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Transformación profunda o barbarie

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por Juan Jované

El Holoceno, como lo ha reiterado Johan Rockströn recientemente, constituye para la humanidad la época geológica que puede ser calificada de su Jardín del Edén, ya que solo en la misma se pueden encontrar las condiciones planetarias capaces de sostener la vida en la forma en que la conocemos. De hecho la raíz griega del concepto contiene dos palabras holos que expresa todos y kainos que significa reciente, lo que nos recuerda que los hombres y mujeres somos parte de un sistémico complejo, que es a la vez reciente. Es solo en el contexto del Holoceno en que la humanidad logra aparecer y florecer.

Si bien el medio biofísico del Holoceno permitió a la aparición del llamado Homo Sapiens, también, por ese mismo hecho, dio lugar a la posibilidad de que esta especie transformara las condiciones ambientales hasta el punto de producir las condiciones de su propia ruina. Tal como lo ha ilustrado Jared Diamond en su notable libro Collapse, han sido muchos los casos en la que las sociedades complejas se han derrumbado debido al uso insostenible del contorno natural. Entre estas se encuentran, para dar un par de ejemplos, la sociedad Maya, así como la que habitó la Isla de Pascua. Estos fenómenos, sin embargo, solo constituyeron episodios aislados, que por su magnitud no constituían hechos globales.

El problema es que la humanidad está ahora frente al peligro de crear las condiciones capaces de hacer colapsar globalmente las condiciones de Holoceno. De hecho muchos autores han empezado a hablar de la Antropoceno, es decir de una nueva etapa en la que la fuerza principal de los cambio en el medio ambiente se encuentra en la actividad humana.

Es en este contexto que, junto a los cálculos de la Huella Ecológica, el enfoque de las Fronteras Ecológicas, desarrollado por un grupo de científicos vinculados a la Stockholm Resilence Center, constituye un valioso instrumento para evaluar la gravedad del asunto y llamar la atención la sobre urgencia de la acción. Es así que en la segunda versión de su evaluación sobre el estado del planeta, publicado el 16 de enero de 2015 en la revista Science, este equipo de científicos concluye que de las nueve fronteras biofísicas estudiadas cuatro ya han sido transgredidas. De estas dos, la integridad de la biosfera y la interferencia con los ciclos del nitrógeno y el fosfato, están en la llamada zona de riesgo, mientras que las otras dos, el cambio climático y el cambio en el uso de los suelos, simplemente se encuentran en lo que sería la zona de peligro.

La necesidad de una acción inmediata es evidente. Algunos como es el caso de Rockstöm, han asegurado que, de no darse ningún cambio en la tendencia observada, la ventana disponible para la estabilización climática cerraría en el 2023. El problema está, entonces, en precisar bajo qué condiciones sociales es posible lograr una acción efectiva que evite el creciente deterioro ambiental.
Para los llamados libertarios – liberales, mejor conocidos como neoliberales, el problema básicamente no existe. De acuerdo a su gurú favorito, Federick A. Hayek, la humanidad habría topado, prácticamente de manera casual, con el actual sistema que estaría en capacidad de lograr la mayor cantidad de vida humana posible. El mismo, pese a esta visión justificativa, esta a las puertas de generar una nueva extinción masiva de especies, incluyendo la nuestra

El problema del actual sistema está en su objetivo último: la acumulación de riqueza abstracta de manera permanente y sin límites en manos de unos pocos, lo que lo lleva a generar un choque creciente con el carácter finito del ambiente. Más aún, estamos frente a un modelo de economía que no resuelve los problemas ambientales, sino que simplemente los desplaza, ya sea trasladándolos geográficamente, con lo que termina globalizándolos, o introduciendo nuevas formas tecnológicas que a final de cuenta generan otros importantes problemas en el ambiente.

Se trata, además, de un modelo de economía que genera creciente costos ambientales, los cuales lejos de ser asumidos por los sectores económicamente dominantes, son trasladados y cargados sobre el conjunto de la sociedad y, principalmente sobre los sectores más vulnerables. Esto explica por qué hoy se habla de intercambio ambiental desigual.

Es necesario, entonces, tomar conciencia sobre la necesidad de superar el actual sistema, el cual carece de todo sentido de equidad. Se trata, además, de realizar el necesario esfuerzo por construir una sociedad basada en la solidaridad intrageneracional e intergeneracional, la cual practique el pleno respeto de la vida y, por tanto, de la naturaleza.
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La democracia de baja intensidad

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por Juan Jované

Si entendemos, como lo hace Amartya Sen, que la democracia está asociada al ejercicio de la libertad, tendremos que concluir que en nuestro país esta, en el mejor de los casos, solo alcanza un nivel que podríamos calificar de democracia de baja intensidad. Esto se evidencia, para comenzar, si tenemos en cuenta que muchos panameños y panameñas siguen careciendo de las condiciones mínimas que les permitirían ser sustantivamente dueños de sus propios destinos.

Difícilmente podemos hablar, para dar un ejemplo, de un efectivo ejercicio de la libertad para ese 15% de la población que se encuentra en condiciones de inadecuación alimentaria. Peor aún son las perspectivas de ese 19% de los niños menores de cinco años que muestran algún nivel de desnutrición. Así mismo, para dar otro ejemplo, debemos recordar que cerca del 28.0% los jóvenes que deberían estar atendiendo la educación media y premedia se encuentran excluidos del sistema educativo.

Detrás de esto está la estructura económica concentrante y excluyente, que lleva a que el 50% más pobre de la población reciba apenas el 15.8% de los ingresos, mientras que el 10% más rico acapara el 39.4% por ciento de los mismos. Se trata, vale la pena añadir, de una estructura incapaz de generar un empleo decente para todos, elemento que se refleja en el hecho de que cerca del 40% de los trabajadores no agrícolas están en condiciones de informalidad.

Si se hace referencia hacia el hecho de que la democracia implica la autodeterminación y la práctica de la soberanía, también nos encontramos con importantes limitaciones. Es conveniente recordar, entonces, que el país solo ha podido operar en un esquema que necesita importar anualmente recursos financieros externos por un monto equivalente a cerca del 11.0% del Producto Interno Bruto. Más aún, hemos tenido que importar al año cerca de B/. 1,300.0 millones en alimentos, lo que significa una profunda ausencia de soberanía alimentaria.

Si entendemos, tal como lo afirma el Diccionario de la Real Academía Española, que la democracia es el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”, nuevamente tenemos que concluir que Panamá está lejos de concretar las condiciones mínimas. Más allá de un sistema de elección formal, que restringe la democracia a un voto que se ejerce cada cinco años, con escasa capacidad popular de exigir una efectiva participación y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, nos encontramos en una clara situación de plutocracia. En esta el orden electoral simplemente favorece a una partidocracia, la cual está financiada y controlada por los sectores económicamente dominantes, quienes utilizan el poder político adquirido con sus recursos económicos para reproducir y profundizar el modelo concentrante y excluyente del sociedad, con el fin de ampliar su acumulación de riquezas. A la vez, como cada vez se hace más claro, utilizan ese poder político para depredar al resto de la sociedad con la práctica de la llamada acumulación por desposesión, la cual se sostiene en la corrupción franca y abierta.

Si la democracia significa la libertad de palabra y el libre juego de las opiniones, nuestro país nuevamente muestra enormes carencias. En el plano ideológico resulta más que evidente que los grandes medios de difusión de ideas muestran un alto grado de concentración en términos de la propiedad, la cual les entrega a los sectores dominantes un enorme poder, capaz, incluso, de generar efectos de despolitización y sumisión sobre la población afectada por el modelo concentrante y excluyente. A esto, se debe añadir un proyecto de educación el cual, refugiado en el concepto de que la misma debe concentrarse exclusivamente en la formación de la fuerza de trabajo calificada, desprecia el papel fundamental que tienen los procesos educativos para formar ciudadanos activos, capaces de entender y defender sus derechos organizadamente.

En el plano de las ideas, se puede añadir, la visión neoliberal, predominante en los anteriores y el actual gobierno, resulta efectivamente reacia a la democracia de amplia base social. Es así que Robert Barro, uno de los más importantes ideólogos del neoliberalismo, simplemente afirma que “mayores derechos democráticos crean una fuerte presión a favor de programas sociales de redistribución de la riqueza. Estos… disminuyen los incentivos a la inversión…, por lo que perjudican el crecimiento”. Se trata, desde luego, de un pensamiento fundamentalista, que en la palabra de F. Hayek asegura que la expresión justicia social “carece de sentido”.

A final de cuentas, se debe concluir que la democracia incluyente, deliberativa y con protagonismo popular sigue siendo en nuestro país un proyecto por construir.

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Los aguinaldos navideños del presidente

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El nepotismo, el PAN, los acuerdos de espaldas a la ciudadanía, las mentiras del precio de la canasta básica, son algunos de los muchos regalos del presidente al pueblo panameño, es decir, más de lo mismo.
Si bien los diputados, sobre todo los más próclives a la corrupción y al clientelismo, pueden estar agradecidos con el ejecutivo por el espurio aguinaldo navideño por el que se les entregó a cada uno B/25 mil para uso político, lo mismo no es cierto para el resto de la población. Esto se evidencia en el contenido de un conjunto de resoluciones aprobadas en los días previos a la Navidad, con la obvia y dolosa intención de hacerlo en una fecha en la que la población se encuentra distraída en los tradicionales festejos de fin de año.

Es así, en primer lugar, que en la Gaceta Oficial No 27687-A, publicada el miércoles 24 de diciembre, aparece la “Resolución de Gabinete No 185 De 23 de diciembre de 2014”, en la que se resuelve “autorizar la expedición del pacto social de constitución de la sociedad que se denominará Metro de Panamá S. A”. Esta nueva sociedad, si en principio se constituye como propiedad pública, ya que sus “acciones serán emitidas en un 100% a favor del Estado”, lo cierto es que el propio pacto social aprobado en la resolución contiene la semilla de su objetivo básico, que no es otro que promover su privatización. Esto queda claramente demostrado si se tiene en cuenta que el artículo quinto del pacto social señala que “la Junta de Accionistas, mediante el voto favorable de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulación, y con derecho a voto, podrá reformar este pacto social de conformidad con lo que establezcan la leyes de la República de Panamá”. En pocas palabras, una junta directiva altamente influida por los intereses privados, incluyendo a los donantes de la última campaña, pueden estos de un solo plumazo introducir a los privados en el negocio.

De hecho, todo el pacto social está ajustado para permitir la participación privada en la sociedad anónima, destinada a aprovechar un negocio con una rentabilidad asegurada por los subsidios estatales. Es así, solo por dar un ejemplo, que dicho pacto señala que “podrán celebrarse reuniones extraordinarias de Asamblea de Accionistas… cuando medie solicitud accionistas que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones emitidas en circulación”. ¿Cómo puede haber un 20% de acciones distintas al 100% que serían del Estado? De hecho el interés de utilizar el Metro como mecanismo de acumulación por desposesión para a el lucro privado aparece claramente reflejado en el artículo décimo segundo del pacto social que faculta a la Junta Directiva a “autorizar suscripción de contratos bajo las modalidades de arrendamiento, venta, concesión, fideicomiso, cesión, uso temporal, custodia, hipoteca y de más formas de disposición, de acuerdo a los límites establecidos por reglamentación de la Junta Directiva”.

En segundo lugar, en la misma Gaceta Oficial que hemos venido comentando, aparece la Resolución de Gabinete No 180. Esta está destinada a “autorizar al ministro para Asuntos del Canal que proponga, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que establece exoneraciones fiscales, a la empresa a la que la Autoridad del Canal de Panamá otorgue, mediante contrato, la concesión para el diseño, construcción y operación de un complejo portuario…”, El actual gobierno simplemente opta nuevamente por entregar gratuitamente los recursos naturales del país, en este caso su posición geográfica, para el usufructo de las transnacionales, despojando a la nación de una importante renta necesaria para el desarrollo con equidad.

En tercer lugar, la gaceta No 27687-A también contiene la Resolución de Gabinete No 183 De 23 de diciembre de 2014, la cual resuelve “aprobar el Plan Estratégico de Gobierno, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas,…”. Esto significa que sin mayor consulta a la población, sus organizaciones y gremios, el gobierno nacional adopta su Plan Estratégico de Gobierno para los próximos cinco años. El hecho de que su simple presentación a la población se haga luego de su aprobación definitiva, muestra que el gobierno, si bien se preocupó por discutirlo con los organismos financieros internacionales, sobre todo con el FMI, no tuvo ningún interés de recoger las opiniones de los diversos sectores de la población.

En base a todo lo anterior resulta fácil concluir que nos encontramos frente a un gobierno con una clara tendencia privatizadora, que muestra, además, un evidente sentido antinacional y un notable y repetido desprecio por la opinión de la sociedad. Frente a esto solo queda reforzar nuestra disposición de renovar y profundizar en el 2015 la lucha por lograr la verdadera refundación nacional, la cual se base en un proceso constituyente originario.
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El PAN, la Corrupción, la Contraloría y las Candidaturas

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por Juan Jované

El actual gobierno ha mantenido el Programa de Ayuda Nacional, estructura que sigue una simple lógica política, en el presupuesto para el año 2015, en el que se le asignan 77.0 millones de balboas. Estos según las normas presupuestarias presentadas por la administración de turno están exentos de la aplicación de la Ley que rige las contrataciones públicas. En efecto de acuerdo al artículo 315 de la Ley de Presupuesto propuesta para el 2015: “Los contratos que celebre el Programa de Ayuda Nacional – PAN estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, hasta el 31 de diciembre de 2015”.

Además, el Decreto Ejecutivo No 690 de Julio de 2010, que no ha sido modificado por el actual gobierno le quita la capacidad fiscalizadora sobre el PAN a la Contraloría General de la República. El Artículo 6 de este decreto señala que: “El Programa de Ayuda Nacional, PAN, contará con una Oficina Especial de Fiscalización, encargada de verificar que los procesos de compra y contrataciones se realicen conforme a las disposiciones legales aplicable”, es decir sin que se aplique la Ley 22 de 2006.

Durante la reciente campaña política propusimos la mayor transparencia posible. Esta fue nuestra visión y meta como candidato independiente, comprometido con los intereses nacionales. Por eso nos llama la atención, aun cuando no nos sorprende, que ninguno de los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de Contralor General de la República se haya comprometido a luchar para que las estructuras corruptas del PAN desaparezcan y que los fondos que se manejan desde la Presidencia de la República sean debidamente sometidos a la auditoria previa de la Contraloría General de la República
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El presidente, el mercado y el fundamentalismo

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por Juan Jované

En su discurso de inauguración presidente de la república intentó establecer cuál era su posición en torno al mercado, declarándose “respetuoso del libre mercado pero alérgico a la especulación con la comida”. Se trata de una afirmación que por su contenido conceptual, así como por el estilo de política a la que ha dado lugar, resulta interesante de analizar, a fin de calibrar la posición del gobierno de turno frente al accionar del Estado en el ámbito de las políticas públicas.

Lo primero que salta a la vista es que se trata de una visión que, ligada al neoliberalismo, solo alcanza a proponer una muy reducida intervención del Estado. Esto se demuestra claramente si se tiene en cuenta que el presidente, aún declarándose contrario a la especulación con los alimentos, solo se ha atrevido tímidamente a controlar veintidós productos de la canasta básica alimenticia, dejando por fuera muchos productos en los que efectivamente podría estarse dando una significativa especulación. Es así, para dar un ejemplo, que los aceites vegetales, que quedaron fuera de la medida de congelamiento de precios, mostraron en los últimos siete años un incremento de precios de 85.4%.

El enfoque del primer mandatario no alcanza a ver que los efectos de la especulación sobre los bienes básicos no se limitan a los alimentos. Esto es claro si recordamos, nuevamente con fines de ejemplificación, el historial de los precios de los productos médicos y farmacéuticos, los que entre mayo de 2009 y mayo de 2014 se incrementaron en 16.5%.

Lo peor es que las declaraciones del presidente no logran entender, ni siquiera en los estrechos términos de la teoría económica tradicional, las bases objetivas de la intervención pública en la economía, concentrándose exclusivamente en los problemas de la competencia y las estructuras de mercado, mientras deja por fuera elementos tan importantes como lo son las fallas de mercado y sus costosas externalidades. Estas son en muchas ocasiones negativas, como en el caso de la contaminación generada por diversas actividades económicas, dando lugar a costos sociales que superan a los beneficios sociales, haciendo necesaria la intervención pública. El no reconocimiento de esta realidad en la frase bajo análisis coloca al actual gobierno en una visión radical en términos del fundamentalismo de mercado, la cual resulta estar más allá de los planteamientos de Hayek, el reconocido como el indiscutible padre del neoliberalismo, quien en su “Camino a la Servidumbre” reconoció que la desforestación y la contaminación eran casos en los que se tendría que “recurrir a la regulación directa”.

También existen, por cierto, externalidades positivas en las que los beneficios sociales llegan a superar el costo individual. Este es el caso del conocimiento, el cual tiene, tal como lo ha destacado Stiglitz, un cierto carácter de bien público, en el sentido de que siempre puede ser utilizado por otro productor sin ningún costo marginal, a la vez que también tiene efectos de rebalse, en la medida que un conocimiento puede dar lugar a otro, beneficiando a agentes diferentes al que originalmente lo generó. No en vano Isaac Newton dijo que "si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes". 

En estas circunstancias las políticas públicas a favor de una sociedad del conocimiento se hacen inminentes. Es así, por ejemplo, que una política exagerada de propiedad intelectual podría limitar el efecto de generación y difusión del conocimiento, sobre todo si da a lugar a estructuras y rentas monopólicas. Así mismo, el financiamiento público a la investigación en ciencias básicas es fundamental.

Recientemente Stiglitz y Greenwald”, en su reciente libro “Creating a Learning Society” (2014), han demostrado que en ciertas ramas y actividades los procesos de generación y difusión de conocimiento son más intensos. En estas circunstancias, de acuerdo a estos autores, los criterios tradicionales de mercado resultan insuficientes, de manera que las políticas públicas deberían guiarse a dirigir la economía hacia el desarrollo de estas ramas capaces de impulsar lo que ellos entienden como los procesos de “aprender haciendo” y “aprender a aprender”, ya que cualquier ineficiencia estática de asignación generada por la intervención sería más que compasada por la eficiencia dinámica de la mayor productividad. Se trata, además, de una forma de ver el desarrollo que le da un papel central a la educación.

A final de cuentas, nos encontramos nuevamente frente a un gobierno profundamente comprometido con la visión del fundamentalismo de mercado. Del mismo difícilmente se puede esperar algo en términos de las políticas públicas para el desarrollo equitativo y sostenible.
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Educación, estandarización, creatividad y libertad

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Juan Jované, activista social, economista,miembro del MIREN


En su más reciente libro, publicado bajo el título de “Creating a Learning Society” (Columbia, 2014), el polifacético premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, junto a Bruce Greewald, llaman la atención sobre la importancia que tienen los procesos de aprendizaje para el desarrollo económico y social. En este contexto los autores dejan claro la importancia del sistema educativo en diversos aspectos, entre los que se pueden destacar el desarrollo de un entorno cognoscitivo centrado en la idea de que los cambios son posibles e importantes, así como el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, los cuales deberán aprender a aprender.

En Panamá, desgraciadamente, tanto las concepciones del equipo del gobierno saliente, las ideas que parecen guiar a la nueva administración gubernamental, así como la visión de todos los partidos tradicionales, se mantienen ancladas en los conceptos utilitarios y fundamentalistas del enfoque neoliberal. En este plano que prioriza la generación de competencia guiadas a llenar las necesidades de los sectores económicamente dominantes y de acreditaciones formales, carentes de contenido científico real, seguramente aparecerán, tarde o temprano, los llamados exámenes estandarizados, los que supuestamente promueven la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Estos exámenes estandarizados al estilo de las reformas neoliberales resultan ser, sin embargo, instrumentos distorsionados que limitan los verdaderos procesos de aprendizaje para el desarrollo. Es así, en primer lugar, que la experiencia muestra que el tipo de exámenes estandarizados, basados en la escogencia de la mejor respuesta de una batería múltiple, no es capaz de acreditar la presencia de una educación sólida y captar el espectro completo del conocimiento de los estudiantes. Esta es una forma de exámenes que limita la posibilidad que tienen los estudiantes de expresarse y ejercer su creatividad. Más aún, los exámenes estandarizados generan en la práctica una enorme presión sicológica sobre los educadores, los estudiantes y los padres de familia, dando lugar a un pobre ambiente de aprendizaje, cuyo elemento central es el miedo y no, la búsqueda y el descubrimiento. James Evans, autor de un interesante trabajo titulado “Problems With Standardized Testing”, asegura que “la ansiedad se convirtió en un hecho tan serio que en el 2002 los exámenes estatales de California incluían instrucciones a los maestros sobre qué hacer si los estudiantes vomitaban durante la prueba”.

En segundo lugar, tal como ha señalado el National Center of Evaluation, Standards, and Student Testing, los exámenes estandarizados llevan a la práctica de la llamada “enseñanza para el examen”, es decir hacia un esfuerzo que más que asegurar el conocimiento científico y el desarrollo de las capacidades de aprendizaje, apunta al desarrollo de las habilidades de pasar exámenes. Esto conduce a prácticas efectivamente aberrantes como lo ha subrayado Pauline Lipman en un artículo titulado “No Child Left Behind: globalization, privatization and the politics of inequality”, llamando la atención sobre la experiencia de Texas donde las escuelas más pobres gastan prácticamente todo su presupuesto de biblioteca en comprar libros diseñados exclusivamente a preparar a los estudiantes para los exámenes estandarizados. Solo las escuelas con altos presupuestos logran romper con esta barrera. Aquí la creatividad no juega ningún papel, mientras que las materias que no se consideran fundamentales, como son las relacionadas con las artes, ni siquiera hacen parte de los exámenes.

En tercer lugar, se trata de exámenes que por no estar contextualizados a las condiciones socioeconómicas y culturales de los diversos grupos de estudiantes, generan resultados altamente sesgados. Estos tienden a mostrar de manera errónea una supuesta superioridad de la educación privada con respecto a la pública. En este caso se trata de un instrumento guiado hacia la mercantilización y privatización de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Este es un hecho importante teniendo en cuenta que el programa del gobierno entrante se propone entre sus políticas el objetivo de subsidiar a un nivel todavía más alto a la educación privada. No solo en este último sentido se trata de negocios. De hecho los exámenes estandarizados han dado lugar a toda una industria altamente rentable para quienes participan en la misma en diversas actividades, tales como el diseño de los exámenes y su calificación, así como en la de la interpretación de los resultados. Esto, desde luego, limita todavía más los recursos efectivamente disponibles para una efectiva educación de alta calidad.

Nuevamente queda clara la importancia que para los sectores democráticos de la sociedad tiene la defensa de un sistema de educación público, nacional, universal, gratuito y de calidad, que responda al interés del desarrollo humano sostenible. Las diferencias con la política del nuevo gobierno son, entonces, prácticamente inevitables.
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Educación, desarrollo y voto útil

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De acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2010 de la Cepal, los panameños y panameñas, solo para tener una probabilidad inferior al promedio de estar en condiciones de pobreza, necesitan completar 12 años de educación de calidad. Se trata de un umbral crítico, el cual no logra cruzar una buena parte de la población.

Es así, según las estadísticas de este mismo organismo internacional, que el promedio de años de estudios de la población económicamente activa (PEA) de nuestro país en 2012 alcanzó a tan solo 10.6. Esta situación afecta de manera especial a la PEA rural, la que para ese mismo año alcanzó un promedio de escolarización de apenas el 7.3 años. Si, por otra parte, nos enfocamos en las personas de 20 a 24 años que habían completado en 2012 la educación secundaria, encontramos una situación dramática: solo el 59.2% de los mismos habrían logrado dicho nivel educativo.

Nuevamente la situación es especialmente difícil en las aéreas rurales, donde el 36.2% de la población de este rango de edad había completado la educación secundaria. Visto a futuro la situación también parece poco alentadora. De acuerdo con las estadísticas de la Cepal, la tasa de matrícula neta en secundaria fue para el año 2012 de 76.4%, lo que significa que cerca del 23.6% de los jóvenes en edad de estar atendiendo la educación secundaria están fuera del sistema. Se trata de una situación que afecta especialmente a los sectores más pobres, habida cuenta que este indicador se eleva hasta 32.2% para el caso de aquellos jóvenes que provienen de los hogares que constituyen el 20.0% más pobre de la población.

La situación aparece más dramática si se tiene en cuenta que René Quevedo, en un artículo titulado “Empleo Juvenil y Reinserción Laboral”, sostiene que “83% de los jóvenes panameños en los barrios sienten que sus perspectivas laborales no han mejorado” y que “Panamá es el país latinoamericano con la mayor proporción de adolecentes que ve la educación como una pérdida de tiempo”. Frente a esta difícil situación, producto de la inequidad del actual modelo concentrante, excluyente y corrupto, queda claro que el esfuerzo por una educación suficiente, científica, democrática y guiada hacia la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, constituye una prioridad fundamental para nuestro desarrollo humano sostenible.

Es desde esta perspectiva que los planteamientos del llamado Movimiento Nueva República, el cual pretende erigirse como el árbitro último del país, resulta realmente sorprendente. Sus propuestas a nivel de educación se encuentran en el punto trece de su manifiesto, el cual, en primer lugar, llama la atención por el hecho de que el mismo solo llega a proponer la mejora de la educación primaria. Se trata, entonces, de una propuesta claramente insuficiente, en la medida que desatiende los problemas de cobertura y calidad de la educación premedia y media, los cuales, como se ha señalado, son claves para el logro de la justicia social y el desarrollo sostenible del país.

Es evidente que, sobre todo si se tienen en cuenta las disparidades de las oportunidades de educación, las cuales llevan a una efectiva fragmentación de la misma, con una educación para las élites y otra, si es que se da alguna, para los sectores marginados, que en nuestro país se hace imperante fortalecer un sistema que apunte hacia una educación pública, universal, gratuita y de calidad para todos los panameños y panameñas.

Esta necesidad contrasta, sin embargo, con la propuesta de los nuevos republicanos, los que en lugar de plantearse, por ejemplo, el objetivo de universalizar la educación secundaria completa, opta por proponer un esquema destinado a subsidiar a los negocios de la educación privada. Más allá de esto, la propuesta de los nuevos republicanos propone la educación bilingüe, pero desconoce el derecho de los pueblos originarios a mantener su propia lengua y su propia cultura. Desde luego que el Movimiento Nueva República omite un aspecto importante que guarda relación con el desarrollo del sentido de nacionalidad. En efecto, como era de esperarse, la propuesta programática de este movimiento, ni siquiera hace referencia a la lucha por restaurar como parte del pénsum la materia Relaciones de Panamá con los Estados Unidos.

Todo esto nos lleva a insistir nuevamente que el llamado voto útil no es más que una nueva maniobra de los sectores dominantes para reelegir al viejo modelo excluyente, concentrante y corrupto que hoy nos domina. El verdadero camino es el del voto consciente y honesto que busca la equidad social.
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La seguridad alimentaria y el "voto útil" de los mismos de siempre

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Al acercarse el momento cumbre del proceso electoral también se incrementa la actividad política del autodenominado Movimiento Nueva República, constituido por un grupo de personas que en su momento recomendaron votar o fueron parte de los últimos cinco gobiernos que construyeron el actual modelo concentrante, excluyente, corrupto y represivo que hoy sufrimos todos los panameños.

En este sentido resulta extraño que estos ciudadanos prometan, por ejemplo, “garantizar la libertad sindical y estimular el mejoramiento integral de los trabajadores del país”, cuando fue un gobierno PRD el que a sangre y fuego impuso la reforma del Código de Trabajo, golpeando significativamente la posición negociadora de los asalariados.

No menos bizarra resulta su promesa de mejorar los salarios, olvidando que los gobiernos que recomendaron o apoyaron directamente permitieron que la participación de los asalariados en el PIB se redujera del 37.8% en el 2000 a tan solo el 30.3% en 2012, hecho que se dio, pese a un incremento de 98.5% en la productividad del trabajo. Esto significa que quienes ahora dicen preocuparse por el obrero panameño no fueron capaces de la más mínima crítica frente a una política que conllevó a una pérdida anual de $2,673.8 millones para los trabajadores asalariados.

 En el plano del sector agropecuario, con una simplicidad asombrosa, los nuevos republicanos proponen para resolver el problema del alto costo de la vida la creación de un Instituto Nacional de Semillas, el que se encargaría de importar semillas e insumos, actividad que se considera como el “único medio cierto de reducir la canasta básica” (SIC). Obviamente aquí no se habla ni de seguridad y mucho menos de soberanía alimentaria. Algunas reflexiones permiten aclarar esto. Se trata, en primer lugar, de una visión en la que se olvida un hecho que hoy es evidente para cualquier analista de la situación nacional: una de las causas básicas de la inflación de los productos alimentarios es la especulación ejercida por los comerciantes que controlan los canales de comercialización.

Es claro que si bien los nuevos republicanos adversan políticamente al actual gobierno, no están dispuestos a criticar las actividades especulativas de quienes nos gobiernan. En segundo lugar, la propuesta de los nuevos republicanos no dice nada en términos tan importantes para la producción agropecuaria como son dotar de la propiedad de la tierra a los productores, hacer un uso eficiente del agua y promover la irrigación, establecer un sistema de mejoramiento de la tecnología y de extensión agropecuaria, promover la organización de los productores, así como realizar la inversión que asegure la necesaria infraestructura y la prestación de los servicios sociales en las áreas rurales.

En tercer lugar, es evidente que los nuevos republicanos no hacen referencia alguna al hecho de las dificultades que para la seguridad y la soberanía alimentaria significa la puesta en marcha del Tratado de Promoción del Comercio. El impacto de someter al productor panameño a la competencia de productores que son catorce veces más productivos que ellos y que, además, están subsidiados por sus gobiernos no significa nada para los proponentes del “voto útil”.

En cuarto lugar, la propuesta de los nuevos republicanos carece de la necesaria orientación ambiental. En términos de las semillas, la propuesta no solo es antinacional en el sentido de que va orientada a la importación y no hacia la producción nacional, sino que es además antiecológica, en la medida que no pone como condición que las semillas utilizadas no sean transgénicas. Más aún, no se hace ninguna referencia a la importancia que debería tener el desarrollo de las formas de producción sostenida en la agroecología, la cual combina los conocimientos tradicionales, con los que provienen de la ecología y las ciencias agronómicas.

Queda así claro que el llamado “voto útil” de los nuevos republicanos, lejos de constituirse como una real alternativa para resolver los importantes temas relacionados con la seguridad y la soberanía alimentaria, resulta ser un mecanismo diseñado para mantener el esquema de desarrollo, el cual concentra los frutos del esfuerzo nacional en unas pocas manos. El problema que en realidad parece motivarlos es la lucha intestina de los sectores dominantes en torno a qué fracción se queda con el poder del Estado y así monopolizarlo, como siempre.

En estas circunstancias, el verdadero voto del ciudadano consciente que centra su utilidad en la búsqueda de la transformación social que promueve el bien común no puede alinearse con la propuesta de los nuevos republicanos. El mismo debe dirigirse hacia la visión Independiente de Verdad que abre el camino hacia un Panamá democrático, Derechos Humanos para todos y todas, con justicia social y sostenibilidad ambiental.
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Los nuevos republicanos y la reelección disfrazada

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De acuerdo a quienes se denominan Movimiento Nueva República su posición está guiada a evitar una reelección disfrazada y maligna. En este aspecto algunos de sus miembros parecen olvidar cual fue su actuación en el pasado. Es importante, entonces, recordarles a estos nuevos republicanos algunos elementos de nuestra reciente historia política.

En su momento muchos de ellos respaldaron y participaron en el gobierno que puso en práctica el llamado “Plan Ford”(1990) , diseñado para hacer avanzar el modelo neoliberal que hoy afecta el país. Concretamente en este programa se planteó, por ejemplo, que era pertinente “eliminar todas las intervenciones en el Sistema de Precios”, por lo que hoy no tienen ninguna credibilidad cuando se presentan como defensores de los intereses de los consumidores. Además, fue en la aplicación de este plan, siendo ministro de hacienda un connotado miembro del grupo de los nuevos republicanos, cuando se dio la primera reforma fiscal destinada a reducir las tasas impositivas de los más ricos, limitando los recursos públicos para la educación, la salud y la alimentación. Luego de esto, también varios de los nuevos republicanos apoyaron el gobierno que puso en marcha el “Plan Chapman”(gobierno PRD de Pérez Balladares, 1994), cuyo resultado fue nefasto para la población.

Algunos ejemplos así lo atestiguan: privatización de las empresas públicas, reforma del Código de Trabajo, intento de privatizar el IDAAN y violación de la autonomía universitaria. En su momento, por tanto, los nuevos republicanos participaron en una reelección disfrazada y maligna. En el gobierno arnulfista nuevamente reaparecían varios de los nuevos republicanos. En el mismo, sin que estos realizaran la menor crítica, se mantuvo la política neoliberal, se realizó otra reforma fiscal para favorecer a los sectores de más altos ingresos, se inicio la negociación del TPC con E.U., en contra de los intereses de los productores del campo y se engañó y reprimió violentamente a la población de Changuinola.

En defensa de sus intereses los nuevos republicanos fueron, nuevamente, parte de una reelección disfrazada y maligna de las políticas neoliberales. Siguió, nuevamente con el aval de una buena parte de los nuevos republicanos, el gobierno de Torrijos el pequeño, el cual no solo significó la continuación de la política neoliberal sino su profundización. Nuevamente represión en Changuinola, más impuestos para los sectores medios y pobres del país, percepción de corrupción, inicio de la militarización del país y destrucción acelerada del medio ambiente. Desde esta perspectiva es evidente que los nuevos republicanos se sintieron cómodos y satisfechos con la reelección disfrazada y maligna de las políticas neoliberales.

Frente al actual gobierno, vale la pena recordar, que el más destacado miembro e ideólogo del grupo de los nuevos republicanos no solo avaló, sino que recomendó que se votara por el actual mandatario del país. Nuevamente se involucraron, por consiguiente, en la reelección disfrazada y maligna de las políticas neoliberales. Desgraciadamente este mismo grupo de personas nos trata de convencer hoy que para evitar la reelección disfrazada y maligna debemos conformarnos con escoger a alguno de los dos candidatos de la oposición tradicional, ambos de los cuales representan la continuidad de las políticas neoliberales que han venido perjudicando a la población panameña.

Es evidente que la propuesta del llamado Movimiento Nueva República no es otra cosa que la forma más sutil de proponer la reelección de una política que no ha podido resolver los problemas del país. La población consciente, demócrata y patriótica entiende que es en el Programa Independiente de Refundación Nacional, propuesto por la única real posición independiente del país donde se encuentran el camino para superar la situación de postración que vive la nación y el pueblo panameño. Digámosle no a quienes plantean la reelección directa, indirecta o velada de los políticos tradicionales y su posición antinacional.

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El inútil voto útil

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Juan Jované, candidato presidencial por la libre 


Desde hace algún tiempo, un grupo de personalidades vinculadas con la parte de los sectores económicamente dominantes, que en estos momentos se siente marginada del poder político, han venido planeando, cada vez con mayor insistencia, que la ciudadanía ejerza lo que ellos llaman el voto útil. Este se entiende como un voto dirigido a afianzar la posibilidad de triunfo de uno de los dos partidos tradicionales que compiten por el poder político con el actual partido gobernante, el que también tiene un profundo carácter oligárquico y antipopular.

Para entender mejor esta propuesta, se puede empezar recordando que utilidad se refiere, de acuerdo con la Real Academia Española, a la calidad de útil, por lo que utilidad significa el “provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca con algo”. Dado que los suplicantes del voto útil proponen votar concertadamente por uno de los partidos tradicionales, inmediatamente aparece una pregunta: ¿Quién saca fruto de esto?

Para este fin se debe recordar que el actual modelo de relaciones sociales inequitativas que hoy sufre nuestro país es el resultado de la acción no solo del partido de gobierno, sino que también de las políticas gubernamentales del PRD, Partido Panameñista y del Partido Popular. Algunos ejemplos ilustran esta situación.++

En primer lugar, mientras el PRD dice estar preocupado por el sector agropecuario, lo cierto es que fue ese mismo partido el que, además de liquidar la institucionalidad que protegía al consumidor, aprobó un plan en el que se desprotegió al productor nacional, argumentando que “el establecimiento de los precios debe quedar en manos de la oferta y la demanda, dentro de un mercado libre con un arancel de importación bajo y uniforme, con reglas claras que permitan la libre concurrencia de todas la fuerzas, sin que existan restricciones de entrada”. Además, este partido, en una posición abiertamente demagógica, promete comprarle toda la producción a los productores nacionales, olvidando que ellos negociaron y firmaron el TPC con Estado Unidos, el que en su artículo 9.2 señala que en relación a las contrataciones públicas “…, cada parte concederá a las mercancías y servicios de la otra parte y a los proveedores de la otra parte oferentes de tales mercancías y servicios, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado por dicha parte o entidad contratante a sus propias mercancías, servicios y proveedores”.

Por lo que respecta al Partido Panameñista, el mismo también pareciera sufrir del síndrome de la memoria corta. En efecto, si bien es cierto que este ente político hoy intenta mostrar una preocupación por el alto costo de vida, lo cierto es que mientras se mantuvieron de manera activa en el actual gobierno, el costo de los alimentos se incrementó, sin que fuera un motivo de crítica para ellos, en aproximadamente 9.3%. Además, su novel preocupación por la democracia y contra la protección de los derechos humanos contrasta con el hecho de que los mismos hacían parte del gobierno cuando se dio la cruenta y brutal represión en Changuinola.

Lo que se oculta tras la idea del “voto útil” es el hecho de que el actual modelo neoliberal que domina en el país, construido y sostenido por la acción de todos los partidos tradicionales, es un modelo basado en la desposesión de la población y el despojo de la población, en la utilización del gobierno como mecanismo de un enriquecimiento sostenido en la corrupción, así como la necesaria represión de quienes protestan contra el mismo. El “voto útil” no es más que un instrumento ideológico de la competencia entre las diversas fracciones de los sectores económicamente dominantes del país, con el fin de asegurarse el manejo del Estado como palanca de acumulación privada de capital. Se trata de un voto que no resulta ni de provecho o conveniente para las grandes mayorías del país, las cuales no obtendrán ningún fruto positivo del mismo. Nos encontramos, entonces, frente a una propuesta que busca que la próxima contienda electoral se reduzca, como en los mejores tiempos del bipartidismo, a la escogencia de la facción de la oligarquía que manejará en su propio provecho la cosa pública.

El verdadero voto efectivo para la población es aquel que ponga en marcha un verdadero proyecto popular, nacional y democrático, centrado en la justicia social y la promoción de la sostenibilidad ambiental. La opción verdaderamente independiente es la que alejada de los partidos políticos busca consistentemente crear las condiciones de conciencia y organización necesarias para avanzar en este proceso.


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Acción ciudadana está dando frutos en la lucha, continuemos reforzándola

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MIREN Informa:


Tras la presión ciudadana del día miércoles convocada sobre el edificio principal del Tribunal Electoral, el pleno de los Magistrados del Tribunal Electoral en sala de acuerdos, emitió el boletín 3530 del 22 de enero de 2014, suspendiendo el acto de sorteo de casillas de los candidatos independientes.

A partir de ayer, tienen 72 horas, según señala la ley, para emitir la resolución de aceptación del Candidato independiente a la presidencia, el profesor Juan Jované, y de otros candidatos independientes de otros puestos de elección como el compañero Felipe Cabeza, candidato a alcalde Colón, quién también ha sufrido toda clase de ilegalidades.

NO NOS CONFIAMOS EN LA VOLUNTAD DEL TE, hay que estar alerta y reforzar la acción ciudadana para que no salgan con otro cuento chino en defensa de la Partidocracia y bloquear la candidatura de los ‪#‎IndependientesDeVerdad‬

ESTAMOS EN ALERTA COMPAÑERO, ESTE VIERNES 24 a las 2 p.m. TODOS AL TRIBUNAL ELECTORAL, EDIFICIO CENTRAL,CERCA DEL MERCADO DE ABASTO, iremos a buscar la certificación que acredita al profesor Jované como candidato independiente. MÁS ACCIÓN CIUDADANA CONTRA EL FRAUDE. 

Compañer@s músicos, artistas, en general, lleva tus instrumentos y pailas, todo lo que pueda hacer sentir el mensaje del pueblo a la Partidocracia corrupta y autócrata.

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Por qué Gerardo Solis Renunció a Candidato Presidencial Independiente

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Cronología de un Fraude Electoral

En el presente artículo hacemos un resumen de los hechos de la lucha contra el bloqueo del Tribunal Electoral-PRD contra el voto de los independientes de verdad para comprender porqué Gerardo Solis renunció, y cómo la presión ciudadana y las violaciones a la ley del mismo Tribunal Electoral, y las contradicciones internas de la propia Partidocracia, están enterrando sus tácticas sucias contra la lucha por la verdadera Democracia.

7 de enero 
Juan Jované presentó una advertencia de inconstitucionalidad alegando que la ley que se aplicaría para escoger tan sólo a tres candidatos que completen las firmas requeridas era inconstitucional. Con esto Jované buscaba permitir la participación de todos los candidatos que lograron recoger las firmas solicitadas.
Esta advertencia debió ser trasladada a la Corte Suprema para que sus magistrados definieran si la ley era o no inconstitucional, el Tribunal Electoral no lo hizo.

9 de enero 
Osman Valdés, Director Nacional de Organización Electoral, rechazó la advertencia de inconstitucionalidad señalando que Jované tenía 5 días hábiles para apelar. Por lo que Jované impugnó las candidaturas hasta que no se analizara la cantidad de firmas presentadas, originales de las mismas, cantidad de activistas y todo lo necesario para verificar que la recolección de firmas se había realizado según la ley.

10 de enero 
El Tribunal Electoral certifica que Juan Jované ha cumplido con todos los requisitos necesarios para ser candidato por libre postulación a Presidente de la República y  a pesar de la impugnación, el Tribunal Electoral oficializa las candidaturas de Rodríguez, Barroso y Solís.

12 de enero 
Gerardo Solís aceptó públicamente, en Directorio Nacional del PRD, ser Vicepresidente del candidato presidencial de Juan Carlos Navarro.

13 de enero 
Juan Jované solicita formalmente al Tribunal Electoral que se declare oficialmente la renuncia de Gerardo Solís por aceptar ser Vicepresidente del PRD y como consecuencia le permita a Jované ser candidato presidencial por la libre postulación.

18 de enero 
Gerardo Solís, mantenía su posición de no renunciar a su candidatura presidencial por la libre postulación y  dijo a TVN Noticias que “no hay necesidad de renunciar a una candidatura independiente porque al haberse postulado como compañero de fórmula del candidato presidencial perredista, Juan Carlos Navarro, esto nunca queda en firme”

20 de enero 
El Tribunal Electoral responde a la solicitud de Jované indicando que solamente se permitirá que él sea candidato presidencial cuando uno de los tres candidatos (Rodríguez, Barroso y/o Gerardo) renuncia expresamente, alegando que no encuentran norma legal que hable sobre la “renuncia tácita”.

Tras la respuesta del TE, el Movimiento Independiente de Refundación Nacional da a conocer una carta de respuesta dirigida a Magistrados del TE(ver aquí), que hacemos llegar al amplio espectro de organizaciones de todo tipo en el país.

21 de enero
En horas de la mañana, tras una llamada del candidato presidencial, Juan Carlos Navarro al profesor Juan Jované, el señor Gerardo Solis aparece en los medios de comunicación haciendo renuncia expresa de su candidatura presidencial independiente. 

Equipo de abogados del Profesor Juan Jované se informa que el TE no dará respuesta inmediata al hecho de evidente renuncia de Solis, sobre la candidatura del profesor Jované, dilatando así la cuestión. De manera que aún el profesor Jované no es candidato presidencial independiente.

En horas de la tarde este 21 de enero, damos conferencia de prensa donde expresamos nuestra posición sobre los acontecimientos: (ver video)




Luego de narrar los hechos aclaremos conceptos y analicemos

*Renuncia tácita:  Cuando perteneces a un partido político y firmas para apoyar la postulación de un candidato independiente, de manera tácita renuncias al partido, es decir no necesitas hacer una declaración expresa/formal de tu renuncia.

Así pasó con Solís cuando decide ser Vicepresidente de Navarro.
Por otra parte, es cierto lo que indica el Tribunal Electoral, no existe norma legal que hable sobre la renuncia tácita. Siga leyendo y le explicamos con calma.

*Pérdida del Carácter de Postulado
El reglamento de elecciones contempla la renuncia al carácter de postulado sin mencionar que debe ser expresa o tácita, por lo tanto, ambas formas de renuncia son permitidas.

*Candidato principal y suplente
 En el mismo reglamento se señala que ningún candidato podrá aparecer en la papeleta como principal y suplente a la vez.
Presidente: es un candidato principal
Vicepresidente: es un candidato suplente
Gerardo Solís pretendía aparecer con ambos cargos en la papeleta.

*Nómina presidencial 
Todos los candidatos deben contar con un Vicepresidente y así consolidan su nómina. Gerardo Solís anunciaba en los medios que su candidatura presidencial por la libre postulación no quedaba en firme, cosa que era cierta, porque el 10 de enero cuando debía entregar las firmas requeridas y presentar su nómina presidencial, no lo hizo.

*Independiente junto al PRD 
Sabemos que Gerardo Solís hizo pública su alianza como Vicepresidente de Juan Carlos Navarro, pero el reglamento de elecciones nos señala que para que esto sea posible deben cumplir con tres puntos,  primero la candidatura independiente debe estar en firme (cumplir con las firmas y tener nómina presidencial), segundo debe ser aprobada por el partido político y se debe efectuar  un Acuerdo de Alianza.

De lo anterior sólo se ha cumplido con el segundo punto (la alianza fue aprobada por el PRD). Aquí hay una clara violación al reglamento de elecciones.
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