequeña pero los ministros deberían utilizara con exactitud los datos exactos.

2. El ministro debería entender que una cifra que se compara siempre es relativa a aquella que le sirve de contraste. Así por ejemplo, se podría decir que en el crecimiento de la economía panameña en el 2014 fue un tercio inferior al observado durante el trienio 2011 – 2012, cuando la economía creció a una tasa promedio anual de 9.3%. Se puede observar, entonces, una desaceleración de la economía, siempre y cuando se manejen adecuadamente las estadísticas.

3. Si se tiene en cuenta, por otra parte, que el actual gobierno solo actuó en la segunda mitad del año 2014, resulta todavía más evidente el fenómeno de la desaceleración señalada anteriormente. Es así que mientras que en el tercer trimestre del 2013 el PIB creció a una tasa del 7.9%, en el mismo período del 2014 solo lo se registra un crecimiento del 6.5%. Así mismo se puede observar que durante el cuarto trimestre del 2013 del PIB creció a un ritmo de 6.5%, este agregado económico se expandió en 11.4%.

A final de de cuenta el señor ministro debería estar más preocupado por explicar la desaceleración, la cual puede tener múltiples variables explicativas, que por tratar de utilizar la cifras con fines propagandísticos.

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La democracia de baja intensidad

por Juan Jované

Si entendemos, como lo hace Amartya Sen, que la democracia está asociada al ejercicio de la libertad, tendremos que concluir que en nuestro país esta, en el mejor de los casos, solo alcanza un nivel que podríamos calificar de democracia de baja intensidad. Esto se evidencia, para comenzar, si tenemos en cuenta que muchos panameños y panameñas siguen careciendo de las condiciones mínimas que les permitirían ser sustantivamente dueños de sus propios destinos.

Difícilmente podemos hablar, para dar un ejemplo, de un efectivo ejercicio de la libertad para ese 15% de la población que se encuentra en condiciones de inadecuación alimentaria. Peor aún son las perspectivas de ese 19% de los niños menores de cinco años que muestran algún nivel de desnutrición. Así mismo, para dar otro ejemplo, debemos recordar que cerca del 28.0% los jóvenes que deberían estar atendiendo la educación media y premedia se encuentran excluidos del sistema educativo.

Detrás de esto está la estructura económica concentrante y excluyente, que lleva a que el 50% más pobre de la población reciba apenas el 15.8% de los ingresos, mientras que el 10% más rico acapara el 39.4% por ciento de los mismos. Se trata, vale la pena añadir, de una estructura incapaz de generar un empleo decente para todos, elemento que se refleja en el hecho de que cerca del 40% de los trabajadores no agrícolas están en condiciones de informalidad.

Si se hace referencia hacia el hecho de que la democracia implica la autodeterminación y la práctica de la soberanía, también nos encontramos con importantes limitaciones. Es conveniente recordar, entonces, que el país solo ha podido operar en un esquema que necesita importar anualmente recursos financieros externos por un monto equivalente a cerca del 11.0% del Producto Interno Bruto. Más aún, hemos tenido que importar al año cerca de B/. 1,300.0 millones en alimentos, lo que significa una profunda ausencia de soberanía alimentaria.

Si entendemos, tal como lo afirma el Diccionario de la Real Academía Española, que la democracia es el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”, nuevamente tenemos que concluir que Panamá está lejos de concretar las condiciones mínimas. Más allá de un sistema de elección formal, que restringe la democracia a un voto que se ejerce cada cinco años, con escasa capacidad popular de exigir una efectiva participación y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, nos encontramos en una clara situación de plutocracia. En esta el orden electoral simplemente favorece a una partidocracia, la cual está financiada y controlada por los sectores económicamente dominantes, quienes utilizan el poder político adquirido con sus recursos económicos para reproducir y profundizar el modelo concentrante y excluyente del sociedad, con el fin de ampliar su acumulación de riquezas. A la vez, como cada vez se hace más claro, utilizan ese poder político para depredar al resto de la sociedad con la práctica de la llamada acumulación por desposesión, la cual se sostiene en la corrupción franca y abierta.

Si la democracia significa la libertad de palabra y el libre juego de las opiniones, nuestro país nuevamente muestra enormes carencias. En el plano ideológico resulta más que evidente que los grandes medios de difusión de ideas muestran un alto grado de concentración en términos de la propiedad, la cual les entrega a los sectores dominantes un enorme poder, capaz, incluso, de generar efectos de despolitización y sumisión sobre la población afectada por el modelo concentrante y excluyente. A esto, se debe añadir un proyecto de educación el cual, refugiado en el concepto de que la misma debe concentrarse exclusivamente en la formación de la fuerza de trabajo calificada, desprecia el papel fundamental que tienen los procesos educativos para formar ciudadanos activos, capaces de entender y defender sus derechos organizadamente.

En el plano de las ideas, se puede añadir, la visión neoliberal, predominante en los anteriores y el actual gobierno, resulta efectivamente reacia a la democracia de amplia base social. Es así que Robert Barro, uno de los más importantes ideólogos del neoliberalismo, simplemente afirma que “mayores derechos democráticos crean una fuerte presión a favor de programas sociales de redistribución de la riqueza. Estos… disminuyen los incentivos a la inversión…, por lo que perjudican el crecimiento”. Se trata, desde luego, de un pensamiento fundamentalista, que en la palabra de F. Hayek asegura que la expresión justicia social “carece de sentido”.

A final de cuentas, se debe concluir que la democracia incluyente, deliberativa y con protagonismo popular sigue siendo en nuestro país un proyecto por construir.

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La teoría libertaria y la corrupción

por Juan Jované

Para los seguidores del llamado enfoque libertario de la economía, cuyos grandes padres fundadores son Hayek y Friedman, los mercados que funcionan con plena libertad son una especie de ungüento milagroso, capaz de resolver cualquier problema. En efecto, de estos se espera una asignación óptima de los recursos, un estado de satisfacción que no se podría mejorar (óptimo de Pareto), así como una distribución de los ingresos consistente con la justicia distributiva. La realidad hoy muestra que se trata de una visión ideológica, totalmente alejada de la realidad.

En efecto, luego de un largo dominio de esta visión sobre la política económica, es posible advertir enormes fallas de mercado. La más clara está dada por el enorme peligro que representa el cambio climático global, producto de la acción de los mercados no regulados, impulsados por el afán de lucro. No menos importante, es el hecho de que el modelo ha generado una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos, así como de la riqueza, hecho descrito claramente en el reciente libro de Thomas Piketty publicado bajo el título de El Capital en el Siglo XXI. A esto se suma la enorme falla de los mercados financieros desregulados, que, guiados por la avaricia de los banqueros y financistas, generaron la reciente Gran Recesión.

El fracaso del mal llamado enfoque libertario tiene su base en el desconocimiento, exprofeso desde luego, de las condiciones en el que el mercado podría tener resultados relativamente parecidos a los que proponen: agentes económicos totalmente racionales, ausencia de monopolios y oligopolios; bienes no diferenciados; libre entrada y salida de los mercados; información completa y simétrica para todos los que participan en el mercado; ausencia de bienes públicos (no excluyentes no apropiables); ausencia de economía de escala; mercados completos, es decir para toda clase de futuros y hechos inciertos. El libre mercado, cosecuentemente, no es igual a la inexistente competencia perfecta.

El segundo argumento de quienes se autodenominan libertarios es que, como lo propuso Hayek, el mercado es la expresión más alta de la libertad humana. Se trata, teniendo en cuenta el enfoque de A. K. Sen, de una posición puramente ideológica. Un ejemplo aclara esto: ¿cuánta libertad tendrá un joven proveniente de una familia pobre que no puede adquirir educación y salud en el mercado? Es evidente que el mismo tendría un mayor campo de ejercicio de su libertad en el caso de que el Estado asegurara estos servicios para todos.

Los problemas de la visión libertaria – neoliberal frente al tema de la libertad se hace más evidente si se tiene en cuenta que el funcionamiento del libre mercado, por su tendencia a generar resultados concentrantes y excluyentes, también provoca una clara diferencia de poder entre los ciudadanos comunes y quienes dominan amplios recursos económicos y financieros. Estos últimos, entre otras cosas, terminan por convertir su poder económico en poder político, en condiciones que su control sobre los órganos del Estado le sirven para acrecentar, vía el despojo y la rapiña, su proceso de acumulación de capital.

Entre las consecuencia, totalmente ocultas por la corriente libertaria – neoliberal, está el hecho de que el secuestro del gobierno por parte de los poderes económicos lleva a eliminar la posibilidad de regulaciones sociales efectivas. Es así, por ejemplo, que los intereses económicos globales utilizaron su poder político para generar una amplia desregulación de los mercados financieros, dando lugar a las condiciones que llevaron a la crisis global que todavía afecta a la economía mundial.

El elemento más importante en esto tiene que ver con la corrupción. Poner, como lo hace el enfoque libertario, al individualismo extremo, junto a la búsqueda desenfrenada de la ganancia y de la riqueza, como la base última de la sociedad tiene graves consecuencias. En efecto, cuando, para decirlo con las palabras del Papa Francisco, el dinero aparece como el dios, la búsqueda del enriquecimiento por cualquier vía, incluyendo la corrupción, se convierte en la finalidad última. La visión que hemos venido criticando se constituye, entonces, en una de las bases sobre la cual se ha venido tejiendo la cultura de corrupción que hoy aqueja a nuestra sociedad.

A final de cuentas el enfoque libertario – neoliberal no es más que una forma ideológica útil a los sectores económicamente dominantes y su corrupción. Se hace, entonces, imprescindible combatirlo tanto en el campo de las ciencias sociales, como en el de la cultura y la acción política. Así mismo se hace indispensable desarrollar una visión humanista, profundamente solidaria, la cual dé lugar a un mundo mejor para todos.

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Otra contradicción del plan Varela – de la Guardia: la política agropecuaria

por Juan Jované

De acuerdo a declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario a un medio escrito de la localidad, el rescate del sector necesita de una inversión de B/. 2,500 millones durante el próximo quinquenio. De este total, de acuerdo al ministro, B/. 1,200 millones tendrían que ser aportados por el gobierno y el resto (B/. 1,300 millones) por el sector privado.

El Programa Estratégico 2015-2019, elaborado por una empresa extranjera, propuesto por el ministro de Economía y Finanzas y aprobado por el Consejo de Gabinete, el cual contiene el Plan de Inversiones Indicativo, solo le asigna al sector agropecuario una inversión pública equivalente a B/. 879.4 millones para el quinquenio, cifra que solo representa el 72.4% de lo propuesto por el ministro de desarrollo agropecuario como mínimo indispensable. ¿Dónde quedaron, entonces, las promesas del presidente sobre el sector agropecuario? ¿Cómo es posible que dentro del mismo gobierno los ministros ni siquiera estén de acuerdo en las cifras del programa recientemente elaborado? Es claro, por cierto, que en estas circunstancias alguno de los dos ministros sobra en el gabinete, siempre y cuando se trate de gobernar con responsabilidad. Esto es claro teniendo en cuenta que el propio ministro de Desarrollo Agropecuario reconoce que para el 2015 el presupuesto asignado es inferior en 20% al necesario.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario no logra explicar cómo se puede lograr una inversión privada de B/. 1,300 millones en el próximo quinquenio, teniendo en cuenta la presencia del Tratado de Promoción del Comercio con EE. UU, país que muestra una productividad por trabajador catorce veces más elevada que Panamá.

La idea del ministro de Desarrollo Agropecuario de reconvertir a los empresarios de la Zona Libre de Colón en productores agropecuarios resulta, para usar un término no ofensivo, poco probable y carente de factibilidad. Lo lógico sería, sin dudas, potenciar la capacidad de quienes han mostrado el esfuerzo y la voluntad de mantenerse produciendo en el sector, pese a las difíciles condiciones en que prevalecen en el mismo.

La tendencia, a despreciar a los pequeños y medianos productores que se orientan al mercado interno, así como la plena aceptación del aperturismo indiscriminado, que inevitablemente los llevará a desaparecer, se percibe claramente en el contenido del Programa Estratégico. Este, en su página 49, afirma que “los obstáculos para una transformación de la producción agropecuaria se concentra en el sector de subsistencia y en aquél orientado al mercado doméstico que todavía se encuentra al amparo de medidas de protección comercial”. Las empresas transnacionales podrán recibir hasta 30% de deducción del impuesto sobre la renta, los productores nacionales nada.

Se muestra así una política que, pese a su formulación publicitaria, niega rotundamente el objetivo de seguridad con soberanía alimentaria.

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Seguridad social: la solidaridad contra la codicia

                                                                                                                             

  

 por Juan Jované

Panamá es un país con una extrema concentración de los ingresos. Es así que, de acuerdo a estadísticas recopiladas por la Cepal, mientras que al 10% más pobre de la población le corresponden apenas el 1% de los ingresos, el 10% más rico acapara el 40.2% de los mismos. Dicho en otras palabras por cada balboa que se gana el primer grupo el segundo obtiene cuarenta balboas. Se trata, además, de una elite económicamente dominante, la cual históricamente ha utilizado su poder económico para dominar en la esfera política, con el fin de reproducir y acrecentar su status económico.

Consecuentemente, de acuerdo a información recopilada por el FMI, Panamá tiene la tasa de impuestos sobre la renta más baja en Centroamérica para las corporaciones y las personas de los más altos niveles de ingreso. Si la comparación se hace con el conjunto de América Latina se observa, entonces, que las tasas correspondientes a Panamá están por debajo del promedio de la región.

La tendencia hacia la voracidad de los sectores económicamente dominantes aparece nítidamente dibujadas en las resientes discusiones en torno al sistema de seguridad social, catalizadas por la discusión en torno al impuesto sobre la gasolina. Lo que, para cualquier observador independiente, resalta a la vista es el interés que tienen estos sectores de que la solución no contenga un efectivo componente de redistribución del ingreso, ni por un compromiso real con la solidaridad. No extraña, entonces, que el más alto representante de los comerciantes del país haya propuesto que el incremento de las pensiones se financie con una reducción a los subsidios, enfatizando, desde luego, en los que benefician a los consumidores más pobres de energía eléctrica y a quienes utilizan el tanque pequeño de gas. En pocas palabras, el necesario aumento a las pensiones lo deben pagar los más pobres, incluyendo a los propios pensionados. La naturaleza cerrada, carente de sentido de equidad y justicia social también aparece claramente en la posición manifiesta del representante de los industriales, quien recientemente declaró que “espera que no les quiten los incentivos a la empresa privada ni a las industrias”.

Estos representantes de los sectores económicamente dominantes olvidan, para su beneficio, que el origen del problema está en las decisiones que ellos mismos tomaron en una colusión abierta con el entonces gobernante PRD y el ahora Partido Panameñista, dando lugar a la Ley 51 Del 27 de diciembre de 2005. Esta Ley dividió el programa de Invalidez Vejez y Muerte en dos subsistemas. El primero es el de beneficio definido, el cual sigue un esquema efectivamente solidario, mientras que el segundo, calificado de mixto, es un sistema en el que predominan las cuentas individuales y la carencia de solidaridad.

La Ley 51 determinó que las finanzas de los dos sistemas están absolutamente separadas y que, además, todas las personas nuevas que ingresaran en el sistema deberían hacerlo al llamado sistema mixto. Fue de esta manera que la colusión entre la partidocracia y los sectores económicamente dominantes firmaron la sentencia de muerte del subsistema solidario, ya que lo condenaron a tener que atender a un cada vez más grande numero de pensionados, sin poder contar con un mayor número de cotizantes, los cuales, como es lógico, tenderían a decrecer en el tiempo. Más aún, con pleno conocimiento de causa, no establecieron lo que es usual en estos casos: la responsabilidad estatal de asegurar el financiamiento necesario para respaldar las pensiones de quienes quedaron activos en el subsistema solidario, afectando así a prácticamente toda una generación.

Hoy lo sectores económicos dominantes y de la partidocracia que de manera consciente e irresponsable generaron el problema no solo tratan de ocultar el origen del mismo. También intentan cargar el costo sobre los trabajadores cotizantes, imponiendo medidas tales como el incremento de la edad de jubilación, el aumento del número de cuotas requeridas y la reducción del cálculo de las pensiones. Se trata de mecanismos, que por su naturaleza, implican un fraude que afecta a toda una generación que pese a cumplir con sus obligaciones sociales sería tratada sin solidaridad. Su aplicación sería el triunfo de la codicia sobre la solidaridad.

La real y verdadera solución esta, en primer lugar, en volverle a dar el espacio de solidaridad necesario al sistema de seguridad social. En segundo lugar, en entender que los aportes del Estado serán fundamentales para estabilizar el sistema. El país necesita en este y otros aspectos de una efectiva aplicación de los principios de la justicia social.

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Plan Estratégico: falta de transparencia y promesas electorales

por Juan Jované

Solo después de un mes de su aprobación formal podemos contar con una versión del Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 2019. La manera de su adopción y publicación da lugar a serias dudas sobre la transparencia con que se manejó su confección y divulgación.

En relación a su confección, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 9 de octubre de 2014, la misma fue entregada a la firma extranjera “Estudios Proyectos y Planificación S. A.”, hecho que resulta inaudito, dado que el mínimo ejercicio de la soberanía nacional pasa por asegurarnos que la política económica y social del país sea elaborada por los propios panameños. Nisiquiera los términos de referencia de este contrato no se originaron en base a requisitos estrictamente nacionales. Es así que en la nota de prensa antes mencionada se establece que “EPYSA, después de la evaluación técnica, obtuvo el mayor puntaje, según criterios establecidos por el BID”, es decir por el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí surge una pregunta: ¿quién determina en Panamá los criterios para desarrollar nuestra política social, económica y financiera? ¿Será que parte de la política de la actual administración del MEF es convertirnos en una especie de neocolonia?

El proceso de aprobación y publicación del Plan Estratégico 2014 – 2019, que la Ley obliga hacer en los seis primeros meses de gobierno, tampoco aparece exento de anomalías y faltas de transparencia, la sucesión de hechos vinculados al mismo así lo demuestran. Tal como es conocido, en el contenido de la Gaceta Oficial No 27687-A publicada el miércoles 24 de diciembre de 2014 se encuentra, entre otras cosas, la Resolución de Gabinete 183 de 23 de diciembre de 2014, en la cual se resuelve “aprobar el Plan Estratégico”, afirmando, además, que el mismo “se integra y forma parte de la presente Resolución”. Pese a esto, en dicha Gaceta no se publicó dicho plan, con lo cual el ejecutivo quedaba en moratoria con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la cual señala taxativamente que “el Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de presentar al Consejo de Gabinete el plan estratégico de gobierno, el cual será adoptado y publicado por el Órgano Ejecutivo, para fines de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad”. Esto significó que entre el 23 de diciembre de 2014 y el 27 de enero de 2015, el ejecutivo, al no publicar con la debida celeridad el Plan Estratégico 2014 – 2019, se colocó abiertamente fuera de la Ley, habida cuenta de lo que establece el artículo 18 de la Constitución en términos de la omisión del deber de funcionario público.

El asunto, sin embargo, no queda solo en esto, sigue desarrollándose en la clara maniobra que se utilizó para intentar salvar la situación. En efecto, en la Gaceta Oficial No 27708-A de 27 de enero de 2015 se da a conocer el Decreto Ejecutivo No 689, supuestamente elaborado el 26 de diciembre de 2014, es decir un mes antes, al que se adjunta por primera vez el Plan Estratégico. ¿Qué puede explicar esta extraña situación? ¿Sería que el plan estratégico no estaba efectivamente completado en la fecha de su aprobación (23 de diciembre de 2014)? ¿No se trata de una táctica gubernamental que atrasó la presentación de un plan, en el que se traicionaban algunas promesas de campaña, esperando un momento en que, como el actual, la población se encontraba distraída en otros asuntos?

Esta última posibilidad podría ejemplificarse con el caso de la minería. En efecto, mientras que en el Plan de Gobierno 2014 – 2015 presentado por el presidente durante la campaña política se aseguraba, en términos muy firmes, que “declararemos una moratoria de nuevas concesiones mineras en Panamá y revisaremos las concesiones vigentes”, en el Programa Estratégico de Gobierno 2014 – 2019 se argumenta que “el sector minero ofrece un interesante potencial de desarrollo, es un polo de atracción de la inversión extranjera, contribuye a aumentar las exportaciones de bienes y los ingresos fiscales…” . La última afirmación, dicha sea de paso, no solo se aleja de la promesa de campaña, si no que coincide con los señalamientos e intereses de los organismos y capitales financieros internacionales, los cuales parecen ser los que realmente animan a la actual política gubernamental.

Estos breves elementos no agotan, desde luego, la crítica al Plan Estratégico de Gobierno 2014 – 2019, el cual simplemente aparece como la continuidad del plan del gobierno anterior. Tendremos, por tanto, que dedicar alguno de los próximos artículos a este tema.

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Carta Abierta a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Panamá 28 de enero de 2015

Señores Magistrados:

La Corte Suprema de Justica si bien aceptó investigar a Martinelli por el caso del PAN, también decidió excluir a quienes somos ciudadanos comunes como parte de la causa. La razón que se utilizó fue que el Profesor Jované no es víctima.

Se trata de una razón que en mi formación de ciudadano, docente y economista me parece carente de sentido. Es por esto que, pensando en la necesidad de defender y consolidar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a actuar libremente en defensa del bien común he decidido redactar la presente carta, haciéndola, además, pública, con el fin de que sirva al debate de los temas aquí expuestos.

Dado, entonces, que la lesión patrimonial que se está investigando se refiere a fondos públicos, me llevan a realizar las siguientes reflexiones:

1. Según las estadísticas oficiales los panameños pagamos, en el 2013 para tomar un ejemplo, 7.5 miles de millones de balboas en impuestos. Es evidente, que en la medida que esos fondos sean objeto de peculados o cualquier tipo de rapiña nos hace a todos y todas víctimas de dichos delitos. Creo que Uds. compartirán conmigo la idea de que los ciudadanos no pagamos impuestos para que estos sean objeto de robo.

2. Es conocido el hecho de que el principal activo de los panameños es el Canal de Panamá y que, de acuerdo a la información disponible, los aportes del mismo al fisco superan los mil millones de balboas anuales. Es lógico, entonces, concluir que cualquier forma de rapiña contra los fondos públicos, esto es cualquier forma de uso corrupto de los mismos, está perjudicando a todos los panameños que, a final de cuentas, son los verdaderos dueños de la obra interoceánica. ¿No les parece a Uds. que esta es la antítesis del objetivo de lograr el uso más social posible de la reversión, lo cual nos hace victimas a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas?

3. Un problema grave de nuestra economía es que la deuda pública ha mostrado un crecimiento vertiginoso, que la llevó a pasar de 10,972.3 millones al finalizar el 2009 hasta 18,260 millones de balboas al finalizar el 2014, esto sin contar la deuda referida a los contratos llave en mano, la deuda de ETESA, la de ENA, la del Aeropuerto de Tocumen y la que guarda relación con la ampliación del Canal de Panamá. En este contexto cualquier mala utilización de los fondos públicos en un país cuyo déficit lo obliga a endeudarse genera una doble victimización de todos los panameños: no solo habríamos perdido el dinero producto de la malversación de los fondos públicos, sino que adicionalmente tendríamos que pagar esa deuda. ¿No somos todos y todas víctimas de esta situación, incluyendo a las futuras generaciones que heredarán la deuda pública?

4. Bien conocido es, por otra parte, el hecho de que los delitos contra el patrimonio público encarecen los servicios y las obras públicas. De eso se trata el sobre costo. En ese sentido no son pocos los economistas que consideran la corrupción como una especie de impuesto perverso, el cual evita que gocemos, en forma de servicios y obras públicas de una buena parte de los gastos públicos. ¿Cómo nos podemos calificar quienes sufrimos de esta situación si es que se nos está vedado reconocernos como víctimas?

5. Un hecho conocido en la economía es que la corrupción, en la medida que eleva el costo de hacer transacciones en un determinado mercado encarece lo que, en un lenguaje excesivamente diplomático, llamamos costos de transacción e incertidumbre, lo que termina afectando, más temprano que tarde, los niveles de inversión, crecimiento y empleo. Por muchos años he tenido la suerte de dar clases de Principios de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, intentado transmitir esta idea básica a mis estudiantes, tratando de hacer claro que la corrupción afecta gravemente a todos los ciudadanos del país, haciéndolos víctimas de una situación indeseable. Se trata a mi juicio de uno de los puntos donde más claramente se sintetiza el conocimiento del derecho y de la economía.

6. Además, existen costos que difícilmente se pueden cuantificar pero que son reales. Entre estos estaría preguntarse cuánto vale para cada ciudadano honesto el desprestigio que se puede sentir en relación a la imagen que la corrupción generalizada proyecta hacia el exterior. Si el bienestar, como argumentan los economistas, está vinculado con la satisfacción que se puede experimentar frente a determinados bienes, servicios o hechos circundantes, entonces estamos frente a un costo real. Es peligroso no reconocer este tipo de costo dado que los mismos no tienen una manifestación en el mercado, ya que esto llevaría a desconocer otros que son tan importantes como el aquí mencionado, tal y como son los servicios ambientales.

7. Tengo una profunda preocupación por lo que la decisión que han tomado pueda tener en el futuro en torno a los conflictos ecológicos, donde se reconocen intereses tan difusos como son los relacionados con el servicio ecológico de existencia, el que se refiere al derecho que tiene todo ciudadano o ciudadana a tener la satisfacción de que un activo ecológico siga existiendo, aún cuando no les toque gozarlo directamente. No me queda duda que los honorables magistrados conocen a cabalidad el importante papel que jugó este elemento en el caso del Exxon Valdez.

A final de cuentas sigo sin entender por qué no puedo sentirme victimizado, junto al resto de los ciudadanos del país por los actos de corrupción que como ciudadano responsable me sentí obligado a querellar. Por eso acudo a Uds. - descartando la hipótesis de que se trató de una simple decisión política – para que me ilustren sobre las causas concretas que sustentan la decisión que tuvieron a bien tomar, la cual me parece que afecta los verdaderos derechos éticos de todos los ciudadanos, confinándolos a un rol pasivo en la lucha contra la corrupción.

Agradeciéndoles su atención, quedo de Ud.

Atentamente,

Juan Jované
Ced: 3-46-269 



La decisión de excluirnos del proceso por "no ser victimas", es contrario también a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, en su Art 13:

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Los aguinaldos navideños del presidente

El nepotismo, el PAN, los acuerdos de espaldas a la ciudadanía, las mentiras del precio de la canasta básica, son algunos de los muchos regalos del presidente al pueblo panameño, es decir, más de lo mismo.

Si bien los diputados, sobre todo los más próclives a la corrupción y al clientelismo, pueden estar agradecidos con el ejecutivo por el espurio aguinaldo navideño por el que se les entregó a cada uno B/25 mil para uso político, lo mismo no es cierto para el resto de la población. Esto se evidencia en el contenido de un conjunto de resoluciones aprobadas en los días previos a la Navidad, con la obvia y dolosa intención de hacerlo en una fecha en la que la población se encuentra distraída en los tradicionales festejos de fin de año.

Es así, en primer lugar, que en la Gaceta Oficial No 27687-A, publicada el miércoles 24 de diciembre, aparece la “Resolución de Gabinete No 185 De 23 de diciembre de 2014”, en la que se resuelve “autorizar la expedición del pacto social de constitución de la sociedad que se denominará Metro de Panamá S. A”. Esta nueva sociedad, si en principio se constituye como propiedad pública, ya que sus “acciones serán emitidas en un 100% a favor del Estado”, lo cierto es que el propio pacto social aprobado en la resolución contiene la semilla de su objetivo básico, que no es otro que promover su privatización. Esto queda claramente demostrado si se tiene en cuenta que el artículo quinto del pacto social señala que “la Junta de Accionistas, mediante el voto favorable de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulación, y con derecho a voto, podrá reformar este pacto social de conformidad con lo que establezcan la leyes de la República de Panamá”. En pocas palabras, una junta directiva altamente influida por los intereses privados, incluyendo a los donantes de la última campaña, pueden estos de un solo plumazo introducir a los privados en el negocio.

De hecho, todo el pacto social está ajustado para permitir la participación privada en la sociedad anónima, destinada a aprovechar un negocio con una rentabilidad asegurada por los subsidios estatales. Es así, solo por dar un ejemplo, que dicho pacto señala que “podrán celebrarse reuniones extraordinarias de Asamblea de Accionistas… cuando medie solicitud accionistas que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones emitidas en circulación”. ¿Cómo puede haber un 20% de acciones distintas al 100% que serían del Estado? De hecho el interés de utilizar el Metro como mecanismo de acumulación por desposesión para a el lucro privado aparece claramente reflejado en el artículo décimo segundo del pacto social que faculta a la Junta Directiva a “autorizar suscripción de contratos bajo las modalidades de arrendamiento, venta, concesión, fideicomiso, cesión, uso temporal, custodia, hipoteca y de más formas de disposición, de acuerdo a los límites establecidos por reglamentación de la Junta Directiva”.

En segundo lugar, en la misma Gaceta Oficial que hemos venido comentando, aparece la Resolución de Gabinete No 180. Esta está destinada a “autorizar al ministro para Asuntos del Canal que proponga, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que establece exoneraciones fiscales, a la empresa a la que la Autoridad del Canal de Panamá otorgue, mediante contrato, la concesión para el diseño, construcción y operación de un complejo portuario…”, El actual gobierno simplemente opta nuevamente por entregar gratuitamente los recursos naturales del país, en este caso su posición geográfica, para el usufructo de las transnacionales, despojando a la nación de una importante renta necesaria para el desarrollo con equidad.

En tercer lugar, la gaceta No 27687-A también contiene la Resolución de Gabinete No 183 De 23 de diciembre de 2014, la cual resuelve “aprobar el Plan Estratégico de Gobierno, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas,…”. Esto significa que sin mayor consulta a la población, sus organizaciones y gremios, el gobierno nacional adopta su Plan Estratégico de Gobierno para los próximos cinco años. El hecho de que su simple presentación a la población se haga luego de su aprobación definitiva, muestra que el gobierno, si bien se preocupó por discutirlo con los organismos financieros internacionales, sobre todo con el FMI, no tuvo ningún interés de recoger las opiniones de los diversos sectores de la población.

En base a todo lo anterior resulta fácil concluir que nos encontramos frente a un gobierno con una clara tendencia privatizadora, que muestra, además, un evidente sentido antinacional y un notable y repetido desprecio por la opinión de la sociedad. Frente a esto solo queda reforzar nuestra disposición de renovar y profundizar en el 2015 la lucha por lograr la verdadera refundación nacional, la cual se base en un proceso constituyente originario.

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Otra mentira del presidente Varela: el ahorro de B/. 63.11 en Canasta Básica

Nuevamente el gobierno trata de confundir a la población.

El Ministerio de Economía y Finanzas, en una reciente e inusual nota de prensa, ha afirmado que la política de control de precios del presidente Juan Carlos Varela Rodríguez ha permitido un ahorro de B/. 63.11 en el costo de la canasta básica familiar. Esto amerita los siguientes comentarios:

1. Si se lee con cuidado la citada nota de prensa queda claro que la cifra se refiere al supuesto ahorro acumulado en los últimos cinco meses (julio – noviembre), por lo que para encontrar el valor mensual promedio se tendría que dividir la misma entre 5. De ahí resulta una cifra mensual de apenas B/. 12.62, la cual contrasta con las promesas del presidente de generar un ahorro mensual d B/. 58.00. En sus propios términos la meta mostraría un nivel de incumplimiento del 78.2%.

2. Más allá de eso, el supuesto ahorro no toma en cuenta el alza de precios de algunos productos que no están sujetos a la política de control de precios. Hasta octubre el azúcar mostraba una tasa de crecimiento de su precio equivalente al 10.5%, mientras que a nivel mundial su precio se redujo en 8.2%. El café y el té, por su parte, sufrieron un incremento de precios de 5.4% en el mismo período, mientras que los quesos, la mayor parte de los cuales no tienen precios controlados, mostraron un crecimiento de precios anuales equivalente al 10.3%. Hasta octubre el índice de precios de alimentos y bebidas se elevó en 2.1% anual.

3. Lo que parece peor en todo esto es la falta de probidad científica en el manejo de los datos. Esto es claro en tres elementos claves:

a. El ahorro, como se le enseña a todo estudiante principiante de economía, es una variable flujo, es decir su valor solo tiene sentido si se hace referencia al lapso de tiempo en que ocurre el fenómeno. Tratar de confundir el ahorro en cinco meses con el mensual solo tiene dos explicaciones: un intento de falsear la realidad o un desconocimiento total de cómo se manejan los conceptos económicos.

b. Eliminar de la canasta básica alimenticia productos tan fundamentales como el azúcar, el café, el aceite comestible y otros no tiene ninguna explicación racional. ¿Será que alguno de los productos excluidos están relacionados con donantes de la campaña política?

c. El hecho de que se haya cambiado en noviembre el año base del Índice de Precios al consumidor y no se haya calculado el mismo ni siquiera para el 2013, no solo dificulta el análisis de la inflación de alimentos, de hecho prácticamente liquida la posibilidad de utilizar este instrumento para la evaluación de la política de precios gubernamentales.

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¿Panamá o la Isla de Tortuga?

por Juan Jované, coordinador general del MIREN

Los recientes hechos que han venido evidenciando la extendida y profunda corrupción que ha estado corroyendo el manejo de los fondos públicos imponen, por la gravedad de la situación, realizar una indagación sobre su origen y naturaleza. Solo de esta manera será posible llevar adelante la lucha contra el flagelo económico, social, político y ético que la misma significa.

Desde una visión tradicional el concepto de corrupción se refiere a las actividades dolosas de los funcionarios públicos. Es en este sentido que Aristóteles en “La Política” define la corrupción como las acciones “de los gobernantes que se reparten entre sí la fortuna pública contra toda justicia”. Es claro, además, que en un mundo dominado por las relaciones mercantiles, esta definición debería ampliarse para incluir a los agentes que desde el sector público actúan para participar y promover el saqueo de la riqueza y los fondos públicos. La investigación oportuna y la certeza de la pena han de recaer tanto sobre los funcionarios públicos, como sobre los agentes privados que hayan cometido actos de corrupción. Ello, sin embargo, no es suficiente.

La lucha contra la corrupción necesita de un profundo análisis institucional. Este debe partir de la idea de que las instituciones están constituidas por reglas de juego, sostenidas en mecanismos de forzoso cumplimiento, las cuales generan estructuras de incentivos. Es decir que, tal como lo entendía John Commons, impulsan y promueven determinadas formas de comportamiento social. Esto significa que en la medida que existan instituciones que faciliten y promuevan la corrupción, tarde o temprano, la misma resurgirá, por más que se castigue a los corruptos de hoy. Para expresarlo con palabras más sencillas: es seguro que en la Isla de Tortuga de los piratas también existían instituciones, todas estas destinadas a promover la piratería.

El enfoque presentado nos permite destacar las falencias de la actual administración en términos de la necesaria lucha contra la corrupción. Se trata de un hecho claro, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en las normas presupuestarias que acompañan al presupuesto del 2015, diseñadas por el actual gobierno y aprobadas por la cohabitación Partido Panameñista – PRD que domina la Asamblea, se mantiene la regla que permite que las compras del PAN no tengan la obligación de cumplir con la Ley 22 de 2006, la cual regula las contrataciones públicas. Así mismo, esta última Ley sigue conteniendo todas las facilidades que hacen posible las contrataciones por excepción, incluyendo las compras directas, que han sido ampliamente utilizadas por la anterior y actual administración, así como los llamados proyectos llave en mano.

Profundizando el análisis aparece una importante pregunta: ¿cuál es el origen de determinadas formas institucionales? La respuesta está en la Economía Política. Es claro que una sociedad donde el lucro individual se convierte en el objetivo primordial, en la que todo, hasta la conciencia, se convierte en mercancía. es un campo fértil para el surgimiento de instituciones guiadas a la corrupción. Esto es sobre todo cierto en el caso de las economías neoliberales en las que la llamada “acumulación por desposesión”, es decir la rapiña y la eliminación de derechos sociales, se ha convertido en un asunto cotidiano. Se equivocan quienes pretenden “combatir la corrupción” manteniendo la sociedad que adora al dios dinero.
Se debe agregar que la impunidad juega un papel importante. En efecto, como lo argumentó Thorstein Veblen en su momento, los hábitos, es decir las formas, de comportamiento repetitivo que se consolidan, terminan constituyéndose en instituciones, que, en el caso que analizamos, se expresan en una cultura de corrupción. Esta, en nuestro país, esta insertada en el propio aparato del Estado, incluyendo al sistema electoral. Este último permite que los poderes económicos establecidos financien campañas y adquieran puestos de mando en el aparato estatal, posición que luego utilizan para asegurarse su creciente acumulación de capital, ya sea por la vía del peculado o por la adecuación de las leyes, reglamentos y prioridades presupuestarias a sus intereses.

De lo anterior se desprende que la lucha contra la corrupción, además de dirigirse hacia el logro de la certeza de la pena, debe tener claro que la misma nunca será exitosa mientras se mantengan las condiciones institucionales que surgen del modelo de rapiña y despojo, impuesto por los sectores económicos dominantes y sus aparatos políticos. El combate contra la corrupción hace, entonces, parte de la tarea de construir un Panamá democrático, plural, socialmente justo, respetuosa de la naturaleza y con una amplia participación de la población en la cosa pública. La disyuntiva es clara: ¿Panamá o la Isla de Tortuga?

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El Presidente, la retórica y la canasta básica

por Juan Jované


A tres meses de su toma de posesión el Presidente de la República lanzó una enorme campaña publicitaria, en la que, de manera estridente y con pocos argumentos sostenidos en datos concretos, se hacía referencia a los supuestos logros de su administración. Más allá de su altísimo costo en términos de recursos económicos, los que bien se pudieron utilizar en aliviar alguno de los graves problemas que hoy abruman a la mayoría de la población, la campaña propagandística oficial, no constituyó más que una repetición sistemática de ficciones, destinadas, en la mejor tradición de Joseph Gobbebels, el fatídico ministro de propaganda del régimen Nazi, a tratar de crear en la población una falsa imagen de la realidad. Tal es el caso de la aseveración presidencial de acuerdo a la cual el problema de la canasta básica estaría resuelto.

Es así que, si se toman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEC) para septiembre de 2014, encontramos varios elementos que contradicen el discurso presidencial. En primer lugar, queda claro que la política de regulación de precios del actual gobierno está lejos de haber reducido el costo de vida del panameño, entendiendo que este no se reduce al grupo de los bienes alimenticios, si no que abarca otros importantes gastos como son el vestuario, la salud, la educación, el transporte, los servicios vinculados con la vivienda y otros. En efecto, de acuerdo a esta fuente entre septiembre de este año y septiembre del año anterior el índice de precios al consumidor de los distritos de Panamá y San Miguelito se habría elevado en 2.5%. Esto significa que el proceso inflacionario sigue presionando el nivel de vida de las familias panameña.

En segundo lugar, si nos enfocamos, siguiendo nuevamente las estadísticas del INEC, en el rubro de alimentos, encontramos que en este caso el costo de la canasta básica alimenticia prácticamente no ha mejorado en nada para el consumidor, ya que entre septiembre de 2014 y el mismo mes del año anterior la reducción ha sido de apenas el 0.2%. Vale la pena señalar que esto se da en un contexto en el que, de acuerdo a estadísticas de la FAO, el índice de precios de los alimentos a nivel internacional se ha visto reducido en casi 6.0% durante el período bajo análisis, en condiciones tales que para agosto se reportaba una caída de dicho indicador durante seis meses consecutivos. Esto significa que la alianza entre el actual gobierno y los especuladores con los bienes alimenticios sigue funcionando en contra de la población. Esto se hace más claro si se tiene en cuenta que de acuerdo con las estadísticas oficiales si al componente de alimentos se suma el de la bebidas, se observa, para el caso de los distritos de Panamá y San Miguelito, una inflación anual del 2.3%.

Donde, sin embargo, la manipulación mediática de los hechos se hace más evidente y perversa es en las estadísticas que provienen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es así que frente a la promesa presidencial de reducir el costo de la canasta básica en B/. 58.00 mensuales, este organismo vende la idea de que este objetivo se habría alcanzado hasta B/. 38.66 en septiembre. En realidad se trata de un manejo poco científico de los datos, ya que para alcanzar este monto el MEF suma el ahorro de tres meses: julio, agosto y septiembre. Se trata, a nuestro juicio, de un método poco ético, que además se cuida mucho de señalar que el monto mensual del supuesto ahorro a declinado en 24.5% entre julio y septiembre. En la costosa propaganda gubernamental se omite, además, el hecho de que con los propios datos del MEF se puede llegar a la conclusión de que entre agosto y septiembre el costo de la canasta básica alimenticia se ha elevado en 1.2%, lo cual apunta hacia la reactivación del proceso inflacionario que la afecta. Esto, como habíamos señalado en otra ocasión, era inevitable, dado que el control de precios se estableció sobre un número limitado de productos, dejando por fuera a muchos importantes bienes alimenticios.

No parece posible que los políticos que gobiernan entiendan que la realidad termina, tarde o temprano, imponiéndose sobre sus intentos mistificadores. La población del país esta, en base a su propia experiencia y pese a la propaganda oficial, convencida de que, siguen estando afectadas por la especulación con el precio de los alimentos. Poco a poco va queda claro que el gobierno nos lleva hacia un Estado fallido.

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El PAN, la Corrupción, la Contraloría y las Candidaturas

por Juan Jované

El actual gobierno ha mantenido el Programa de Ayuda Nacional, estructura que sigue una simple lógica política, en el presupuesto para el año 2015, en el que se le asignan 77.0 millones de balboas. Estos según las normas presupuestarias presentadas por la administración de turno están exentos de la aplicación de la Ley que rige las contrataciones públicas. En efecto de acuerdo al artículo 315 de la Ley de Presupuesto propuesta para el 2015: “Los contratos que celebre el Programa de Ayuda Nacional – PAN estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, hasta el 31 de diciembre de 2015”.

Además, el Decreto Ejecutivo No 690 de Julio de 2010, que no ha sido modificado por el actual gobierno le quita la capacidad fiscalizadora sobre el PAN a la Contraloría General de la República. El Artículo 6 de este decreto señala que: “El Programa de Ayuda Nacional, PAN, contará con una Oficina Especial de Fiscalización, encargada de verificar que los procesos de compra y contrataciones se realicen conforme a las disposiciones legales aplicable”, es decir sin que se aplique la Ley 22 de 2006.

Durante la reciente campaña política propusimos la mayor transparencia posible. Esta fue nuestra visión y meta como candidato independiente, comprometido con los intereses nacionales. Por eso nos llama la atención, aun cuando no nos sorprende, que ninguno de los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de Contralor General de la República se haya comprometido a luchar para que las estructuras corruptas del PAN desaparezcan y que los fondos que se manejan desde la Presidencia de la República sean debidamente sometidos a la auditoria previa de la Contraloría General de la República

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CanastaBásica‬: Crónica de un fracaso anunciado

                                                                                                                                   por Juan Jované

La semana pasada un nutrido grupo de funcionarios públicos realizaron un intenso esfuerzo para tratar de convencer a la población de las bondades de la política oficial de precios. Fue en medio de esta arremetida publicitaria que un ministro del actual gobierno, con una elocuencia digna de mejor causa, declaró al país liberado de la preocupación por la canasta básica. “En solo un mes - dijo el funcionario en una entrevista - la canasta básica dejó de ser la principal preocupación que aqueja al país”. ¿Qué de cierto hay en esto?

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El presidente, el mercado y el fundamentalismo

por Juan Jované

En su discurso de inauguración presidente de la república intentó establecer cuál era su posición en torno al mercado, declarándose “respetuoso del libre mercado pero alérgico a la especulación con la comida”. Se trata de una afirmación que por su contenido conceptual, así como por el estilo de política a la que ha dado lugar, resulta interesante de analizar, a fin de calibrar la posición del gobierno de turno frente al accionar del Estado en el ámbito de las políticas públicas.

Lo primero que salta a la vista es que se trata de una visión que, ligada al neoliberalismo, solo alcanza a proponer una muy reducida intervención del Estado. Esto se demuestra claramente si se tiene en cuenta que el presidente, aún declarándose contrario a la especulación con los alimentos, solo se ha atrevido tímidamente a controlar veintidós productos de la canasta básica alimenticia, dejando por fuera muchos productos en los que efectivamente podría estarse dando una significativa especulación. Es así, para dar un ejemplo, que los aceites vegetales, que quedaron fuera de la medida de congelamiento de precios, mostraron en los últimos siete años un incremento de precios de 85.4%.

El enfoque del primer mandatario no alcanza a ver que los efectos de la especulación sobre los bienes básicos no se limitan a los alimentos. Esto es claro si recordamos, nuevamente con fines de ejemplificación, el historial de los precios de los productos médicos y farmacéuticos, los que entre mayo de 2009 y mayo de 2014 se incrementaron en 16.5%.

Lo peor es que las declaraciones del presidente no logran entender, ni siquiera en los estrechos términos de la teoría económica tradicional, las bases objetivas de la intervención pública en la economía, concentrándose exclusivamente en los problemas de la competencia y las estructuras de mercado, mientras deja por fuera elementos tan importantes como lo son las fallas de mercado y sus costosas externalidades. Estas son en muchas ocasiones negativas, como en el caso de la contaminación generada por diversas actividades económicas, dando lugar a costos sociales que superan a los beneficios sociales, haciendo necesaria la intervención pública. El no reconocimiento de esta realidad en la frase bajo análisis coloca al actual gobierno en una visión radical en términos del fundamentalismo de mercado, la cual resulta estar más allá de los planteamientos de Hayek, el reconocido como el indiscutible padre del neoliberalismo, quien en su “Camino a la Servidumbre” reconoció que la desforestación y la contaminación eran casos en los que se tendría que “recurrir a la regulación directa”.

También existen, por cierto, externalidades positivas en las que los beneficios sociales llegan a superar el costo individual. Este es el caso del conocimiento, el cual tiene, tal como lo ha destacado Stiglitz, un cierto carácter de bien público, en el sentido de que siempre puede ser utilizado por otro productor sin ningún costo marginal, a la vez que también tiene efectos de rebalse, en la medida que un conocimiento puede dar lugar a otro, beneficiando a agentes diferentes al que originalmente lo generó. No en vano Isaac Newton dijo que "si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes". 

En estas circunstancias las políticas públicas a favor de una sociedad del conocimiento se hacen inminentes. Es así, por ejemplo, que una política exagerada de propiedad intelectual podría limitar el efecto de generación y difusión del conocimiento, sobre todo si da a lugar a estructuras y rentas monopólicas. Así mismo, el financiamiento público a la investigación en ciencias básicas es fundamental.

Recientemente Stiglitz y Greenwald”, en su reciente libro “Creating a Learning Society” (2014), han demostrado que en ciertas ramas y actividades los procesos de generación y difusión de conocimiento son más intensos. En estas circunstancias, de acuerdo a estos autores, los criterios tradicionales de mercado resultan insuficientes, de manera que las políticas públicas deberían guiarse a dirigir la economía hacia el desarrollo de estas ramas capaces de impulsar lo que ellos entienden como los procesos de “aprender haciendo” y “aprender a aprender”, ya que cualquier ineficiencia estática de asignación generada por la intervención sería más que compasada por la eficiencia dinámica de la mayor productividad. Se trata, además, de una forma de ver el desarrollo que le da un papel central a la educación.

A final de cuentas, nos encontramos nuevamente frente a un gobierno profundamente comprometido con la visión del fundamentalismo de mercado. Del mismo difícilmente se puede esperar algo en términos de las políticas públicas para el desarrollo equitativo y sostenible.

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La persecusión y la intimidación contra los ciudadanos demócratas sigue en el gobierno del señor Varela

 

Esta mañana fuimos a renovar nuestro pasaporte, ya que próximamente estaremos en un evento internacional con el gran pensador ecologista brasileño Leonardo Boff, sin embargo, los funcionarios salen con la historia de que tengo impedimento de salida del país y no me pueden renovar el pasaporte. Nos sorprendimos de tal argumento pues no existe proceso alguno en contra de Juan Jované de Puy con medida legales como las señaladas.

Este incidente lo sumamos a la acusación de delito electoral que nos han puesto los agentes de la partidocracia, que denunciamos hace unos días. Conocemos ya el sistema de intimidación y persecusión que pretende implementar el gobierno. Los mismos de siempre no toleran una fuerza crítica real a sus shows mediáticos para entretener al pueblo en supuestas soluciones a los problemas del país. No toleran pensamiento crítico serio más allá del circo electorero de la partidocracia, ejemplo de ello es que no se atreven a debatir frente a frente el fracaso de sus políticas de show mediático.

Como les hemos advertido, pese a sus mañas antidemocráticas, continuaremos fortaleciendo el proyecto político de los ciudadanos demócratas de este país, el Movimiento Independiente de Refundación Nacional,  porque los panameños nos merecemos un país decente, con justicia social y ambiental, que ponga fin al desarrollo depredador de la partidocracia.

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DENUNCIA PÚBLICA: Partidocracia emprende otro complot antindependiente con acción legal en nuestra contra

El gobierno de Varela y los mismos de siempre, han decidido reprimirnos por nuestra posición crítica, mediante la  invención de un proceso legal en nuestra contra, basándose en una denuncia por posible delito electoral presentada por el diputado Miguel Ríos, del partido Panameñista y el ex presidente de la Asamblea de Diputados Sergio Gálvez, y muy curiosamente ha procedido que se nos levante el fuero electoral.

El argumento de la denuncia es de lo más fantasioso y revela la poca creatividad que tienen los señores de la dictadura de la partidocracia para seguir persiguiéndonos e impedir el desarrollo de nuestro proyecto político independiente que como ellos mismos saben: es una alternativa real de democracia ciudadana para nuestro país. Argumentan ellos que en la recolección de firmas para legalizar nuestra candidatura presidencial por la vía independiente, en las pasadas elecciones, hubo anomalías y gustosamente la fiscalía Electoral procede, entidad que como es de conocimiento público,  protege a capa y espada el oligopolio del poder de la de la partidocracia.

Nos preguntamos ¿Por qué no ha procedido a investigar a los ya conocidos casos de los otros supuestos "independientes" que recogieron miles de firma de forma mágica?
Cualquier ciudadano honesto y demócrata sabe que esta acción no busca otra cosa que dañar nuestra reputación y bloquear el proceso de fortalecimiento político que tiene nuestro movimiento.

Ciudadan@ panameño demócrata, honesto, te invitamos este lunes 4 de agosto a las 10:00 a.m a que nos acompañes al Tribunal Electoral, sede central, donde vamos a iniciar la denuncia de esta situación. Seguiremos en nuestra lucha fortaleciendo el Movimiento Independiente de Refundación Nacional(MIREN) para adecentar el país y lograr la justicia social.

Juan Jované De Puy
Miembro del Movimiento Independiente de Refundación Nacional(MIREN)

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