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El presidente, el mercado y el fundamentalismo

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por Juan Jované

En su discurso de inauguración presidente de la república intentó establecer cuál era su posición en torno al mercado, declarándose “respetuoso del libre mercado pero alérgico a la especulación con la comida”. Se trata de una afirmación que por su contenido conceptual, así como por el estilo de política a la que ha dado lugar, resulta interesante de analizar, a fin de calibrar la posición del gobierno de turno frente al accionar del Estado en el ámbito de las políticas públicas.

Lo primero que salta a la vista es que se trata de una visión que, ligada al neoliberalismo, solo alcanza a proponer una muy reducida intervención del Estado. Esto se demuestra claramente si se tiene en cuenta que el presidente, aún declarándose contrario a la especulación con los alimentos, solo se ha atrevido tímidamente a controlar veintidós productos de la canasta básica alimenticia, dejando por fuera muchos productos en los que efectivamente podría estarse dando una significativa especulación. Es así, para dar un ejemplo, que los aceites vegetales, que quedaron fuera de la medida de congelamiento de precios, mostraron en los últimos siete años un incremento de precios de 85.4%.

El enfoque del primer mandatario no alcanza a ver que los efectos de la especulación sobre los bienes básicos no se limitan a los alimentos. Esto es claro si recordamos, nuevamente con fines de ejemplificación, el historial de los precios de los productos médicos y farmacéuticos, los que entre mayo de 2009 y mayo de 2014 se incrementaron en 16.5%.

Lo peor es que las declaraciones del presidente no logran entender, ni siquiera en los estrechos términos de la teoría económica tradicional, las bases objetivas de la intervención pública en la economía, concentrándose exclusivamente en los problemas de la competencia y las estructuras de mercado, mientras deja por fuera elementos tan importantes como lo son las fallas de mercado y sus costosas externalidades. Estas son en muchas ocasiones negativas, como en el caso de la contaminación generada por diversas actividades económicas, dando lugar a costos sociales que superan a los beneficios sociales, haciendo necesaria la intervención pública. El no reconocimiento de esta realidad en la frase bajo análisis coloca al actual gobierno en una visión radical en términos del fundamentalismo de mercado, la cual resulta estar más allá de los planteamientos de Hayek, el reconocido como el indiscutible padre del neoliberalismo, quien en su “Camino a la Servidumbre” reconoció que la desforestación y la contaminación eran casos en los que se tendría que “recurrir a la regulación directa”.

También existen, por cierto, externalidades positivas en las que los beneficios sociales llegan a superar el costo individual. Este es el caso del conocimiento, el cual tiene, tal como lo ha destacado Stiglitz, un cierto carácter de bien público, en el sentido de que siempre puede ser utilizado por otro productor sin ningún costo marginal, a la vez que también tiene efectos de rebalse, en la medida que un conocimiento puede dar lugar a otro, beneficiando a agentes diferentes al que originalmente lo generó. No en vano Isaac Newton dijo que "si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes". 

En estas circunstancias las políticas públicas a favor de una sociedad del conocimiento se hacen inminentes. Es así, por ejemplo, que una política exagerada de propiedad intelectual podría limitar el efecto de generación y difusión del conocimiento, sobre todo si da a lugar a estructuras y rentas monopólicas. Así mismo, el financiamiento público a la investigación en ciencias básicas es fundamental.

Recientemente Stiglitz y Greenwald”, en su reciente libro “Creating a Learning Society” (2014), han demostrado que en ciertas ramas y actividades los procesos de generación y difusión de conocimiento son más intensos. En estas circunstancias, de acuerdo a estos autores, los criterios tradicionales de mercado resultan insuficientes, de manera que las políticas públicas deberían guiarse a dirigir la economía hacia el desarrollo de estas ramas capaces de impulsar lo que ellos entienden como los procesos de “aprender haciendo” y “aprender a aprender”, ya que cualquier ineficiencia estática de asignación generada por la intervención sería más que compasada por la eficiencia dinámica de la mayor productividad. Se trata, además, de una forma de ver el desarrollo que le da un papel central a la educación.

A final de cuentas, nos encontramos nuevamente frente a un gobierno profundamente comprometido con la visión del fundamentalismo de mercado. Del mismo difícilmente se puede esperar algo en términos de las políticas públicas para el desarrollo equitativo y sostenible.
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¿Cuál es el reto de los que ejercimos el #VotoConciencia?

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Al finalizar el proceso electoral 2014, hemos reconocido los resultados electorales y con mucha dignidad nos toca decir gracias a cada uno de los panameños y panameñas, muy dignos, que pusieron su grano de arena a este gran proceso creativo que se llama Movimiento Independiente de Refundación Nacional, un colectivo de colectivos, nacido desde abajo, con las alianzas entre los sectores más críticos y alternativos de la sociedad panameña, que aspiramos a un Panamá con un desarrollo basado en los valores de la memoria histórica, las diversidades, en la justicia social y ecológica para todos y todas.

Nuestro movimiento millonario en talentos y voluntades dio pasos decisivos hacia adelante.
Mientras, con millones y millones, la maquinaria de la partidocracia hizo triunfar a otra de sus figuras, no votó la conciencia nacional ni ecológica ni social de la población, votó el miedo sembrado contra otra figura de barro de la partidocracia, en la disputa depredadora y caníbal por el poder del Estado, el fiasco de las encuestas y encuestadoras son la mejor ilustración de ello.

Los más de 10 mil votos hechos de conciencia, que nos ubican como cuarta fuerza electoral del país, deja como consecuencia el cumplimiento de nuestros objetivos: visibilizar una fuerza política ética en la sociedad panameña, elevar los niveles intelectuales y morales del debate político nacional, y por supuesto, el objetivo que ahora se transforma en la tarea principal, constituirnos en una alianza de ciudadanos de referencia moral, ética, política, intelectual, cultural e ideológica para la sociedad panameña, que enriquezca la participación activa de los panameños y panameñas en la vida política nacional.

El objetivo de nuestro movimiento no es tomar el poder, sino distribuirlo entre los ciudadanos, es una tarea política que requiere la construcción de sólidas bases espirituales, por ello convocamos a las juventudes, a los pueblos originarios, artistas...toda la sociedad verdaderamente demócrata, a alimentar de más propuestas y acción la gran utopía de Panamá.

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Plan Varela–De Saint Malo: ni seguridad ni soberanía alimentaria

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por Juan Jované

Un elemento indispensable de una campaña electoral efectivamente democrática es la discusión de las ofertas programáticas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Es en este contexto que se someten a un análisis riguroso los planteamientos del plan presentado por el Sr. Juan Carlos Varela en relación con los problemas de la seguridad y soberanía alimentaria.

El eje 3 del programa del Partido Panameñista propone controlar la especulación y los excesivos márgenes de ganancia, estableciendo que esto se haría en cumplimiento del artículo 284 de nuestra Constitución, el cual establece como función del Estado “regular por medio de organismos especiales los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad”. El problema del Plan Varela es que el mismo tiene un contenido que no se compromete a la creación de un ente regulador de precios. Es así que en su página 23, luego de una larga frase en la que, sin decir cómo, se promete combinar libre competencia y concurrencia con la regulación, apenas propone “otorgarle más poderes de fiscalización a Acodeco”, obviando el necesario poder de regulación. Más aún, el Plan Varela en su planteamiento general de elevar el nivel de competencia no incluye la manera más rápida de lograr esto, es decir, la conformación de almacenes reguladores del Estado de carácter permanente, los cuales se ubiquen cerca de los centros privados de expendio con el fin de ofrecer los bienes de la canasta básica a precios oficiales.

A esto se debe agregar que el programa analizado tampoco se compromete a una política efectiva de cero hambre, única forma de lograr establecer la alimentación como un derecho humano para todos y todas; a lo más que llega es a una promesa general y difusa de velar por la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos vulnerables, sin que se proponga ninguna medida específica al respecto.

Por otra parte, llama la atención que el proyecto de gobierno del Partido Panameñista no incluya en ninguna parte el concepto de soberanía alimentaria, dado que su utilización constituye el compromiso de mantener una política agropecuaria nacional independiente.

El manejo del tema de la producción resulta deficitario y carente de sentido nacional. Repitiendo los errores del Plan Vallarino, el Plan Varela insiste en la visión aperturista-exportadora. Es de esta manera que en la página 20 se insiste en crear las condiciones institucionales para asegurar “la comercialización y promoción de exportación de los productos agropecuarios”, mientras que más adelante establece como lineamiento seguir negociando tratados de libre comercio.

La necesidad de renegociar o simplemente denunciar el TPC está, entonces, totalmente descartada al insistir en las supuestas ventajas de ese tratado (p.21).

Más aún, el Plan Varela, completamente alejado de los conocimientos más avanzados sobre el tema, no llega a comprender que las ventajas comparativas o competitivas no están dadas, sino que las mismas se construyen con políticas adecuadas capaces de establecer rumbos distintos a los que dan las simples “señales de mercado”.

Este hecho, que ha sido observado por economistas tan importantes como Stiglitz, es ignorado en el programa bajo estudio, cuando en el mismo solo se propone que “identificaremos y respaldaremos los sectores en los que somos competitivos, fomentando la producción y las exportaciones”. Se trata, entonces, de una integración pasiva al mercado mundial.

También resulta claro que el programa del Partido Panameñista no logra comprender que una buena parte de las distorsiones o fallas de mercado a nivel del sector agropecuario se encuentran en la propia estructura de la cadena agroalimentaria internacional.

Es así que, por ejemplo, al analizar el problema de los insumos solo logra ver el problema del impacto de los aranceles locales, sin tener en cuenta que existe una alta concentración entre los oferentes internacionales y locales de dichos insumos. En la página 20 se propone que la acción de política estaría guiada hacia “asegurar que los precios sean competitivos conforme el mercado internacional”. El problema está en que se trata de precios distorsionados y manipulados por las transnacionales que, como Monsanto, dominan toda la cadena.

Nos encontramos a final de cuentas con un programa para el sector agropecuario que no logra romper con la visión neoliberal que ha venido dominando la política económica del país. El mismo, a nuestro juicio, no hará más que profundizar los ya agudos problemas de nuestro sector agropecuario. Esperamos que este artículo sea un llamado de alerta a los productores nacionales y dé lugar a un fructífero intercambio de opiniones.
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Navarro, Solis y Gary Stanley Becker

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A continuación exponemos nuestra opinión sobre una de las propuestas Navarro-Solis, en la vía de profundizar el debate serio y científico sobre las políticas públicas que proponen:

Entre las ofertas de gobierno de Juan Carlos Navarro Quelquejeu y Gerardo Felipe Solis Diaz, candidatos a presidente y vicepresidente por el PRD, se encuentra la de “modificar las leyes para que todo menor que robe o mate pueda ser juzgado como adulto… ”. Se trata de un planteamiento que tiene su origen en las ideas del economista Gary Stanley Becker de la Universidad de Chicago, quien junto a Milton Friedman es considerado uno de los padres fundadores de la actual visión neoliberal.

En efecto, en un artículo publicado bajo el título “Crime and Punishment: An Economic Approach” (1968), sostuvo la idea de que los delincuentes realizan sus decisiones con una racionalidad semejante a la de los empresarios, haciendo un análisis estricto de costo beneficios antes de llevar adelante sus actividades criminales. Es esta visión la que ha llevado a Becker a sostener que: “el gasto público en la lucha contra el crimen puede reducirse, mientras se mantiene matemáticamente fija la probabilidad del castigo, compensando una reducción del gasto en atrapar a los criminales con un incremento suficiente en la castigo de aquellos que son condenados”. Se trata, evidentemente, de una superposición de la microeconomía neoclásica a la esfera de la criminología.

En el plano práctico, vale la pena partir señalando, que la experiencia, así como la visión de los especialistas en la ciencia de la criminología señala que la idea de reducir los delitos por medio de la elevación de penas simplemente carece de realidad. Es así, por ejemplo, que en 1999 el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge concluía que “los estudios revisados no proveen la base para inferir que incrementar la severidad de las sentencias es generalmente capaz de elevar los efectos de disuasión”. Por su parte, el connotado penalista Santiago Mir Puig de la Universidad Autónoma de Barcelona ha afirmado que “no estamos yendo por el camino correcto para enfrentar el crimen y, por lo tanto, no estamos ganándole la guerra a la delincuencia. Aumentar las penas a los delincuentes no sirve para nada”.

El problema de la idea de Becker, recogida por el programa neoliberal de Navarro y Solis, es que la parte del supuesto de un comportamiento que en este momento se encuentra claramente cuestionado incluso en el campo de la economía. Es así, por ejemplo, que ya hace mucho tiempo que Oscar Lange en su Economía Política (I) advirtió que el comportamiento definido por Becker si bien pudiera describir el comportamiento de los empresarios, no es capaz de definir adecuadamente la forma de actuar de otros agentes sociales, incluyendo a los consumidores. Por otra parte Daniel Kahneman y Amos Tversky, desde una visión sicológica experimental, han demostrado que existen diversas formas en que los agentes se separan de manera sistemática y significativa del supuesto comportamiento racional de Becker. Más recientemente en un enfoque que se puede vincular a las ideas institucionalista, Geroge AKerlof y Rachel Kranton han desarrollo la perspectiva de la llamada Economía de la Identidad, en la que muestran con hechos de la práctica que el sentido de pertenencia (identidad) a un grupo, por ejemplo una pandilla, puede llevar a una forma de acción de los agentes sociales que dista mucho de la racionalidad beckeriana ¿Sera que los candidatos del PRD ignoran toda esta literatura o que simplemente decidieron desconocerla por razones electorales?.

Lo peor el caso es que el programa del PRD ni siquiera entiende correctamente la teoría de Becker. Es así, nuevamente para ejemplificar, que este autor, basado en su visión de costo beneficios, señala que una variable importante sería la relación de los ingresos obtenidos en los trabajos legales y los realizados por medio del delito. Es decir que cualquier variación de la relación contra la remuneración de los trabajos legales sería, necesariamente un factor que impulsaría los delitos.

En estas circunstancias, en función de su propia lógica, el programa bajo análisis debió hacer una referencia a la caída sistemática de la participación de las remuneraciones de los asalariados en el Producto Interno Bruto como un problema de seguridad. Con esto también se tendría que hacer una crítica a la política de reforma de Código de Trabajo impulsada durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, la cual efectivamente golpeo duramente la capacidad de negociación de los trabajadores.

Nos encontramos, entonces, frente a una propuesta electorera, no solo mal concebida y carente de base científica. Quizás en lo único que Becker tiene razón es en que el objetivo básico de los políticos tradicionales es lograr su elección y no el bien común.

por Juan Jované
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