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Plan Navarro-Solis: ni seguridad ni soberanía alimentaria

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Uno de los hechos más notables de nuestra realidad económica es el proceso de creciente deterioro del sector agropecuario, el cual amenaza con hacer colapsar la producción alimentaria del país. No solo es cierto que la participación de este sector en el Producto Interno Bruto real se redujo de 8.0% en el 2004 a tan solo el 2.5% en el 2012, sino que en este último año la producción de alimentos por persona fue inferior en 29.8% a la observada en el 1969.

También es un hecho notorio la manera en la que la inflación ha venido recayendo fundamentalmente sobre los bienes alimenticios. Es así, por ejemplo, que entre el 2004 y el 2012 el precio al por menor de los alimentos se elevó en cerca de 61.5%, golpeando significativamente el nivel de vida de la población. Gran parte de este problema proviene de la especulación de los intermediarios, hecho que se evidencia al tener en cuenta que durante el mismo período el índice de precio de alimentos al por mayor solo creció en 36.4%, dando lugar a un notable incremento del margen especulativo de ganancias. La existencia de esta doble problemática se vincula a la política neoliberal aplicada por los distintos gobiernos, la cual tomó una de sus formas más radicales en las administraciones del PRD.

 Dos hechos dejan ver esto con claridad. En primer lugar, lo que se conoció como el Plan Chapman, puesto en práctica en la administración de Pérez Balladares, se guió a rechazar el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, planteando que “el principal elemento de una economía de mercado es que el precio de los productos y servicios se conforman en un ambiente con bajos aranceles, donde existe libertad de competencia entre productores e importadores, sin restricciones de entrada al mercado”. Así mismo, fue ésta administración la encargada de desmantelar todo la estructura institucional de regulación de precios que, siguiendo los preceptos constitucionales, buscaba la protección de los consumidores. El resultado fue desastroso: los productores quedaron a merced de la competencia externa y los oligopolios mayoristas; los consumidores quedaron duramente impactados por la especulación de los oligopolios minoristas.

El Plan Navarro – Solís no solo evita reconocer los errores de la política agropecuaria de los gobiernos de Pérez Balladares y de Martín Torrijos, sino que insiste en la orientación neoliberal de los mismos, la cual ahora se trata de enmascarar con el recurso de frases demagógicas. Los ejemplos abundan. En primer lugar, el mismo rechaza la posibilidad de que se realice una efectiva regulación de precios, incluyendo la posibilidad de congelar los precios de los bienes básicos. En efecto, si bien bajo el título “protección al consumidor” se dice que el objetivo del programa es “vigilar y controlar los abusos de algunos comerciantes...”, lo cierto es que el mismo se niega a establecer la posibilidad de que el organismo regulador establezca precios topes, con lo que en realidad no se logra construir una institucionalidad adecuada al efectivo combate a la especulación, repitiéndose el viejo e inútil cliché de la época de Perez Balladares en el sentido que se fiscalizaría la colusión. ¿Por qué no lo hicieron en el gobierno de Martin Torrijos? Ni siquiera el compromiso de establecer los 250 mercados resulta una propuesta en firme, ya que el Plan Navarro – Solis no asegura la construcción de los mismos. Este solo habla de “construir e incentivar”, refiriéndose esto último al capital privado. ¿Se trata de volver a incentivar al capital especulativo?

Tampoco los productores pueden esperar mucho. En este caso, aún cuando se intenta mistificar el asunto con frases engañosas, el Plan Navarro – Solis no llega a comprometerse a utilizar efectivamente el poder de compra del Estado para apoyar al productor nacional. Para que esto fuera verdad y no demagogia política el plan debería proponer renegociar o denunciar el Tratado de Promoción del Comercio(TPC), negociado por el gobierno de Martin Torrijos.

Esto explica que el plan bajo análisis se refiera a comprar prioritariamente y no obligatoriamente las cosechas nacionales. Por lo demás se mantiene la vieja cantaleta del Plan Chapman referida a las reconversiones, la competitividad y otros elementos de los programas neoliberales, agravada ahora por la idea de usar semillas genéticamente modificadas y el rechazo de la agroecología, lo cual claramente se ve refleajado en la aceptación y defensa que hace el Plan Navarro-Solis del TPC, el cual tiene en una de sus bases la aceptación del uso, producción y consumo de Transgénicos en el país.

En definitiva lo que se presenta como “El Plan de Todos”, sigue siendo el plan del capital transnacional, de los especuladores y de los políticos que expresan los intereses de los sectores económicamente dominantes. Solo superando a los partidos tradicionales se pueden superar los problemas de la canasta básica.
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Transgénicos en Panamá

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Hace apenas un par de semanas se dio a conocer la noticia de que las autoridades nacionales, sin mayor consulta y discusión con la población, habían decidido permitir a partir de agosto del presente año, el cultivo de maíz transgénico. Por Juan Jované Este tipo de cultivo, de acuerdo con la información disponible, solo sería permitido por el momento en la región de Azuero, con el fin de generar una producción destinada de manera exclusiva al uso animal. Se trata, por su importancia y gravedad, de un hecho que obliga a un conjunto de comentarios destinados a destacar el enorme desatino que representa esta política gubernamental. En primer lugar, hay que aclarar el mito de acuerdo con el cual la introducción de los transgénicos constituye un elemento indispensable para eliminar el hambre en el mundo, vía el incremento de los niveles de producción y productividad de alimentos.

En efecto, de acuerdo con las cifras recopiladas por la propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de alimentos mundiales actualmente existentes es más que suficiente para alimentar a todo el mundo. El problema del hambre, tal como lo ha indicado A. K. Sen, se debe principalmente a la carencia de ingresos de los grupos más vulnerables de la población, así como a la privación de acceso de los pobres del campo a los recursos indispensables para la producción, incluyendo la tierra, el agua, los insumos y otros factores indispensables.

 En el caso de Panamá, por su parte, la creciente decadencia del sector agropecuario en lo que se relaciona a la producción de alimentos está vinculada a la actual forma de política económica. Esta implica, por una parte, la idea de que el país no haga énfasis en la producción de alimentos para el mercado interno. Por otra parte, esta política de aperturismo radical, la cual ha llevado a la creciente desprotección de los productores locales, amenaza con la desaparición de los mismos. En segundo lugar, la idea de que se trata de una producción que confina a una región del país no puede, de acuerdo con la experiencia existente, evitar que el maíz genéticamente modificado impacte sobre otras regiones, así como sobre el cultivo en la misma región de productos tradicionales no genéticamente modificados. Es así, por ejemplo, que en el caso de México se ha demostrado que el maíz transgénico ha generado una contaminación de las variedades tradicionales, y afecta seriamente sus características. Así mismo, las organizaciones campesinas de Aragón en el Estado español han venido señalando desde 2005 que incluso en cerca del 40.0% del grano cultivado con técnicas ecológicas se encuentra contaminado, y muestra trazas transgénicas, las que no permiten que el mismo sea vendido como alimento orgánico, libre de organismos genéricamente modificados. Nos encontramos, entonces, frente a una política que no solo limita en la práctica la libertad del productor para escoger el tipo de cultivo que quiere realizar, así como la del consumidor para elegir el tipo de producto que desea consumir, lo que es especialmente cierto para un país como Panamá en el que no existe una ley que exija que en el empaque se le advierta al consumidor el tipo de producto que se le está ofreciendo.

 Más aún se trata de una forma de producción que afecta la biodiversidad en los cultivos, generando, además, formas que resultan peligrosas para la salud, en la medida en que los cultivos destinados al consumo humano pueden ser impactados por los que no están destinados a este fin. Es así que un estudio auspiciado por la Comision for Environmental Cooperation concluyó para el caso mexicano que el problema puede ser aún más grave cuando se cultivan al mismo tiempo varios transgénicos con diversos fines, es decir, cuando algunos se desarrollan, por ejemplo, para la alimentación del ganado y otros para la industria química o farmacéutica. El hecho de plantear que los transgénicos solo se utilizarán para el consumo animal resulta un planteamiento insuficiente, habida cuenta que el problema se debe referir a las cadenas y redes tróficas que terminan en el consumo humano. No se debe olvidar que la Academia Americana de Medicina Ambiental ha señalado que “los alimentos genéticamente modificados pueden significar un serio problema para la salud”. Con base en toda la incertidumbre contenida en el problema debemos exigir la aplicación en nuestro país del principio de precaución, y declarar a Panamá país libre de cultivos y semillas transgénicos. Se trata de un derecho de la población que debe tener rango constitucional.

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